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Cinco retos de la Ley TIC de Duque

Carolina Botero
Carolina Botero
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20 de Julio de 2019

<p>Durante las últimas décadas, la tecnología digital ha cambiado casi cualquier aspecto de nuestra vida. No hay un marco legal que aguante semejante cimbronazo. Por eso, hemos visto que los diferentes países han debido afrontar estos cambios con grandes reformas al sistema legal. La sombrilla que ha recogido estos retos se llama convergencia.</p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="ltr">Colombia llevaba ya varios años intentando esta reforma. Santos lo intentó un par de veces y Duque se estrenó presentándola dentro de su paquete para el Congreso.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">La ley <a href="http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicado...ó</a> <a href="http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicado..., con los debates que se se conocieron ampliamente en redes sociales. Y, vale la pena decir, que fue aprobada por aplastantes mayorías.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Señores y señoras, habemus ley. Anticipo demandas por forma y fondo. Ahora bien, lo que más me interesa es revisar si el tan trillado estribillo que el Gobierno repitió durante los últimos meses tiene un marco legal que le dé posibilidades de éxito.&nbsp;</p>

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<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><strong>Reto de la independencia.</strong> Deben separarse las funciones regulatorias de las políticas y el regulador debe poder hacer cumplir sus decisiones.</p>
</li>
</ul>

<p dir="ltr">Esta es una crítica central que le han hecho todos los organismos internacionales a la actual Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en donde se sienta la cabeza del Ministerio y los comisionados los elige el Presidente. La nueva ley crea dos juntas, una para infraestructura y otra para contenidos, con ocho comisionados. Un comisionado sigue siendo la cabeza del Ministerio TIC, otro es nombrado directamente por el Presidente, otro por los canales regionales, tres por la función pública y dos por universidades. Los lazos con el ejecutivo disminuyen, pero no desaparecen y, por tanto, se mantiene la crítica. La OCDE ha dicho que la silla del ministerio y el elegido directo del Presidente no tienen justificación en este órgano.</p>

<p dir="ltr">La regulación de los concursos representa uno de los primeros y más importantes retos de los próximos meses.</p>

<p dir="ltr">Por otra parte, en el diseño del regulador convergente, el Gobierno decidió dar más libertad al regulador a cambio de quitarle funciones. Como ya sucede en la CRC, el nuevo regulador no tendrá funciones de vigilancia y control en materia de contenidos.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">La desaparición de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) se hace transfiriendo las funciones regulatorias a la CRC. Las competencias de vigilancia y control pasan al Ministerio TIC. De esta forma, el regulador colombiano va a dictar normas al sector, pero no será el encargado de hacerlas cumplir. Esta función queda en el ejecutivo.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">El Gobierno no se imagina un mundo en que el regulador tiene poder, le da algunas gabelas pero conserva varias más. Este regulador sigue sin dientes.</p>

<p>&nbsp;</p>

<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><strong>Reto de las prioridades.</strong> La OCDE lo dijo en diciembre de 2018 ante el texto aprobado por las comisiones: el eje del proyecto debe ser la promoción de la competencia y de los derechos de las personas usuarias, no la promoción de la inversión privada.</p>
</li>
</ul>

<p dir="ltr">El texto se mantuvo en este sentido y da cuenta del modelo del Gobierno para este sector. La confianza está depositada en que las grandes empresas serán las que conecten al país. Por supuesto que veremos un cambio en pocos años y la conectividad mejorará, pero puedo anticipar que los resultados a mediano y largo plazo serán menos prometedores. La conectividad en un país como Colombia no se puede dejar exclusivamente al mercado. No darle prioridad a la competencia y a los derechos de las personas usuarias es un error. Por eso, en términos generales se afirma que esta ley es un maravilloso regalo para las grandes empresas.</p>

<p dir="ltr">Ahora, claro que se necesita inversión privada, pero es que no importa las gabelas que le demos a las empresas, pues nunca van a poner en riesgo sus ganancias por conectar a una población marginal. La idea tampoco es llevarlas a la quiebra. Habría que reconocer que la última milla, la población más desconectada del país, muy posiblemente ni siquiera es un mercado porque, aunque llegara la infraestructura, la población más vulnerable no tiene capacidad de pago.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Esta población depende del Estado y de sus propios esfuerzos para la satisfacción de estas necesidades. Por eso, era tan importante atender la crítica de la OCDE. Se debió equilibrar prioridades, reconocer la necesidad de darle un rol más activo y poderoso a las comunidades. Pero de esto último hablaremos luego.</p>

