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Nueva institucionalidad, financiación e implementación de acuerdos de paz

La implementación requiere de una nueva institucionalidad donde las partes implicadas en el post-acuerdo participen efectivamente en decisiones sobre la construcción de la paz, esa institucionalidad debe coordinar la gestión y ejecución de fondos públicos y de cooperación,debe garantizar transparencia y la participación activa de las víctimas de la guerra y de las organizaciones sociales.

César Jerez
César Jerez
Profesor - Líder de zonas de reserva campesina
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21 de Julio de 2016

Mucha incertidumbre hay sobre el financiamiento y la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, sobre el modelo de participación de las partes y de las organizaciones sociales en el post-acuerdo. Una larga historia de conejos a los acuerdos con los movimientos sociales, de incumplimiento de la palabra y de los compromisos y de corrupción por parte de la institucionalidad generan esa sensación.

El tema de la implementación apenas se empieza a abordar en La Habana con el reto de garantizar un nuevo escenario institucional y una ruta de financiación que aseguren el cabal y transparente cumplimiento de los acuerdos.

Aún quedan muchas dudas sobre el modelo de particicipación que se propone transversal en la implementación, y que podría terminar atrapado por las prácticas politiqueras tradicionales. Es igualmente clave que se defina la forma de implementación de los acuerdos en los territorios étnicos y en los territorios donde las fronteras son difusas.

Se han anunciado varios fondos de financiamiento a los acuerdos de paz. Los Estados Unidos comprometieron 450 millones de dólares con el Plan Paz Colombia que debe ser aprobado por el congreso estadounidense. La Unión Europea constituyó un Fondo Fiduciario para la paz con énfasis en tierras y desarrollo rural con 100 millones de euros de partida, un empréstito asociado de 400 millones de euros y una bolsa de 80 millones de euros para infraestructuras que iniciará una vez se firme el acuerdo. El sistema de la ONU avanza con un fondo abierto que arranca con 20 millones de dólares direccionado a la economía familiar campesina. El BID y el Banco Mundial también comprometieron aportes no reembolsables de menor cuantía para infraestructuras y medio ambiente. El gobierno canadiense girará por su parte cerca de 50 millones de dólares para cofinanciar la implementación.

Estos fondos ya tienen un nivel de gestión, planificación y aprestamiento avanzado y el gobierno ha hecho un trabajo unilateral para condicionar el uso de estos dineros que podrían volverlos caja menor de funcionarios con ambiciones electorales en instituciones obsoletas. Sería más de lo mismo, plata para clientelismo y corrupción.

Si bien estos fondos de cooperación son importantes, es claro que son insuficientes dado el calado de los acuerdos y de lo que cuestan. No está clara la ruta de financiamiento para la implementación con cargo al presupuesto nacional y mucho menos el arreglo institucional que la implementación de los acuerdos requiere.

Por tanto, la implementación de los acuerdos requiere de una nueva institucionalidad donde las partes implicadas en el post-acuerdo participen efectivamente en las decisiones sobre la construcción de la paz, esa institucionalidad debe coordinar la gestión y la ejecución de los fondos públicos y de cooperación, debe garantizar transparencia y la participación activa de las víctimas de la guerra y de las organizaciones sociales.

Una experiencia de referencia en esta materia la representa el caso del proceso de paz en Irlanda del Norte, allí, fruto de los acuerdos de paz, se creó un programa especial para el financiamiento de la implementación y ejecución de los acuerdos de paz, que de manera transparente y participativa, invertirá hasta el 2020 2 mil millones de euros para garantizar la consolidación del proceso. (ver  )

Los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc representan una oportunidad para resarcir a la sociedad colombiana, se trata de una oportunidad para saber la verdad y tener memoria, para intentar la justicia restaurativa, para ampliar los derechos de negros, indios y campesinos, de una oportunidad para sentar una base política, económica y social de inicio a la construcción de la paz. Mucha gente dentro de Colombia, en la comunidad internacional y en la cooperación está sintonizadas con este propósito.

Parar la guerra, dejar de matarnos e iniciar el tránsito hacia el cambio parte del cumplimiento de lo pactado, abriendo el camino hacia la vigencia plena de nuestros derechos y hacia una sociedad más justa.

Si se cumplen los acuerdos vamos a lograr revertir el olvido, vamos a vencer la pobreza, vamos a avanzar hacia la justicia, vamos a hacer real el anhelo de paz, vamos a encontrarnos en el sueño de la reconciliación. Pero este loable objetivo requierede una decisión política de la sociedad colombiana que lo refrende y del cambio que lo haga posible.

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