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Es necesario llevar la sentencia de la Amazonía la práctica

Sandra Jaramillo
Sandra Jaramillo
Experta Ambiental en la Región Amazónica. Colaboradora de la PID y Sinfonía Trópico
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09 de Julio de 2019

<p dir="ltr">La creciente, y aparentemente imparable, deforestación en la Amazonia colombiana, motivó a la Corte Suprema de Justicia a <a href="http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-... la decisión</a> de declarar la Amazonia como sujeto de derechos.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Con esta sentencia, la Corte Suprema responde a la tutela presentada por Dejusticia en representación de un grupo de 25 niños que se sienten afectados por la deforestación en esta región. Con ella ordena a las autoridades nacionales y regionales que adopten “…un plan para proteger la Amazonia colombiana…”. ¿Será un caso más de aquellas leyes con buena intención, pero nula implementación?</p>

<p><a href="https://lasillavacia.com/lio-deforestacion" target="_blank"><img src="https://archivo.lasillavacia.com/archivos/especiales/deforestacion/banne... style="margin: auto;" /></a></p>

<p><strong>¿Cómo ha funcionado esto en otros países?</strong><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="ltr">A nivel internacional existen algunos ejemplos sobre la generación de legislación ambiental donde&nbsp;la naturaleza se convierte en sujeto de derechos.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En Nueva Zelanda al río Whanganui se le dio el estatus de persona jurídica luego de un litigio de más de 160 años, liderado por la tribu Whanganui del pueblo Maorí, quienes consideran ese río como su antepasado.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En la ley, aprobada por el Parlamento en 2017, se le delegó a un representante del Estado y a un delegado de la tribu Whanganui para que representen al río en cualquier caso jurídico. También en Nueva Zelanda, en 2013, se le concedió el estatus de persona jurídica al Parque Nacional Te Urewera, en un acuerdo con los Tuhoe, otro grupo Maorí.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Se trata de un abordaje innovador y diferente de la ley, pues la naturaleza deja de ser considerada como sujeto de propiedad y manejo, para ser considerada como una persona jurídica y un sujeto de derechos, con su debida representación.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En Latinoamérica, los casos de Bolivia y Ecuador son también interesantes, pues se trata de dos países que llevaron a cabo un proceso de actualización en sus constituciones nacionales, y así introdujeron importantes cambios de enfoque, reconociendo los derechos de la naturaleza y del medio ambiente.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Bolivia incorporó de manera directa en la Constitución Nacional que las “… personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado…” (art.33), además de establecer como uno de los principios, valores y fines del Estado la “… conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras...” (art. 7).&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Sin embargo, plantea de manera directa que el Estado es también el responsable de la “industrialización” de los recursos naturales, continuando con la base conceptual de la relación desarrollo-crecimiento económico, bajo un enfoque de desarrollo convencional.</p>

<p dir="ltr">El caso de Ecuador tal vez sea más innovador en materia de jurisprudencia ambiental. En este caso se le da a la Naturaleza el estatus de “sujeto de derechos” y cambia el enfoque más hacia el biocentrismo, un abordaje teórico cuyo paradigma es que todo gira alrededor de la vida y que la comprensión de la vida en sí misma permite ampliar el conocimiento sobre la naturaleza.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Este caso creo un precedente inédito incluyendo una sección específica para “los derechos de la naturaleza” y otra para el derecho al “Buen Vivir”, con lo que continúa el giro hacia un concepto de desarrollo sostenible.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Si bien estos dos casos en Bolivia y Ecuador son interesantes a la luz del análisis actual, es importante tener en cuenta que la posibilidad de implementar nuevos enfoques (especialmente en Ecuador) está directamente ligada con la corriente política que esté gobernando el país, pues se trata de una apuesta que se relaciona con el modelo de desarrollo que se quiera seguir, incidiendo directamente en las decisiones de carácter económico y político que se tomen.</p>

