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Los retos de los nuevos mandatarios para que aterrice el Acuerdo de Paz en el Caribe I

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor de la Universidad del Norte.
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10 de Noviembre de 2019

<p>Una vez pasadas las elecciones locales se hace necesario retomar el tema de la paz territorial ya que su construcción necesita de la activa participación de los nuevos mandatarios locales y departamentales para avanzar en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Con estos, se busca superar gradualmente los factores que posibilitaron -y aun facilitan- la presencia de actores armados ilegales en el Caribe.</p>

<p>Una novedad del proceso de fin del conflicto armado logrado entre la administración del expresidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc-EP fue la centralidad de la “Paz Territorial”, <a href="https://interaktive-demokratie.org/files/downloads/La-Paz-Territorial.pd... </a>por el ex Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, como: “Una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. “Institucionalidad” entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar”.&nbsp;</p>

<p>En este sentido, Sergio Guarín<a href="http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1275">&nbsp;fue más allá</a> al entenderla como un enfoque de política pública que se soporta sobre seis pilares básicos: 1) la paz y el desarrollo territorial se relacionan directamente; 2) la sostenibilidad de la paz está en los territorios, no en las capitales; 3) el desarrollo debe superar el enfoque económico y centrarse en lo humano; 4) implica el acceso y goce efectivo de derechos, especialmente las poblaciones en riesgo de vulnerabilidad; 5) cada territorio debe ser intervenido según sus características y necesidades, y 6) deben fortalecerse la descentralización y la participación ciudadana.&nbsp;</p>

<p><a name="_Hlk23849177">Como puede apreciarse, la paz territorial significa no solo ponerle fin a la violencia armada, sino también desarmar la vida cotidiana a través del mejoramiento de las condiciones educativas promoviendo la no violencia, la plena vigencia de los Derechos Humanos y la prevención de las violencias culturales.</a></p>

<p><a name="_Hlk23849251">Es decir, la paz territorial implica el fortalecimiento de capacidades institucionales (prestación de servicios públicos, satisfacción de necesidades básicas, cumplimiento de derechos) y constitución y empoderamiento de la sociedad civil (participación y garantías), con el fin de recuperar en el plano local los monopolios que se supone son la pretensión básica de los Estados modernos, a saber, los monopolios de la violencia legítima, el recaudo de tributos, el control del territorio y la aplicación de justicia.</a></p>

<p>Este enfoque territorial de la paz debe entenderse como la obligación de “reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades que los habitan” en la toma de las decisiones que los afectan, especialmente aquellas afectados por la violencia directa ya que se parte de la afirmación de que el conflicto armado afectó a Colombia de forma territorialmente diferenciada.</p>

<p>Es decir, no es cierto que la violencia estuvo presente a lo largo de todo el Estado colombiano, pero tampoco que todos los territorios que sufrieron el conflicto lo vivieron de la misma forma. Por tanto, la construcción de paz no podía pensarse de forma uniforme para todo el país: era necesario observar cada región a partir de sus peculiaridades y contextos singulares.</p>

<p>De esta forma, la construcción de paz era un compromiso que el Gobierno nacional asumía, pero que tenía que implementarse a nivel territorial y, por ello, necesitaba de la contribución de las comunidades y de las administraciones a nivel local. Este enfoque buscaba, entonces, solucionar los problemas relacionados con la desconexión que se produce entre la administración central y la ciudadanía local cuando el primero intenta forzar a los territorios a transitar por un camino particular sin que los segundos puedan participar en su planeación. Como lo expresa<a href="https://www.gu.se/digitalAssets/1350/1350602_conf-2011-richmond.pdf"> Richmond</a> (2013), usualmente los procesos de construcción de institucionalidad estatal a nivel local tienden a fundarse en sistemas, normas y legitimidades externas que se alejan de los contextos a los que llegan, lo que no solamente causa rechazo entre los pobladores, sino que impide el éxito del programa.</p>

<p>Así, lo que se busca es dejar de observar el territorio únicamente como una unidad geográfica sin relaciones sociales y procesos que lo configuran y generan unas lógicas de apropiación del mismo por parte de quienes lo habitan (<a href="C:/Users/silla/Downloads/52-178-1-PB.pdf">Mançano</a>, 2013). El territorio, entonces, es mucho más que las personas que en él conviven y el espacio que lo conforma. Es, como afirma <a href="https://books.google.com.co/books?hl=es&amp;lr=&amp;id=xC_3U97GnjkC&amp;... </a>(2005), una constante interrelación entre el espacio y los fenómenos sociales que en él se desenvuelven. Por tanto, más allá de su delimitación, al traer la territorialidad en una discusión de carácter político como lo era la paz, se estaba reconociendo la complejidad del escenario que se vislumbraba y la necesidad, al menos de forma oficial, de actuar con base en esas realidades locales.</p>

