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Regulemos la protesta, pero a lo bien

Carolina Botero
Carolina Botero
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20 de Diciembre de 2019

<p>La protesta social debe regularse, pero no con la intención de controlar, desincentivar o evitar que suceda. Esta aproximación solo conseguirá que sea una norma resistida, además de que iría en contra de la constitución y los tratados internacionales suscritos por Colombia. La forma de regular la protesta debe dirigirse a garantizarla, indicando con precisión las facultades de las autoridades que tienen como fin proteger a las personas y evitar abusos, describiendo además los controles y los mecanismos para hacer seguimiento.&nbsp;</p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="ltr">El senador conservador, Juan Diego Gómez, radicó una propuesta de regulación de la protesta social que deberá ser tramitado en el Congreso en 2020. El texto de la propuesta materializa un deseo que ya el exministro Guillermo Botero había anunciado incluso antes de que iniciara este Gobierno. El tono del proyecto anticipa su descalabro constitucional justo cuando la Relatoría para la Libertad de Expresión (Rele) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha publicado su informe temático sobre <a href="http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/Protesta%20y%20DDHH%20Fina...“Protesta y Derechos Humanos”</a>, que debería ser el norte de cualquier regulación en este sentido.</p>

<p>La inconstitucionalidad es el destino de ideas como que los grupos organizadores de la protesta deban adquirir pólizas de seguros, restringiendo el derecho para quienes no tengan esa capacidad económica que equivaldría, además, a pedir permiso. Esto va en contravía de los estándares internacionales.</p>

<p>Tampoco es válida la restricción que establece que la manifestación no podrá acercarse a 500 metros de un hospital, centro de salud, aeropuerto o bienes considerados de patrimonio cultural. Es decir, que establece que no se puede protestar en zonas urbanas, sino en potreros aislados, cuyo efecto práctico es evitar que quienes quieren manifestarse elijan el lugar de la protesta. Algo similar sucede con la clara animadversión del autor del proyecto de ley contra poblaciones a las que decide castigar en forma ejemplarizante como a estudiantes beneficiarios de créditos del Icetex -sesgo además clasista-.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En la misma línea se encuentra un proyecto de ley del Representante Víctor Manuel Ortíz Joya, del partido liberal, que crearía el delito de vandalismo castigando por ejemplo, a quienes atenten contra bienes públicos o privados, se le olvida que el <em>graffiti</em> está protegido por la libertad de expresión. Pero, me concentraré en la propuesta de Gómez, para quien la protesta es un derecho fundamental&nbsp;pero solo para unas cuantas personas.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<p dir="ltr"><strong>El caso del anonimato</strong></p>

<p dir="ltr">Entre muchas otras prohibiciones del proyecto, llama la atención especialmente la prohibición de capuchas. Esta limitación desconoce la protección que tiene el anonimato como elemento esencial del ejercicio a la libertad de expresión a través de la privacidad.</p>

<p dir="ltr">Restringir el anonimato es una facultad que está limitada, solo puede hacerse justificando con mucho detalle su necesidad y proporcionalidad en los términos de la ley, y en casos concretos mediante la intervención de un tribunal que lo avale.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Durante las recientes protestas en Hong Kong, la norma que prohibió las máscaras fue evaluada y rechazada por un tribunal con argumentos de inconstitucionalidad. No importa lo molesta que pueda ser una protesta, la gente tiene derecho al anonimato. Sin ese anonimato en ese país, la gente no podría protestar porque el uso extremo de las cámaras de reconocimiento facial imposibilitaría esa protesta.</p>

<p dir="ltr">Pero, además, tiene efectos más sutiles como lo que <a href="https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/12/04/policia-impidio-joven-u... pasó en Bogotá a un señor</a> que iba en un Transmilenio un día en que también sucedían protestas. A este señor la policía le exigió quitarse una máscara que usaba por un tema de salud. Debió hacerlo hasta que consiguió probar que la necesitaba por motivos médicos.</p>

<p dir="ltr">Si la autoridad tira gases lacrimógenos contra las personas en una manifestación, ¿será que cubrirse la cara para mitigar sus efectos va a ser castigado? ¿Van a prohibir las manifestaciones culturales que acompañan las protestas, y suelen incluir personajes y disfraces? No hay que olvidar que las denuncias frecuentemente se hacen también a través del arte.&nbsp;</p>

<p>La Rele fue clara en su reciente informe al indicar que “(en la región) es muy común la utilización de bandanas, máscaras, capuchas, gorras, mochilas y otros tipos de vestimenta y accesorios en las manifestaciones públicas. Estos elementos no pueden considerarse señales&nbsp; suficientes de amenaza de uso de la violencia, ni ser usados como causales de dispersión, detención o represión de manifestantes”.&nbsp;</p>