<p dir="ltr">Aunque en Colombia existen algunos escenarios en los que se discuten decisiones que afectan el desarrollo del país, no hay realmente una conversación de carácter nacional e incluyente sobre el modelo de desarrollo que se tiene, el que se quiere y el que se requiere.</p>

<p dir="ltr">Esto se convierte en una de las razones para que en Colombia no se haya dado el paso de generar una legislación más innovadora y arriesgada en materia ambiental, donde los recursos naturales sean el eje. Apenas ahora se empieza a dar la discusión, gracias a las dos primeras designaciones como “Sujetos de derecho” a entidades no humanas: el río Atrato (en el 2016) y la Amazonia colombiana (en el 2018).</p>

<p dir="ltr">&nbsp;</p>

<p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /><b id="docs-internal-guid-b9d12853-7fff-291e-ddc5-51c60a18fd9f">El caso de Colombia</b></p>

<p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="ltr">En noviembre de 2016 la Corte Constitucional declaró el río Atrato como “sujeto de derechos”, con la intención de “…descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región…”.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Sin embargo, a septiembre del año siguiente apenas se podían ver algunos avances en la creación de comités, así como de la delegación del Ministro de Ambiente como representante legal institucional de los derechos del río y el nombramiento, por parte de las comunidades, de 14 “Guardianes del Atrato”. El plazo para crear un plan de acción ya ha finalizado y ese plan aún no es claro.</p>

<p dir="ltr">Lo interesante de este caso fue el hecho de observar al río como una entidad viviente, alrededor de la cual se desarrollan culturas humanas, de tal forma que garantizar los derechos al río es también garantizar los derechos a esas comunidades.</p>

<p dir="ltr">Adicionalmente, en esa sentencia la Corte Constitucional reconoció derechos bioculturales del Atrato, abriendo así las puertas para que las comunidades puedan administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios y los recursos naturales y minerales que se encuentran en esta región.</p>

<p dir="ltr">Siguiendo esta línea, el caso de la Sentencia para la “…conservación de la Amazonia colombiana…” es emblemático, pues se trata de un territorio que, aunque tiene varias figuras de protección establecidas, como la Ley 2 de 1968 y 12 Parques Nacionales, entre otras, el “administrador” del territorio es el mismo “sujeto” al que se le requiere en la nueva Sentencia: El Estado Colombiano a través del Ministerio de Ambiente.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En este sentido, la sentencia puede convertirse en una herramienta más para sincronizar esfuerzos y acciones específicas, que lleven a redefinir las terribles tendencias de pérdida de biodiversidad en esta región del país.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Ahora bien, en este fallo judicial -como en el del río Atrato- hay una particularidad: el orden jurídico en el que se ampara; constitucionalmente no hay bases directas para amarrar los derechos de los ecosistemas, o del agua, o de la tierra, o de la naturaleza en general.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Se resuelve dar el carácter de “sujeto de derechos” a una entidad no humana, porque su vulneración (o conservación) implica de manera directa derechos fundamentales de las personas (o demandantes, como el caso de la Amazonia colombiana):&nbsp; “Sin un ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en general no podemos sobrevivir, ni mucho menos resguardar esos derechos, para nuestros hijos ni para las generaciones venideras”, dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 5 de abril.</p>

<p dir="ltr">A todas luces, esta posición rompe paradigmas en el país frente a la responsabilidad de la conservación de la biodiversidad y abre una ventana de oportunidad, desde el marco jurídico, para encaminar la reflexión sobre las bases del modelo de desarrollo que tiene el país, los intereses colectivos y la ausencia de acuerdos nacionales reales sobre los temas fundamentales.</p>

<p dir="ltr">Por otro lado, la CSJ conceptúa que la base del problema de “reducción progresiva de la cobertura forestal” en esta región (y sus efectos en términos de cambio climático y de afectación a los derechos de las generaciones futuras) tiene la raíz en seis aspectos fundamentalmente:</p>

