Por Jineth Prieto · 21 de Agosto de 2017

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La participación en política de la familia del condenado exalcalde Ramiro Suárez en Cúcuta ha sido uno de las constantes en la capital de Norte desde que él fue recluido en La Picota por su participación en el asesinato de un abogado. 

Primero, su hija mayor, Paola Suárez, hizo campaña en 2015 al pie de su ahijado político, César Rojas; más adelante, cuando se definió el gabinete, su esposa Omaira González fue designada en la Secretaría de Posconflicto; y ahora, su hija menor, Eimy Suárez González, empezó a figurar como contratista de la ciudad. 

La salida del anonimato de Eimy se concretó en mayo pasado cuando su nombre apareció en una de las firmas que integraron la Unión Temporal que se ganó con un contrato por  $4.750 millones para formular el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la ciudad.

 

Aunque una vez se conoció que ella hacía parte de esa sociedad la Procuraduría intervino debido a que la hija de Suárez estaba inhabilitada para contratar con la Alcaldía porque su mamá es secretaria de despacho, y eso obligó a que se revocara ese contrato y se lanzara un nuevo concurso que concluyó con la vinculación de un nuevo contratista, La Silla encontró que en la práctica la injerencia de la familia del condenado exalcalde sigue siendo la misma. 

El nuevo contratista y el empujón de la Alcaldía

El ganador del nuevo concurso fue la Unión Temporal Planeando Cúcuta, sociedad que integraron Rubén Darío Belloso Ramírez y Asesoría e Interventoría Empresarial Especializada SAS.

Ambos contratistas tienen récord en Cúcuta.

A pocos días de que se firmara el inicio del contrato, La Opinión reveló que Belloso, quien es conocido por ser un contratista de obras civiles en la región, tenía problemas con la ejecución de una obra en el Acueducto de la ciudad. 

Según dijo el diario local, Belloso está intentando que le paguen una cuenta de cobro por $689 millones, pero los recursos no se los han desembolsado porque la interventoría encontró inconsistencias en la ejecución de la obra.

Eso puso en alerta a los gremios, que de paso anunciaron que le pondrían la lupa al POT.

Sin embargo, y aunque el socio de Belloso generó menos ruido, es igual de particular.  

La firma con la que formó la Unión Temporal es la misma que se ganó un contrato de $3 mil millones para hacer las interventorías de varios contratos de la Secretaría de Educación el año pasado.

Ese proceso resultó llamativo por dos razones. La primera porque cerró con un solo oferente pese a lo común de su objeto, y la segunda porque esa empresa (representada legalmente por Martha Sánchez) se creó solo hasta el 6 de mayo del año pasado, es decir, 18 días antes de que la Alcaldía abriera la convocatoria para entregar los $3 mil millones de las interventorías.

Con ese historial fue que esa unión temporal se presentó al segundo concurso del POT en Cúcuta en medio de un proceso que también tuvo su propias particularidades. 

Por ejemplo, La Silla encontró que sin que mediara una explicación técnica, la Alcaldía decidió modificar las condiciones de experiencia (un aspecto clave que define el perfil del contratista) y pasó de solicitar experiencia específica en planeación territorial, a ningún tipo de especialidad.

Como en su lugar lo que pidió que fue que los interesados hubieran contratado montos altos, la Alcaldía les dio el empujón a Belloso y su socio y los habilitó para ejecutar el contrato, quienes de otra manera hubieran quedado descalificados por no tener ningún tipo de experiencia en el objeto que van a ejecutar.

La Silla encontró que a la postre, el contrato con el que la sociedad Belloso -Sánchez certificó su experiencia fue el mismo de las interventorías de educación que la Alcaldía de César Rojas le había dado algunos meses atrás.

Le preguntamos al secretario de Planeación, Orlando Joves, por una explicación al respecto, pero no respondió las preguntas pese a que solicitó que se las hiciéramos a través de WhatsApp y las leyó.

Los mismos con otro nombre

Pero más allá de las condiciones que sirvieron para que Belloso y Sánchez se quedaran con el contrato, hubo un hecho que evidenció que con la nueva adjudicación, la Alcaldía de Cúcuta lo único que hizo fue cambiar los nombres de los contratistas y que Belloso y su socia a la final solo habrían servido como fachada.

La Silla revisó el personal que fue allegado por esa unión temporal y evaluado por la Secretaría de Planeación y encontró que es idéntico al que le sirvió al consorcio de la hija de Ramiro Suárez para quedarse con el contrato.

La mayoría de nombres tienen en común que hacen parte de Gestión Territorial Ltda, firma que tenía el 5 por ciento de participación en el contrato revocado, y en varios casos son profesores de la Universidad del Rosario en la facultad de Gestión y Desarrollo Urbano, la carrera que Eimy Suárez estudió en ese campus.

La similitud es tanta, que incluso encontramos que en la calificación del personal sigue apareciendo el nombre de Eimy Suárez como parte del equipo y que en lo único que cambia la evaluación del primer consorcio con respecto al de Belloso es en el puntaje final.

 

Tras conocer los dos informes, el secretario de Planeación le dijo a La Silla que debía tratarse de un error porque “la señorita Suárez no pertenece al grupo consultor”.

Sin embargo, hay otro hecho que refuerza la posibilidad de que la hija de Suárez sigue estando detrás del contrato del POT.

Eimy Suárez apareció la semana pasada en una reunión que fue citada por la Secretaría de Planeación en la Cámara de Comercio de Cúcuta para iniciar la socialización del POT con los gremios. 

Dos fuentes que estuvieron allí le dijeron a La Silla que ella además llegó con Juan David Cruz Guzmán, el representante legal del consorcio que se ganó el primer concurso y de Suárez y Cruz Urbanos SAS.

La Silla revisó a Cruz y también encontró que él y la hija de Ramiro estudiaron juntos en la Universidad del Rosario la misma carrera, que publican fotos juntos constantemente en redes sociales y que se definen a sí mismos como mejores amigos.

Y aunque el mejor amigo de la hija de Ramiro Suárez tuvo que renunciar a quedarse directamente con la formulación del POT, La Silla encontró que a través de su empresa, en la que según la Procuraduría tiene parte Eimy Suárez y por esa razón estaría inhabilitada para contratar con la Alcaldía de Cúcuta, ha recibido al menos dos contratos más en la administración de César Rojas: uno por $150 millones para el arreglo de parques en diciembre, y otro por $54 millones para la dotación de los chalecos de empleados y funcionarios de la Alcaldía.

Eimy Suárez, quien desde abril de convirtió en contratista de Corponor (la CAR regional), no le quiso explicar a La Silla su rol en la formulación del POT y en su lugar dijo que podía usar su “derecho a no responder” y después colgó.

Por su parte, el secretario de Planeación, excusó la asistencia de la hija de Ramiro Suárez a la reunión de la Cámara en que ese era un evento público y cualquier persona podía asistir. 

De cualquier manera si algo queda claro es que a pesar de la advertencia de la Procuraduría, César Rojas sí metió indirectamente las fichas de su padrino -el condenado Ramiro- en la formulación del POT.

Habrá que ver el resultado de ese documento, que se encargará de definir la expansión de Cúcuta y quiénes se beneficiarán con ella en los próximos años.

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