<p><strong>Lo que sí debemos regular: la tecnología que se usa en las protestas</strong></p>

<p>Las autoridades que deben hacer frente a las protestas han integrado y acudido a nuevas opciones tecnológicas sin que esto se haya reflejado en la regulación y por tanto no son garantes son más bien tecnologías de control, vigilancia y disuasión. Sí, regular la protesta es importante si es para garantizar, definir y limitar las facultades de las autoridades y establecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar abusos y, de presentarse, poder investigarlos.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Las siguientes son algunos temas que debería abordar una propuesta de regulación para la protesta social.</p>

<p dir="ltr">1. En una protesta no se puede usar cualquier arma ni de cualquier manera. Tampoco debería ser el caso para las herramientas tecnológicas.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">El Esmad&nbsp;no puede usar cualquier herramienta o arma para reprimir o vigilar una protesta, se lo prohíbe la ley. Por eso no usan armas de fuego, si no las “menos letales” y solo las que legalmente se autoricen. La claridad con la que entendemos esto hoy se debe especialmente a la discusión de las últimas semanas sobre las armas menos letales en manos del Esmad, que le han significado la muerte a más de 30 personas durante los 20 años de existencia de esta institución, incluído recientemente Dilan Cruz, y lesiones para miles más como Duván Villegas.</p>

<p dir="ltr">A pesar de esta discusión, sin ningún estudio ni evidencia sobre su uso, el senador Gómez propone autorizar al Esmad&nbsp;a usar armas de electrochoque cuando lo que debería evitar es el uso de los <em>bean bag</em>&nbsp;y abrir la discusión sobre las herramientas tecnológicas que ya tienen para las protestas. Me refiero a herramientas como las cámaras de reconocimiento facial, los drones o las antenas falsas (como la telefonía celular funciona conectándose a la antena cercana de mayor potencia, estas antenas simulan ser una de telefonía celular y engañan a los celulares en determinado radio de cercanía, los celulares se conectan a ellas y así se puede identificar los celulares que están en ese lugar e incluso enviar mensajes, por ejemplo).</p>

<p dir="ltr">El Gobierno viene adquiriendo estas tecnologías desde hace años sin que se haya creado la norma que legitime su uso. Así, ver drones en una protesta es ya algo normal, tener al helicóptero con una “presunta” cámara de reconocimiento facial que identifica “capuchos” fue la constante en Bogotá durante los primeros días del paro que inició el 21 de noviembre, y aunque sabemos que la policía ha comprado antenas falsas, hasta la fecha no sabemos si las usan o no durante las protestas.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Se está desplegando tecnología por parte de las autoridades sin que se haga la discusión sobre su necesidad o proporcionalidad, sin una norma que indique que la policía puede usar esta tecnología durante las protestas. En línea con lo acá expuesto en el informe de la Rele, los drones son incluídos en el capítulo de armas menos letales y se les extiende las disposiciones en esos términos.</p>

<p dir="ltr">De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el despliegue de tecnología para usar en protestas debe ser analizado e implementado con base en estudios de impacto a derechos humanos que suponen incluso la prohibición de algunas de estas tecnologías. Así como hoy nadie discute que el uso de armas de fuego no es permitido en una manifestación, ya hay ciudades como San Francisco donde el uso del reconocimiento facial por parte de la policía está prohibido. Se estableció que su impacto es desproporcional.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Este tema no es objeto de la propuesta del senador Gómez y a pesar de que faculta a “las autoridades competentes” a la revisión de cámaras de “cualquier tipo” estén en el ámbito público o privado, es decir, cuando regula tecnología tampoco es garantista. La propuesta de ley aumenta las facultades de las autoridades sin presentar los estudios de impacto de derechos humanos y de explicar su necesidad.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Con el fin de poder prevenir e investigar abusos, las herramientas (armas o tecnología) que usa la autoridad en una protesta deben ser autorizadas por la ley, además se debe regular su uso y establecer que entreguen informes sobre cómo se usaron en la práctica (informe público posterior). Así las decisiones que toma la policía deben hacerse en el marco de procedimientos reglados, públicos y transparentes. Durante el último mes, hemos conocido manuales y protocolos de las armas que el Esmad usa, pero no nos han dado a conocer informes sobre su uso. El país cumple a medias con los estándares internacionales.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Ahora bien, incluso con sus deficiencias lo que existe en materia de armas es más que en relación con el despliegue de tecnologías para protestas. En el caso de la tecnología, no hay procedimientos, no hay protocolos, ni mucho menos discusiones sobre su implementación. Una regulación de la protesta necesita abordar urgentemente los requisitos de transparencia para las tecnologías que usan las autoridades.</p>