<p dir="ltr"><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="ltr">1. El acaparamiento ilegal de tierras (entre el 60 y 65 por ciento); 2. Los cultivos de uso ilícito (entre el 20 y el 22 por ciento); 3. la extracción ilegal de minerales (entre el 7 y el 8 por ciento; 4. Los cultivos agroindustriales; 5. Las obras de infraestructura; y 6. La extracción punible de madera.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Esto pone en evidencia elementos fundamentales sobre el fenómeno de la deforestación en el país, pero especialmente en la Amazonia, pues pone el foco en un punto real: el ACAPARAMIENTO ILEGAL DE TIERRAS.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Por otro lado, deja planteado que ha sido también la incapacidad del Estado y de sus organismos de control, vigilancia y protección, los que han permitido que este fenómeno llegue cifras extremas como la de 2017, año en que se deforestaron 145.000 Ha, y se estima que el año 2018 se superó de lejos esa cifra, superando las 200.000 Ha.</p>

<p dir="ltr">Se esperaba que el IDEAN hubiera presentado los datos consolidados de la deforestación en el 2018 a finales de abril de 2019, pero a mayo aún no se ha publicado nada y el último reporte emitido sigue siendo el Boletín 17 de las Alertas de Deforestación del último trimestre de 2018.</p>

<p dir="ltr">Frente a esta realidad, la CSJ ordena una serie de acciones concretas a ser realizadas por el Gobierno Nacional (en cabeza del Presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y toda la estructura ambiental del país recogida en el Sistema Nacional Ambiental -SINA), con la participación de la sociedad civil (representada por quienes interpusieron la tutela, las comunidades afectadas y quienes estén interesados).&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Entre las principales acciones están:</p>

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<p dir="ltr">Plan de acción contra la deforestación.</p>
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<p dir="ltr">Formulación del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano –PIVAC–.</p>
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<li dir="ltr">
<p dir="ltr">Actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial de los departamentos de la Amazonia, donde se incluyan planes contra la deforestación.</p>
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<p dir="ltr">Plan de acción de Cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales con incidencia en la región.</p>
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<li dir="ltr">
<p dir="ltr">Todos los organismos que tienen relación directa con la problemática en cuestión, deben incrementar sus acciones tendientes a mitigar la deforestación, de manera inmediata.&nbsp;&nbsp;</p>
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<p dir="ltr">Si bien se trata de medidas que tienen sentido a la luz del alcance jurídico, su utilidad en términos prácticos sobre la problemática en cuestión y sus causas no es tan evidente.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Por una parte, se promueve la creación de más burocracia que requiere recursos (humanos y monetarios), que generalmente no están disponibles o, al menos no están priorizados para el problema que se pretende resolver.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Por otra parte, no atiende de manera concreta las causas identificadas, como el acaparamiento de tierras. Finalmente, tampoco insta a generar metas o indicadores concretos a los que pueda hacérsele seguimiento, en términos de frenar la deforestación.</p>

<p dir="ltr">En este caso particular, al revisar las acciones que se han adelantado luego de un poco más de un año de emitida la Sentencia, los avances que hay para mostrar no parecen muchos, o al menos no parecen nuevas acciones que en la práctica logren cambiar la tendencia en la pérdida de bosque en la Amazonia.&nbsp; A continuación se mencionan algunos de los avances, solicitudes y propuestas que se han reportado desde los diferentes organismos implicados en la sentencia:&nbsp;</p>