<p>Entre las apuestas para llevar ese discurso de “paz territorial” a la realidad resalta la Reforma Rural Integral (en adelante, RRI). Esta se encuentra desarrollada en el punto 1 del Acuerdo de Paz (2016) y parte de la premisa de que, en un conflicto que se ha desarrollado en una buena medida en el espacio rural del país, no es posible concebir una paz sin transformar las condiciones que facilitaron la persistencia de la violencia.</p>

<p>Es decir, si la violencia se ha gestado y ha sobrevivido debido a condiciones tales como “la exclusión&nbsp; del campesinado y el atraso de las comunidades rurales” (p. 10), resulta lógico pensar que solo la transformación de esas causas históricas de conflictividad puede contribuir a una paz que sea estable y duradera. No obstante, lo que plantea la RRI no es simplemente priorizar la inversión en la transformación del campo, sino observar a las comunidades que lo habitan como protagonistas de ese proceso. Es decir, son los ciudadanos de estos territorios los que precisarán cómo mejorar sus condiciones y cómo definirán el desarrollo de estos espacios.</p>

<p>Una de las herramientas que plantea la RRI para eso son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (en adelante, Pdet), consignados en el punto 1.2 del Acuerdo Final. Allí se plantea, en primer lugar, la necesidad de priorizar las zonas “más necesitadas y urgidas” (p. 22) a través de cuatro criterios que fueron desarrollados con mayor amplitud en el Decreto 893 del 28 de mayo de 2017.</p>

<p>El primer criterio de priorización es la pobreza, medida a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), de bases de datos provenientes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del censo realizado en el 2005. Luego se examinó el grado de afectación derivado del conflicto, medido a través de la cantidad de acciones armadas y hechos victimizantes como consecuencia de la violencia. Debe entenderse que este era un requisito sine qua non dada la delimitación misma que se hizo en el Acuerdo de Paz al llamarlas “zonas especialmente afectadas por el conflicto”.</p>

<p>Para este criterio, el Decreto 893 del 2017 menciona que “se agruparon las variables en dos componentes”, la intensidad de la confrontación armada (acciones de las Fuerzas Militares y de los grupos al margen de la ley) y las “variables de victimización” (tasas de homicidio, secuestro, masacres, despojo, desplazamiento, víctimas por minas antipersona, desaparición forzada y asesinatos de sindicalistas, autoridades locales, periodistas y reclamantes de tierras).</p>

<p>El tercer criterio de priorización fue la debilidad institucional administrativa y de la capacidad de gestión, medido a través del esfuerzo integral de cierre de brechas del Departamento Nacional de Planeación (DNP).</p>

<p>Finalmente, para medir la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales (cuarto criterio), las variables fueron las hectáreas de cultivos de coca, el índice de vulnerabilidad y la exportación ilegal de minerales y contrabando. Lo anterior de acuerdo con informes producidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) y organismos oficiales.</p>

<p>Esta selección busca entonces materializar lo que el Acuerdo de Paz plantea como el “enfoque territorial”, entendido como la necesidad de “reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades” (p. 6). Los Pdet eran pensados como una de las estrategias para traer este enfoque a la realidad (junto a otras como, por ejemplo, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Ctep) y permitir que sean las comunidades afectadas por la violencia las que planeen e implementen la transición hacia el posconflicto. Se esperaba que fueran las víctimas las que decidieran cuáles son sus necesidades más apremiantes y de qué manera solventarlas.</p>

<p>Finalmente, el Decreto 893 del 2017 priorizó 170 municipios agrupados en 16 subregiones. La región Caribe albergaba 40 de estos municipios y estos conformaban finalmente 4 subregiones: la subregión Montes de María, compuesta por 7 municipios de Bolívar y 8 de Sucre; la subregión Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera, conformada por 6 municipios del Cesar, 3 de La Guajira y 4 de Magdalena; la subregión sur de Bolívar, conformada por 6 municipios de este departamento y Yondó (Antioquia), siendo la única subregión del Caribe con presencia de un municipio distinto a la región, y la subregión sur de Córdoba, compuesta por 5 municipios del mismo departamento. La coordinación de los Pdet quedó en manos de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART).</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Bibliografía</p>

<p>Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016). Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP. Mesa de Conversaciones. Recuperado de:&nbsp;<a href="http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Doc...

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