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Abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió matrícula de honor por promedio académico (2012), fue eximido de presentar preparatorios por desempeño académico durante la carrera (2014), su tesis de pregrado titulada “Las aguas residuales en la jurisprudencia del Consejo de Estado: Periodo 2003-2014” fue publicada y recibió la mención aclamatoria por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho (2015). Es Magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia, estudios que curso gracias a una Beca que le otorgó esa Casa de estudios, su tesis de maestría titulada: "El activismo judicial y su impacto en la construcción de políticas públicas ambientales. Análisis de caso en el Derecho Jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado" fue publicada como libro de investigación. Actualmente es Miembro del Semillero de Talentos de Colfuturo, Columnista, Miembro del Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España), estudios que cursa por la obtención de una beca integral. Twitter: @LuisFelipeG19
El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver los problemas jurídicos.
Columna
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En este paper analizaremos el concepto de participación ciudadana a próposito de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional en materia del proceso de delimitación de los páramos en Colombia. De igual forma discerniremos en torno a los cánones exigidos en esta providencia judicial, ¿surge una consulta ambiental obligatoria?.
Columna
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Una de las tareas pendientes del Gobierno Nacional es diseñar la arquitectura financiera que lleven a la financiación sostenible del posconflicto ambiental, los recursos son escasos en las zonas más afectadas con el conflicto armado durante décadas y se requieren inversiones determinantes en conservación y restauración ambiental.
Columna
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El campo colombiano ha sido el campo de batalla de las competencias administrativas en los distintos niveles, resulta necesario hacer un análisis de la nueva institucionalidad en materia rural y agraria en un esecenario de pos acuerdo, pos conflicto, paz y reforma rural integral.
Columna
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Resulta necesario plasmar algunos interrogantes de índole jurídico del futuro de la industria minera en el país luego de realizada la consulta popular en Cajamarca (Tolima) el pasado domingo 27 de marzo, donde sus habitantes votaron No a la minería en su territorio.
Columna
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El Catastro de Colombia fue concebido con un único objetivo,el fiscal. Operá con una ficha catastral desde 1984 vieja y vetusta para el crecimiento del país,siendo un obstáculo para el desarrollo rural. Surge el Catastro Multipróposito como eventual solución,en este corto ensayo se analizarán sus retos y oportunidades para el campo colombiano.
Columna
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Conocidos los resultados del #Plebiscito2016 resulta necesario reflexionar sobre ello y por ende plantear algunos cuestionamientos, ¿y ahora qué?.
Columna
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Es relevante hacer un corto análisis del principio democrático en la construcción de paz, específicamente en los Acuerdos Agrario & Drogas Ilícitas y en el desarrollo del plebiscito.
Columna
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La Sentencia C-398/16, proferida hace unos días, impone una serie de obligaciones para las autoridades administrativas en materia minera y reafirma el activismo de la Corte en este tema.
Columna
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En este corto escrito se analiza el concepto de desarrollo rural y el papel de la sociedad civil en su implementacion, teniendo en cuenta el punto agrario del Proceso con las Farc.
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Conocidos los resultados del #Plebiscito2016 resulta necesario reflexionar sobre ello y por ende plantear algunos cuestionamientos, ¿y ahora qué?.
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El Catastro de Colombia fue concebido con un único objetivo,el fiscal. Operá con una ficha catastral desde 1984 vieja y vetusta para el crecimiento del país,siendo un obstáculo para el desarrollo rural. Surge el Catastro Multipróposito como eventual solución,en este corto ensayo se analizarán sus retos y oportunidades para el campo colombiano.
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Resulta necesario plasmar algunos interrogantes de índole jurídico del futuro de la industria minera en el país luego de realizada la consulta popular en Cajamarca (Tolima) el pasado domingo 27 de marzo, donde sus habitantes votaron No a la minería en su territorio.
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El campo colombiano ha sido el campo de batalla de las competencias administrativas en los distintos niveles, resulta necesario hacer un análisis de la nueva institucionalidad en materia rural y agraria en un esecenario de pos acuerdo, pos conflicto, paz y reforma rural integral.
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Una de las tareas pendientes del Gobierno Nacional es diseñar la arquitectura financiera que lleven a la financiación sostenible del posconflicto ambiental, los recursos son escasos en las zonas más afectadas con el conflicto armado durante décadas y se requieren inversiones determinantes en conservación y restauración ambiental.
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En este paper analizaremos el concepto de participación ciudadana a próposito de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional en materia del proceso de delimitación de los páramos en Colombia. De igual forma discerniremos en torno a los cánones exigidos en esta providencia judicial, ¿surge una consulta ambiental obligatoria?.
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El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver los problemas jurídicos.
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Las decisiones de la Corte Constitucional representan un factor determinante en la politica minera del país. Este fenomeno de "activismo judicial" es una práctica reiterada de los tribunales para garantizar el desarrollo sostenible de los territorios e imponer algunas determinantes a la actividad extractiva.
Columna
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En este corto escrito se analiza el concepto de desarrollo rural y el papel de la sociedad civil en su implementacion, teniendo en cuenta el punto agrario del Proceso con las Farc.
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La Sentencia C-398/16, proferida hace unos días, impone una serie de obligaciones para las autoridades administrativas en materia minera y reafirma el activismo de la Corte en este tema.
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