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Colombia está estupefacta frente a los tratados globales de drogas

Isabel Pereira Arana
Isabel Pereira Arana
Coordinadora de la linea de política de Drogas en Dejusticia
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17 de Abril de 2019

<p><meta charset="utf-8" />En un país con una agenda mediática altamente narcotizada, no deja de llamar la atención que la Comisión de Estupefacientes de este año, algo así como el equivalente a la Conferencia sobre Cambio Climático -<a href="http://www.cop21paris.org/"> COP de Paris</a> para la política de drogas, haya pasado desapercibida en la agenda pública.</p>

<p>La<a href="https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html"> Comisión de Estupefacientes</a> (CND – por sus siglas en inglés) es el órgano de gobierno de los tratados internacionales de drogas, y se congrega cada Marzo en Viena. La CND gobierna y monitorea el cumplimiento de estos tratados de drogas que componen el sistema global de fiscalización por parte de los 193 países que lo han ratificado – Colombia incluida.</p>

<p>Estos tratados son los que clasifican en listas de estricto control sustancias como la cocaína, la marihuana y los derivados de la amapola, y le dan estatus de ilegalidad a las plantas, restringiéndolas solo a su uso médico o científico.</p>

<p>La CND es conocida por ser un espacio donde la inercia burocrática, funcional a los intereses de las posiciones m{as conservadoras en materia de política de drogas, cede pocos espacios para debatir alternativas distintas a la estricta prohibición que hoy es dominante.</p>

<p>Hace pocos años Colombia era una de esas voces que expresaba su descontento con el régimen actual en el marco de la CND, haciendo parte de una oleada mas grande de Gobiernos, académicos y movimientos sociales que demandan el fin de la guerra contra las drogas.</p>

<p>Esta demanda se fundamenta en un argumento sencillo: la premisa del régimen actual es que bajo la prohibición podrán lograr el objetivo de ‘un mundo libre de drogas’, pero como política pública, es un mecanismo poco efectivo para lograr ese objetivo – al fin y al cabo las sustancias psicoactivas han estado y estarán siempre con la especia humana, tal como el alcohol - y la prohibición genera efectos colaterales graves, como la desviación de recursos del desarrollo y la salud pública.</p>

<p>En otras palabras, y como lo estableció el grupo del <a href="http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Acabando-c... School of Economics (LSE) en 2014</a>, es necesario acabar la guerra contra las drogas para “redirigir recursos masivamente hacia políticas efectivas basadas en evidencias, apuntaladas por un riguroso análisis económico.”</p>

<p>La reunión de 2019 de la CND era de particular importancia, pues se cumplen los 10 años del Plan de Acción que se planteaba como objetivo un “mundo libre de drogas”. Con ocasión de ese ‘aniversario’, y de la necesidad de evaluar qué tanto avanza el país hacia metas irrealistas, se celebró también el<a href="https://idpc.net/policy-advocacy/the-commission-on-narcotic-drugs-minist... Segmento Ministerial entre el 14 y 15 de marzo</a>. Pero todo eso pasó de agache en la agenda pública en Colombia, con excepción de<a href="https://noticias.caracoltv.com/venezuela-en-el-limite/otro-desplante-mad... algunas noticias</a> sobre el ‘boycott’ al delegado de Venezuela al momento de tomar la palabra en la plenaria.</p>

<p>¿Por qué deberían ser los temas que trata la CND parte de la agenda pública en Colombia? Porque vivimos en un país en el que la guerra contra las drogas sigue siendo la narrativa imperante, a pesar del acumulado de evidencia que muestra los graves daños que las acciones represivas han implicado para campesinos, territorios, y personas que usan drogas, sin mencionar para la institucionalidad y democracia del país.</p>

<p>Del lado de la sociedad civil, y con ocasión de esta coyuntura, la plataforma <a href="https://www.elementa.co/colombia-no-podemos-repetir-los-errores-de-la-po...‘Acciones para el Cambio’</a>, elaboró un informe sombra evaluando los últimos 10 años de la política de drogas en Colombia.</p>

<p>Lo que encontramos es un fracaso espectacular, pues habiendo gastado 20 billones de pesos, no se logró una reducción sostenida en el largo plazo de los cultivos de coca, no se mejoraron los índices de desarrollo en territorios cocaleros, no se atendieron las necesidades de salud de las personas que usan drogas, y en cambio se generó una crisis carcelaria y penitenciaria castigando a las personas intercambiables de las redes del narco, sin que ello haya derivado en una desarticulación del crimen organizado</p>

