Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

En el 2019 fueron asesinados 15 líderes sociales del Caribe

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor de la Universidad del Norte.
22 Seguidores6 Siguiendo

0 Debates

58 Columnas

Columna

1

0

15 de Enero de 2020

<p>En el 2019 las dinámicas de violencia en contra de los liderazgos sociales se mantuvieron activas en el Caribe colombiano, saldando el año con 15 líderes asesinados en 6 departamentos de esta región.</p>

<p>Pero antes de analizar esta situación es necesario que las organizaciones sociales y académicas que registran estas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, definamos con rigurosidad una caracterización de quién es y quién no es líder social, esto con el fin no sólo de tener una cifra real de estas víctimas sino que además podamos hacer análisis efectivos sobre los territorios, los motivos y los victimarios, de otra forma seguiremos haciendo lecturas erróneas o parciales sobre esta práctica criminal.</p>

<p>Esta propuesta se fundamenta en la posibilidad que tuve de triangular informaciones con organismos internacionales y trabajo de verificación en terreno con comunidades afectadas, encontrando que algunas organizaciones sociales y comunidades han aprendido que al asignar la categoría de líder a sus muertos (asesinados) se activa algún tipo de reacción institucional y mediática y eventualmente podrán exigir algo de justicia, de lo contrario su muerto no existe.</p>

<p>En este sentido, la disparidad en las cifras de los de diferentes listados puede conducir a enfoques equivocados en el abordaje de esta situación ya que las políticas públicas pueden dirigirse a territorios o comunidades que no las necesiten.</p>

<p>Por lo anterior, se propone la definición de la ONU sobre defensores de DDHH, ya que en la práctica los líderes sociales defienden los derechos de sus comunidades o de los miembros de sus organizaciones. Durante 2019 en el Caribe colombiano los asesinatos de líderes sociales se concentraron en Bolívar (en su zona sur) con 6 casos, Cesar 2, Córdoba 2, La Guajira 2, Magdalena 2 y Sucre 1.</p>

<p>Con estas cifras es posible afirmar que el año anterior la violencia homicida ejercida en contra de los liderazgos sociales no se debió a competencias armadas por el control de territorios (como sucedió el 2018 en el Sur de Córdoba) ya que la subregión más afectada fue el Sur de Bolívar en donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN pactaron una paz mafiosa, es decir, en este caso la violencia se dirige contra los líderes o individuos que alteren o amenacen alterar los ordenes sociales establecidos por los actores armados.</p>

<p>Algo así sucedió en el Magdalena, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, por parte de los entonces Pachencas (hoy Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada).</p>

<p>En el caso del Sur de Córdoba una de las dos subregiones disputadas en el Caribe (la otra es la SNSM), disminuyeron los homicidios pero aumentaron los desplazamientos y amenazas, esto podría deberse a que los actores armados no quieran pagar el alto costo político y la eventual reacción mediática e institucional que representa el asesinato de un líder por lo cual estén utilizando otras modalidades de violencia. Esto se evidenciaría en el hecho de que ningún actor armado se adjudicó públicamente alguno de los 15 asesinatos.</p>

<p>En el 2020 si se mantiene la tendencia, los territorios (especialmente rurales) en los que los líderes sociales correrían más riesgos son aquellos con presencia activa de actores armados y en los que se espera que la respuesta institucional sea integral, es decir no sólo en términos militares sino fortaleciendo las capacidades administrativas, judiciales y fiscales de las administraciones locales y también preventiva, entendiendo que debe anticiparse a los hechos violentos y no sólo reaccionar cuando esto sucede y de acuerdo a la presión mediática.</p>

<p><strong>En este sentido se propone:</strong></p>

<p>1- El gobierno nacional y los gobiernos locales deben promover campañas en distintos medios de comunicación resaltando el valor de los lideres sociales y la importancia de su actividad.</p>

<p>2- Instar a la Fiscalía y la Procuraduria General de la Nación a presentar periódica y públicamente los resultados de sus investigaciones en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), normados por la Ley 1148 del 2011 y deben presididos por los Alcaldes de cada municipio del país. Igualmente la Procuraduria debe emitir una circular ordenando que en los municipios donde haya procesos penales que investiguen amenazas y victimizaciones contra líderes sociales se publiquen estos informes de manera periódica comunicando los avances de cada proceso penal y/o disciplinario en el marco de estos CTJT que según la ley deben reunirse por lo menos cuatro veces al año.</p>

<p>3- Fortalecer con mayores recursos humanos y financieros a la Unidad Nacional de Protección, con el fin de disminuir los largos tiempos de sus procesos internos.</p>

<p>4- Involucrar activamente a los alcaldes y gobernadores de municipios y departamentos en los que esta problemática es critica con el fin de formular políticas públicas con enfoque territorial especifico, teniendo en cuenta las capacidades institucionales reales de dichas administraciones.</p>

<p>5- Tener en cuenta las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, con el fin de articular la institucionalidad territorial con el objetivo de prevenir o anticipar la violencia que se ejerce en contra de los liderazgos sociales y establecer protocolos de rápida evacuación humanitaria en aquellos casos de extrema gravedad.</p>

<p>6- No desligar la seguridad de los lideres de la agenda de desarrollo local integral, entendiendo que existe una relación directamente proporcional entre ambos temas.</p>

<p>7- Establecer una coordinación del Estado nacional, regional y local para construir planes de acción integral con objetivos de mediano y largo plazo (varias administraciones) que posibiliten la creación de circuitos económicos legales, el fortalecimiento institucional y la articulación y cualificación de la sociedad civil en la Sierra Nevada de Santa Marta y los sures de Cesar, Bolívar y Córdoba.</p>

Interactiva: