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Por Laura Sofía Matiz · 11 de Marzo de 2019

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Las notas de Cablenoticias y Semana sobre el pronunciamiento de Human Rights Watch en el que indica que el presidente Iván Duque ascendió a generales vinculados a falsos positivos son ciertas.

El informe asegura que el presidente Iván Duque ascendió y nombró en puestos clave del Ejército a nueve generales presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales. También indicó que tres de ellos están siendo investigados directamente por la Fiscalía, y en los toros seis casos investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo su mando.

Entre los generales implicados están Jorge Enrique Navarrete, Raúl Antonio Rodríguez, Adolfo León Hernández, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez, Raúl Hernando Flórez, Miguel David Bastidas, Marcos Evangelista Pinto y Nicacio Martínez Espinel, a quien Iván Duque nombró comandante del Ejército en diciembre.

En marzo de 2005 Martínez, como segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, firmó un comprobante de pago de un millón de pesos a un informante que dio datos que permitieron “excelentes resultados” en dos operaciones militares. Una de ellas, según un juez, fue el asesinato extrajudicial de dos personas.

Se trata de la muerte de dos personas que la Brigada reportó como “NN” miembros del frente 59 de las Farc muertos en combate.

Pero en 2011 un juzgado certificó que fueron dos ejecuciones extrajudiciales de miembros de comunidades indígenas, y que la Brigada no tenía documentos sobre el combate, pues no tenía constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento.

La denuncia de Human Rights Watch incluye que otros documentos que Martínez Espinel firmó para legalizar pagos a informantes tienen inconsistencias: en dos informes las fechas de las operaciones no concuerdan y en otros cuatro, los nombres y cédulas de los informantes no coincidían.

Aunque la organización acepta que no sabe si otras de esas bajas fueron ‘falsos positivos’, denunció que el General pudo haber conocido detalles de esas operaciones.

En respuesta, ayer el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, defendió al Comandante y aseguró que en el momento de firmar los pagos a los informantes pudo haber sido engañado.

“Tengo en mis manos certificaciones del mes de diciembre, donde no consta que (el general Nicacio Martínez) tenga ninguna investigación abierta por la Fiscalía General de la Nación, ningún proceso en curso en ningún juzgado, ninguna resolución de acusación, muchísimo menos una sentencia condenatoria”, indicó en entrevista en Blu Radio

José Miguel Vivanco, representante para las Américas de HWR, respondió:

“No hemos dicho que existan investigaciones de la Procuraduría o la Contraloría en contra del general Martínez Espinel”, aseguró Vivanco en entrevista con Semana. “Lo que hemos dicho y documentado es que hay evidencias muy preocupantes que exigen que, como mínimo, el general de explicaciones públicas sobre su posible rol en las 23 ejecuciones extrajudiciales cometidas cuando era subcomandante de la Décima Brigada Blindada”.

Ante las acusaciones en su contra, Martínez Espinel aseguró que era inocente y que dejaría el proceso en manos de la justicia. “Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado. Confiamos plenamente en las autoridades y la justicia colombiana y al día de hoy no he tenido ningún llamado de alguna autoridad”, aseguró ante la prensa en un foro que se adelanta en Neiva, Huila.  

Además de eso, efectivamente, Human Rights Watch se refirió a otros generales ascendidos por Duque:

  • Jorge Enrique Navarrete, jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza.. Como segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008, también tiene señalamientos por haber aprobado pagar dos millones de pesos por información sobre “dos terroristas” que, años después, un juzgado determinó que habían sido reclutadas de otra ciudad y que fueron ejecutadas extrajudicialmente. La organización también aseguró que Navarrete está siendo investigado por la Fiscalía por tener relación con paramilitares.

  • Raúl Antonio Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Durante 2005 y 2006, fue comandante del batallón La Popa, en Valledupar y parte de la Décima Brigada Blindada. Según HRW, la Fiscalía está investigando 21 ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa. En uno de esos casos, el batallón informó la baja de tres combatientes que, en un informe firmado por Rodríguez, aparecían como dados de baja porque “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”. Sin embargo, en 2014 se supo un juez de Valledupar condenó a un teniente y un sargento por esos homicidios, que resultaron ser falsos positivos.

  • Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano. El nuevo comandante de la unidad especial que opera en el Catatumbo está siendo investigado por la ejecución de un agricultor que tenía una discapacidad mental. En marzo de 2008, cuando Villegas era comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, soldados habrían asesinado al agricultor y lo habrían reportado como un combatiente de las Farc. Por los hechos, se dictó una orden de captura contra el General en diciembre de 2016.  Sin embargo, las órdenes de captura se suspendieron por uno de los decretos del componente de justicia del Acuerdo de Paz, que da trato equitativo a los militares. Villegas es uno de los militares que se acogió a la JEP y el 6 de febrero de 2018 firmó el acta de sometimiento. De acuerdo con El Espectador, en la última diligencia que tuvo, un juzgado determinó que la Corte Constitucional debe definir una entidad que siga con el caso.

  • Adolfo León Hernández, comandante de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. La Fiscalía está investigando siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008. En una de ellas, soldados informaron que dieron de baja a un “enemigo en combate”. Un radiograma firmado por Martínez indica que en el hecho murió un “NN”. En 2013, un soldado y un teniente fueron condenados porque esa muerte fue una ejecución extrajudicial.

  • Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles. El nuevo comandante de la unidad espacial para el Bajo Cauca fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre julio de 2006 y diciembre de 2007. Según dice HRW que ha documentado la Fiscalía, en ese período hubo 22 presuntos homicidios cometidos por soldados bajo su mando.

  • Raúl Hernando Flórez, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento en Bogotá.  Fue comandante del Batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante aparte del 2008, año en el que ocurrieron cinco ejecuciones que la Fiscalía investiga y están atribuídas al batallón. En 2014, un juez condenó a cinco soldados del batallón por el asesinato de un civil que fue reportado como guerrillero muerto en combate. Determinó que nunca hubo un enfrentamiento y se sabe que Flórez firmó la orden para esa operación.

  • Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Actualmente está siendo investigado por abusos ocurridos mientras era el segundo comandante del Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez entre 2004 y 2005. En 2017, un fiscal imputó a Bastidas por su presunto rol en 32 casos de homicidio a persona protegida, 14 desapariciones forzadas y diez casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos. Para final del año pasado, Bastidas solicitó acogerse a la Jep.

  • Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Décimo Tercera Brigada, en Bogotá. Durante 2006 y 2007, fue comandante del batallón Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada. Fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón el primero de esos años, y 22 en el segundo.

    Pinto también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada, con sede en Pitalito, entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. La Fiscalía abrió investigaciones por 18 ejecuciones al parecer cometidas por soldados del batallón en 2008.

    En este caso se repite la historia: Pinto firmó un pago a un informante por datos sobre “enemigo” que fue asesinado y después se supo que era un falso positivo. En 2015, la Fiscalía lo interrogó a Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena y actualmente el caso sigue abierto.

    Como ya lo habíamos contado, el diciembre de 2018, la Jep recibió un informe de un colectivo de abogados en que se solicita que se llame a versión voluntaria a Pinto para esclarecer una las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón Magdalena y  por Batallón Atanasio Girardot.

     
     

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