<p dir="ltr">Este no es solo el caso de Colombia, sino que un fracaso generalizado a nivel global como lo mostró el<a href="https://idpc.net/publications/2018/10/taking-stock-a-decade-of-drug-poli... informe sombra</a> presentado por el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC): hay 130 por ciento más cultivos de amapola que en 2009, el 75 por ciento de la población en el mundo no tiene acceso a opioides para aliviar el dolor, y solo 1 de cada 100 personas que usan drogas vive en un país con acceso adecuado a servicios de reducción de daños.</p>

<p>La extensión de la vigencia del Plan Decenal de Acción de 2009 era uno de los temas contenciosos principales en Viena, pues no era claro qué seguía tras su expiración del Plan de acción de 2009-2019.</p>

<p>De otra parte, la comunidad global acordó en 2016 el documento de resultados de la Sesión Especial sobre el problema mundial de las drogas - UNGASS, que convocaron en su momento los gobiernos de México, Colombia y Guatemala.</p>

<p>En este consenso se reconoció que el uso de sustancias ilícitas está atravesado por condiciones estructurales de salud y exclusión, y se reconoció que la pobreza en el mundo rural es uno de los factores que conduce a la persistencia de los cultivos ilícitos, y reconoció tras décadas de silencio, la necesidad de tomas medidas necesarias para garantizar la disponibilidad a medicamentos para el alivio del dolor, entre <a href="https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/ungass-2016-hito-historico-u-oportu... buenos avances</a>.</p>

<p>No deja de decepcionar la débil voz que tomó Colombia en la sesión de la CND de este año: <a href="http://cndblog.org/2019/03/item-4-general-debate-of-the-ministerial-segm... su intervención</a> durante el segmento ministerial la Ministra de Justicia no hizo referencia alguna al documento de la UNGASS 2016 y a los avances que esto representa para los derechos humanos, como sí lo hicieron los países más progresistas entre los cuáles está Suiza, Canadá y Uruguay.</p>

<p dir="ltr">Otro punto contencioso era la votación sobre la re-clasificación del cannabis. Esta es una sustancia que se clasificó en el primer tratado internacional de drogas en 1961, pero nunca había surtido el proceso de revisión científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) requerido. Esto significa que la prohibición estricta de la marihuana está fundamentada en un vacío científico.</p>

<p>Finalmente el Comité de Expertos de la OMS surtió el proceso de revisión durante años (para otras sustancias generalmente toman meses), y publicó <a href="https://www.wola.org/analysis/policy-brief-whos-first-ever-critical-revi... recomendaciones </a>extrañamente por fuera de tiempo. Se decidió en el marco de la CND no votar estas recomendaciones, decisión que fue considerada desacertada por Uruguay y Canadá, entre otros.</p>

<p>Lo cierto es que este y otros debates están abiertos y no hay consenso a la vista que pueda franquear las diferencias abismales entre la aplicación de los tratados de drogas en distintos países.</p>

<p dir="ltr">El caso extremo es Filipinas, donde, en nombre de la criminalización a personas que usan y venden drogas, se han realizado aproximadamente 27.000 ejecuciones extrajudiciales como reporta el<a href="https://idpc.net/publications/2019/02/10-years-of-drug-policy-in-asia-ho... informe sombra del IDPC para Asia</a>.</p>

<p>En el otro extremo está la aplicación de los tratados en Canadá, donde se profundizó el enfoque de reducción de daños a personas que usan drogas, incluyendo salas de consumo supervisado, y más recientemente se reguló todo el mercado de la marihuana recreativa.</p>

<p>En ambos países hay una aplicación de los tratados que extralimita sus disposiciones y la CND es el escenario donde se expone esa fractura del llamado <a href="https://www.dejusticia.org/column/el-consenso-de-viena-esta-roto-y-no-lo...“Consenso de Viena”</a>, mostrando los modelos tan radicalmente opuestos que se toman para abordar el problema de las drogas.</p>

<p>En este escenario, el papel pro-reforma que alguna vez Colombia desempeñó está profundamente debilitado, regresando al mismo discurso que tenía hace 20 años, jugando la carta de la responsabilidad común y compartida, desconociendo el documento UNGASS y las posibilidades que representa dar prioridad al bienestar y al desarrollo rural por encima de la represión.</p>

<p>En un país donde casi el 30 por ciento de los líderes sociales que han sido asesinados son defensores del proceso de sustitución de cultivos ilícitos, donde el poder del narcotráfico ha corrompido instituciones enteras, y donde el glifosato ha inundado ecosistemas enteros y dejado a comunidades completas sin alimento y sustento, es claro que el enfoque represivo de la prohibición no ha traído ningún beneficio, sino el reciclaje de guerras y daños.</p>

<p>Es claro también que es necesario mantener el debate abierto sobre las alternativas de política pública, distintas a la prohibición extrema. A menos que reconozcamos que el modelo de la prohibición nos causa más daños que las drogas mismas, no quedará otro camino sino el de seguir estupefactos ante una guerra sin fin.</p>

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