<p dir="ltr">El reto será tener un regulador que pueda darle cabida a los ejes de competencia y derecho de las personas usuarias que hoy en día son la nueva avenida de la regulación (vean, por ejemplo, <a href="https://www.nytimes.com/2019/02/07/technology/germany-facebook-data.html... que está pasando con Facebook en Alemania</a> y <a href="https://theconversation.com/amazon-google-and-facebook-warrant-antitrust... intuye en Estados Unidos</a>).</p>

<p>&nbsp;</p>

<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><strong>Reto de un regulador que atienda la convergencia.</strong> La creación de dos juntas que se ocupen una de la infraestructura y otra del contenido es un reto para la propia convergencia.</p>
</li>
</ul>

<p dir="ltr">La convergencia es aceptar que dos o más cosas confluyen en un mismo punto. Las TIC son una manifestación de esa propiedad, el uso del espectro, la infraestructura de telecomunicaciones y los contenidos confluyeron gracias a la tecnología digital. Sin embargo, esta realidad aún es divergente en Colombia. La discusión del proyecto da cuenta de que todavía hay mercados y preocupaciones diferentes. En este contexto, tener las dos juntas es una forma de reconocer la distancia y me parece válida.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Ahora bien, el reto va a ser para la regulación. En primer lugar, el diseño institucional reconoció a los contenidos y esto no sucedía en la versión de la ley de 2018. Decidieron que se necesitaba espacio para esa experiencia y necesidades en la CRC, pero <a href="https://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/12008-ley-... diseño institucional les da a los contenidos un trato de segunda clase</a>.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">La ley favorece por diseño la infraestructura y no lo oculta. De los ocho comisionados, tres son de la Junta de contenidos (son minoría) y el Director de la CRC proviene de la sala de infraestructura. De más de treinta funciones descritas en la ley para la CRC, menos de diez corresponden a la junta de contenidos.</p>

<p dir="ltr">Creo que esa asimetría es odiosa y tendrá consecuencias en el sector que son fácilmente deducibles. El desequilibrio genera dudas sobre la capacidad de este regulador para enfrentar los desafíos de la convergencia. El diseño final dependerá en buena medida de la regulación de esta ley; la situación puede empeorar o mitigarse. El reto más concreto en ese escenario es saber si se crearán mecanismos de diálogo y articulaciones entre las dos juntas que las obligue a pensar hacia la convergencia.</p>

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<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><strong>Reto de la composición de la Junta de Contenidos y la pregunta sobre a quién servirá.</strong></p>
</li>
</ul>

<p dir="ltr">Las críticas del sector de contenidos llevaron al Gobierno a crear una Junta de Contenidos que se ocupe de los temas de la expresión humana, respondiendo a la queja sobre sospechas de censura estatal. Con este fin crearon un sistema de elección de comisionados alejado del poder ejecutivo. Aun así, podemos prever problemas.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En primer lugar, ¿cómo se va a tramitar el conflicto que genera el que los canales regionales formen parte del regulador que los regula? Este es un conflicto de difícil solución.</p>

<p dir="ltr">Respecto de los otros dos comisionados que representan al sector audiovisual y a la sociedad civil, ambos se elegirán en concursos que organizarán universidades públicas o privadas. El Gobierno soltó la papa caliente y la tiró lejos. En este caso, el riesgo no es la mezcla de funciones regulatorias con política nacional, el riesgo es mezclar la regulación con los intereses de la politiquería local y de otras mafias. El gran reto es evitar la multiplicación de organizaciones de garaje que terminen cooptando esta junta y afectando el ecosistema de medios del país. Nada más y nada menos.</p>

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<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><strong>Reto de la comunidad como interesada en su propia conectividad para superar las brechas digitales (entre otras la de género).</strong></p>
</li>
</ul>