<p>2. Las personas manifestantes tienen derecho al anonimato, la autoridad que actúa en una manifestación, no, y esto es extensible a las herramientas que usa.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Todo funcionario que es enviado a actuar en una protesta debe estar identificado. Las personas podemos exigir que lo esté. Además, el funcionario debe seguir una serie de protocolos y órdenes.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Las discusiones sobre la muerte de Dilan Cruz o la parálisis de Duván Villegas han desencadenado una importante discusión sobre este tema. ¿Quién fue el responsable? ¿cuáles fueron las órdenes? y ¿cómo las siguieron? El accionar de las autoridades deben permitir la identificación y que esté ajustada a los protocolos.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Ahora bien, en el caso de la detención arbitraria de dos estudiantes en Bogotá donde se usaron carros particulares, la discusión va más allá.</p>

<p dir="ltr">Las detenciones arbitrarias están prohibidas también en protestas; no hay excepción. La autoridad debe cumplir con todas las garantías de una detención. Participar o estar en el lugar de una protesta no justifica la detención y hacerlo usando un carro que no está autorizado para el transporte de capturados. Sin mencionar que despierta todos los temores de las desapariciones que en Colombia tenemos tan presentes y no deben ser subestimadas. La identificación de las autoridades y sus herramientas es una garantía para el control ciudadano.</p>

<p dir="ltr">Las autoridades que actúan en una protesta (como policía de orden público, Esmad, Defensoría o Procuraduría) deben identificarse visiblemente con su afiliación institucional y de manera que puedan ser individualizadas.</p>

<p>Sin embargo, aún no hay normas que exijan lo mismo a las herramientas tecnológicas que se están incorporando como apoyo a las protestas (ej. los drones). Sin esta identificación, ¿cómo puede una persona reclamar su derecho de protección de datos, hacer control sobre las grabaciones del aparato o indagar sobre su uso? Piense que encima de cualquier manifestación hay drones y no hay forma de saber lo mínimo, ¿de quién es?, ¿quién me graba?, ¿policía o medios?</p>

<p dir="ltr">Precisamente, así lo dice la Rele: “El uniforme y la identificación de los agentes de seguridad en el contexto de protestas tienen&nbsp; una función preventiva, dado que los agentes actúan con una expectativa mayor de rendición de cuentas”. Eso es extensible a la tecnología que usan, sobre todo, la no acompañada.<br />
&nbsp;</p>

<p dir="ltr">3. Ninguna autoridad puede registrar el celular de una persona manifestante</p>

<p dir="ltr">Durante las recientes protestas, se han presentado muchas quejas sobre los registros a celulares que la policía hace a las personas durante las protestas. Este reclamo también ha puesto de manifiesto que se usa la intimidación para que las personas desbloqueen su celular, de modo que,la policía pueda revisar sus contactos, redes sociales, fotos, etcétera.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Para tener acceso al celular de una persona, la autoridad policial debe contar con una orden judicial. Esta es la garantía que tenemos las personas de que se protege nuestra privacidad, libertad de expresión, derecho de asociación y un largo etcétera.</p>

<p dir="ltr">En Colombia, el Código de Policía incluye la posibilidad de que la policía pueda conocer el Imei&nbsp;de un celular como una estrategia dentro de las normas para prevenir el hurto de celulares. Esta facultad, sin embargo, debe entenderse no como una facultad para acceder al celular de las personas, sino tan solo de pedir a esa persona que (ella misma) desbloquee, marque el número que permite ver el Imei&nbsp;y le muestre la pantalla al policía para verificarlo.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Es esta problemática la que debería abordar el proyecto de ley, de modo que se garantice una regulación en línea con los derechos humanos.</p>

<p><strong>Conclusión</strong></p>

<p dir="ltr">Al senador Gómez habría que recordarle que Colombia es una democracia que aspira a ser un estado de derecho garante de los derechos humanos de sus habitantes. En ese marco, sus leyes deben partir de la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas, bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Una regulación de la protesta que esté en el marco de nuestra constitución y de los compromisos internacionales tendrá un enfoque centrado en el fortalecimiento de la participación política; en la construcción de mayores niveles de participación ciudadana; en garantizar seguridad a las personas manifestantes y a cualquiera que esté en la protesta y sus inmediaciones; y permitir el control e investigación de los abusos de la autoridad. La regulación le da a las autoridades las facultades necesarias para mantener ese ambiente seguro y evitar posibles abusos de quienes se manifestan. El orden es ese y así debería proceder el Congreso.</p>

<p dir="ltr">Es un balance difícil, pero el proyecto de ley que presentó el Senador Gómez está lejos de buscarlo, mucho menos de encontrarlo.</p>

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