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<p dir="ltr">Desde la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación -CICOD- se creó una mesa técnica de trabajo para realizar seguimiento a la sentencia.</p>
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<p dir="ltr">Desde la CICOD se solicitó a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Dirección Nacional de Sustitución y el SINA, que armonizaran y promovieran acciones interinstitucionales alrededor del control de la deforestación en los instrumentos que cada uno de ellos implementa en los territorios: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET´s), los Acuerdos de Sustitución de Cultivos Ilícitos y los Acuerdos de Conservación y No Deforestación, respectivamente.&nbsp;</p>
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<p dir="ltr">Se propuso la formulación de otro CONPES de Control a la Deforestación, pero en la búsqueda no se encontró ninguna actualización o avance en esta propuesta, más allá de haber incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Artículo 10) la creación del Consejo Nacional para el Control y Vigilancia Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales Asociados-CONALDEF.&nbsp;</p>
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<p dir="ltr">Se planteó la necesidad de incidir con el PIVAC en el nuevo plan de desarrollo 2018-2022. Sin embargo, al revisar el Plan Nacional de Desarrollo -aprobado recientemente-&nbsp; se puede observar que aunque hay un artículo específico sobre Conservación de Bosques de la Amazonia (Artículo 84), básicamente plantea tomar el 15% del rubro “Colombia en Paz” (que cuenta con los recursos provenientes del impuesto al carbón!), para la “conservación del bosque en la Amazonia”, sin profundizar mucho más, ni mencionar el PIVAC como instrumento para priorizar o definir prioridades en ese sentido.&nbsp;</p>
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<p dir="ltr">En el marco de la Estrategia Integral para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques se destaca la ejecución de 10 proyectos del Pilar Indígena de Visión Amazonia, por un total de 6.000 millones de pesos, beneficiando a 5.100 familias indígenas. Figuran además la conformación y fortalecimiento de las Mesas Departamentales Forestales en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas; la expedición de la Resolución 261 de 2018 para el Cierre de Frontera Agrícola; la implementación de 8 proyectos productivos sostenibles con 992 familias en 98,531 hectáreas planificadas y 32.762 hectáreas bajo acuerdos de conservación.</p>
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<p dir="ltr">Se suscribieron acuerdos entre el SINA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Posconflicto para la reducción de la deforestación.</p>
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<p dir="ltr">Se dio la ampliación de Chiribiquete y la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora de La Lindosa, aunque esto fue previo a la Sentencia, pero se plantea desde los órganos respectivos, como un avance frente al cumplimiento de la Sentencia.</p>
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<p dir="ltr">Se habla de la implementación de directrices ambientales en vías terciarias y la suspensión del proyecto Marginal de la Selva.</p>
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<p dir="ltr">En términos generales, es más de lo mismo: comités, CONPES, articulación institucional, avance en ejecución de proyectos que ya iban andando, pero de acciones novedosas, concretas, que realmente impacten la problemática, con sus causas y sus efectos, nada.&nbsp; A más de un año de emitida la sentencia, y con tanto pasando en la agenda política del día a día, vuelve y cae este tema en el costal de los pendientes, mientras se sigue perdiendo nuestra amazonia.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Tal vez la reciente directiva emitida por la Procuraduría (la 004 de abril de 2019) sea más efectiva en términos de implementar acciones concretas (el no acatamiento puede tener efectos disciplinarios o jurídicos concretos, según el seguimiento que haga la Procuraduría), en términos de poner el foco en los motores concretos de deforestación, y en términos de poner en evidencia la (i)rresponsabilidad de cada actor institucional en esta problemática.&nbsp;&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Esta directiva insta al Presidente de la República -y a 30 entidades gubernamentales más- para que formule e implemente una política de estado en la Amazonia para la ejecución de acciones concretas que “salvaguarden los ecosistemas”.</p>

<p dir="ltr">Finalmente, más allá del efecto concreto que la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia pueda tener en la protección de la Amazonia, lo más importante es que reconoce jurídicamente al Estado como directamente responsable, lo cual supone oportunidades para que la sociedad civil organizada, preocupada e informada cuente con un mecanismo jurídico del cual apalancarse para exigirle resultados a los responsables.&nbsp; Por ahora el llamado es a estar informando de los avances y las problemáticas, así como de las acciones que desde el Estado se emprendan, para hacer un control social y político eficiente.</p>

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