<p dir="ltr">La apuesta del Gobierno fue por la inversión privada. Dejó de lado la posibilidad de equilibrar esa apuesta por una de cooperación con la comunidad. Si el propósito es cerrar la brecha digital y llevar conectividad a la última milla, la gran ausente de este proceso es la comunidad.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Sorprendió que una de las justificaciones del Gobierno para atender este reclamo haya sido el principio de neutralidad tecnológica, reconocido en el ordenamiento legal colombiano. Es como si el Gobierno entendiera que las redes comunitarias operan una tecnología concreta, cuando la definición de una red comunitaria se centra en las personas, quienes deciden cuál es la tecnología que usan.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Para Internet Society (ISOC), una red comunitaria es “la infraestructura de telecomunicaciones implementada y operada por un grupo local con el fin de satisfacer sus propias necesidades de comunicación. Son el producto de personas que trabajan mancomunadamente, combinan sus recursos, organizan sus esfuerzos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural”. Es decir, la tecnología que se use dependerá de las necesidades que se identifiquen y los recursos con que cuente la comunidad. A escala es lo mismo que hace cualquier empresa privada.</p>

<p dir="ltr"><a href="https://stats.karisma.org.co/indignante-el-ministerio-tic-no-sabe-que-so... desconocimiento del Gobierno central sobre las redes comunitarias</a> contrasta con las recomendaciones que hacen a los Estados los organismos internacionales expertos sobre su promoción.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">El contexto para que las redes comunitarias fueran reconocidas era bastante adverso por lo que tenemos que celebrar los pequeños logros. Al final, aunque la Ley TIC no las reconoce expresamente ni les da un rol protagónico en el cierre de la brecha digital, termina aceptando que para luchar contra ella promoverá el acceso a lo que llama, no define, servicios TIC comunitarios. También se compromete a remover las barreras a los usos innovadores de la tecnología</p>

<p dir="ltr">Con el texto final de la ley, el Gobierno insiste que no se necesita mencionar las redes para asignarles espectro y abre una ventanita para su desarrollo, que ahora dependerá de la regulación. Estaré haciendo un seguimiento a esta regulación, pues debe ser una ventana suficientemente amplia, no puede quedar restringida a programas sociales del Estado, en el que las comunidades sean operarias del Gobierno y dependan de él para el despliegue de su modelo de conectividad.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Otro tema de comunidad es la crítica constante sobre la necesidad de que el Ministerio TIC tenga tratos diferenciales para diferentes poblaciones. Por ejemplo, en el caso de mujeres, el propio <a href="https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-64060_recurso_2.pdf">diagnóstico del Ministerio en una encuesta nacional reciente</a>, muestra que las mujeres rurales son las más afectadas por la brecha digital. Debido a las múltiples críticas, la nueva ley incluye bonitos propósitos en temas de enfoques diferenciales, pero ese es otro reto de la reglamentación.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Si no hay una consciente implementación de estos propósitos, se quedarán en el papel. En materia de conectividad, es un diseño comunitario consciente de estas distancias el que puede hacer la diferencia. Por su modelo de negocio las empresas no tienen incentivos para trabajar en reducir la brecha digital de género; las comunidades, en cambio, tienen procesos que allanan el camino para hacer reflexiones sobre las desigualdades de género, sociales, étnicas, etcétera. Si no promovemos estas aproximaciones el cierre de la brecha digital en el país se dejará a esquemas que reproducen el diseño patriarcal de nuestra sociedad.</p>

<p dir="ltr">El reto será superar el desdén de la ley para crear un modelo de desarrollo de redes comunitarias en Colombia independiente, escalable, consciente de los retos de la brecha digital en materia de género, etnias y territorio, y además facilitado por el Estado; no cooptado por este.</p>

<p dir="ltr">&nbsp;</p>

<p dir="ltr"><strong>A modo de conclusión</strong></p>

<p dir="ltr">El Gobierno Duque ganó la batalla de legislar un modelo TIC donde la prioridad está en la conectividad. El gran ausente es la comunicación, los contenidos que circulan por las redes. Su apuesta es por darle grandes gabelas a las empresas que ofrecen la infraestructura para que desplieguen su magia y nos lleven al desarrollo.&nbsp;</p>

<p dir="ltr">Duque echó los dados pero esto aún no es ley. No se sabe por qué pero al gran éxito legislativo de Duque, después del Plan Nacional de Desarrollo,&nbsp; le sigue faltando la firma del presidente, ¿raro no?.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p dir="ltr">En todo caso, lo que nos queda es esperar por el resultado de este proceso. De un lado ver qué pasa con las demandas que ya se han anunciado, y de otro esperar que la regulación sea el producto de un proceso ampliamente consultado y discutido. Habrá que hacer seguimiento pues, al final, “el diablo está en los detalles”.</p>

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