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El conflicto invisible del Caribe

A propósito de las cifras de violencia desatadas en el sur de Córdoba, este análisis del investigador Luis Fernando Trejos.

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor de la Universidad del Norte.
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17 de Febrero de 2019

La guerra en el sur de Córdoba se vive sin tregua.

Esta semana aparecieron dos muertos más en los límites entre Montelíbano y Caucasia, y la Policía capturó a un hombre que llevaba panfletos de la banda criminal de ‘Los Caparrapos’ y a otro supuesto jefe de sicarios del Clan del Golfo.

Son, justamente, estos dos grupos armados los que se disputan el control territorial del Bajo Cauca antioqueño y del sur de Córdoba, y que, como contó La Silla Caribe, viven una guerra que se ha escalado en los últimos meses; a tal nivel que fue asesinado un aspirante a la Alcaldía de San José de Uré y fue amenazado el representante liberal Andrés Calle.

Aunque esta guerra viene escalando desde el último año, el conflicto en el sur de Córdoba no es reciente.

Esta subregión ha sido escenario, desde mediados del siglo pasado, de distintos tipos de conflictos: bipartidistas, por la tierra, ideológicos y recientemente por la coca.

Desde la desmovilización y desarme de la entonces guerrilla de las Farc, en los municipios de Tierralta, Valencia, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano se desató una competencia armada por el control de estos territorios que son estratégicos para la captura y administración de rentas ilegales.

Esta subregión ha presenciado cinco procesos de dejación de armas con igual número de actores armados ilegales (guerrillas liberales, EPL, Accu, AUC y Farc), pero ninguna desmovilización ha significado paz y desarrollo, sino el inicio de nuevos ciclos de violencia armada y afectaciones humanitarias.

En este sentido, y como se ha señalado en anteriores columnas, en el sur de Córdoba la criminalidad es disputada por el Clan del Golfo, Los Caparrapos, disidencias y rearmados. Todos se enfrentan por el control de las zonas de cultivos de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína; así como por las rutas que van desde los laboratorios o cocinas que, al igual que las zonas de cultivo, se encuentran en el Parque Natural de Paramillo, hasta los puntos de exportación ubicados en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Escondido.

En este sentido, es importante resaltar que esta subregión es geográficamente estratégica porque sirve como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano), teniendo como nodo central el Parque Nacional Nudo de Paramillo.

El control territorial de este parque natural resulta importante por la extensa red de conexiones terrestres y fluviales que ofrece, entre otras cosas, porque conecta zonas de cultivos y centros de producción y acopio de clorhidrato de cocaína con rutas de transporte y puntos de exportación. 

En el sur de Córdoba, desde el año 2017, el conflicto se ha escalado no solo por la ausencia de un actor armado hegemónico que controle y regule los mercados ilegales o lograr acuerdos, sino, también, por la presión permanente que el Ejército y la Policía han ejercido en operaciones conjuntas.

Un ejemplo de los acuerdos que, para distribuirse el control de la región, han hecho anteriormente los diferentes actores armados fue reseñado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Según la FIP, “Verdad Abierta tuvo acceso al documento de septiembre de 2013 que contiene la relatoría del encuentro que sostuvieron los frentes 5, 18 y 58 de las FARC, que operan en las regiones de Antioquia y Córdoba, para organizar el funcionamiento del área del Nudo de Paramillo. Los jefes establecieron en dicha reunión, que los acuerdos a los que se llegara con “los bandidos” se debían respetar e imponer su cumplimiento. Además, la alianza debía estar sustentada en normas que determinaban la relación con el clan del Golfo: “no comprometernos con nada que no podamos cumplir, no permitir su presencia en áreas de control nuestro, comprometerlos a que nos suministren información [...] material de guerra, abrirnos paso en las zonas que tenemos por recuperar, pagar el impuesto por las propiedades y parar la compra de tierras en áreas de nuestro manejo”” (FIP, 2016).

Además de la ausencia de un actor hegemónico, el conflicto en el sur de Córdoba se ha escalado debido a la presión permanente que viene ejerciendo la operación policivo-militar Agamenón II en Úraba, la zona de retaguardia estrategica del Clan del Golfo. Esta fuerza conjunta les ha propinado importantes golpes a su línea de mando y a sus finanzas, obligándolos a trasladar gran parte de sus operaciones criminales a la región del San Jorge.

Esto ha producido importantes efectos humanitarios como desplazamientos forzados, aumento de la extorsión, El asesinato de nueve líderes sociales (ocho de los 17 asesinados en el Caribe durante 2018 y uno de los cinco asesinados en lo que va de 2019) y explicaría el reciente aumento de la violencia en Montelíbano, como lo contó La Silla Caribe.

En este sentido es importante preguntarse por qué esta subregión no ha logrado superar la violencia directa.

Una hipótesis se encuentra en las pésimas condiciones socio-económicas en las que viven sus habitantes, que hacen que la ilegalidad se presente como un medio de satisfacer las necesidades básicas y de moverse socialmente, ya que en muchos casos los actores armados ofrecen seguridad, empleo y administran la Justicia ante la ausencia estatal, especialmente en las zonas rurales.

Lo que debe entenderse es que la violencia en el sur de Córdoba tiene un fuerte transfondo social que se enmarca dentro una marcada debilidad institucional en un departamento con elevados niveles de corrupción en el sector público.

Estos problemas que no se van a resolver sólo con más presencia militar, si paralelamente no hay una intervención estatal integral que fortalezca a los gobiernos locales, empodere a la sociedad civil y promueva la creación de circuitos economicos legales.

De no hacerse esto, seguiremos pedaleando en una bicicleta estatica, esperando el reinicio del círculo vicioso: arme-victimización-represión estatal-rearme….

En 2019, el avance de la Fuerza Pública en Úraba y el Bajo Cauca, sin una intervención integral del Estado podría hacer que la conflictividad se traslade desde el Sur de Córdoba hasta los municipios costeros de Sucre.

 

Bibliografía

Velez, Carmenza (2016). Institucionalidad socavada. Justicia local, territorio y conflicto. Subregión sur de Córdoba. Bogotá: Fundación Ideas para La Paz.

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