Por Jineth Prieto · 20 de Agosto de 2017

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Luego de una licitación fallida y de una convocatoria exprés, la Gobernación de Santander finalmente adjudicó el viernes a medianoche el millonario contrato para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 82 de los 87 municipios del departamento. El ganador no fue sorpresa. 

Un consorcio integrado por la Corporación Tanai Jawa, firma cuya victoria se empezó a anunciar desde hace al menos dos meses en medio de denuncias sobre presuntos favorecimientos de la administración de Didier Tavera,  se ganó la ejecución de los $32 mil millones que cuesta el programa.

La filtración

El común denominador de los procesos que ha adelantado la administración de Tavera para la adjudicación de los programas de alimentación escolar ha sido las denuncias sobre falta de transparencia

 

Mientras que durante su primer año y una parte del 2017, todos los reflectores se pusieron sobre él y sus funcionarios por la manera en la que adjudicó $75 mil millones a Surcolombiana de Inversiones, una firma que, como lo contó La Silla Santandereana, es famosa en todo el país por haber estado relacionada con el grupo empresarial de los controvertidos hermanos Torrado; en los últimos meses volvió a sonar porque además de que las denuncias sobre presuntos favorecimientos se repitieron, se volvió a filtrar el nombre del ganador.

A inicios de junio, cuando hasta ahora estaba arrancando la licitación para garantizar el suministro de los alimentos a los niños de los colegios públicos Santander, entre el gremio de la alimentación escolar empezó a correrse la voz de que la que ganaría sería la Corporación Tanai Jawa, una firma que desde el año pasado empezó a sonar porque se ganó toda la operación del PAE en Norte de Santander en contratos que le fueron entregados a dedo, y que ha tenido varios problemas de ejecución (ha sido cuestionada por entregar panes con moho, aparecer relacionada con dos episodios de intoxicaciones y por entregar menos raciones de las pactadas).

En ese momento, cuatro fuentes diferentes (tres contratistas y una fuente de adentro de la Gobernación) se comunicaron con La Silla y le anticiparon que por las condiciones bajo las que se había formulado la licitación, todo estaba dado para que ese contratista se quedara con la ejecución.

En medio de las denuncias, algunas de las cuales se movieron en medios de comunicación, la Gobernación decidió acoger gran parte de las observaciones  y eso permitió que se abriera la puerta para que varias empresas concursaran -llegaron tres consorcios-; sin embargo, al final la administración de Tavera decidió declarar desierto el concurso.

Su principal argumento estuvo en que entre los tres consorcios que llegaron a ofertar existió un cruce de versiones sobre la veracidad de los documentos que presentaron para quedarse con el contrato, y que tras hacer una segunda evaluación para verificar los señalamientos mutuos concluyeron que ninguno estaba jurídicamente habilitado para concursar. 

Sin embargo, entre los contratistas quedó la sensación de que la Gobernación declaró desierto el proceso porque Tanai Jawa no iba a la cabeza, y quedaría descartada debido a que para ese momento se presentó como socia de una lavandería que no tenía dentro de su objeto comercial la entrega de alimentación escolar.

“Como ya estaba todo caído no pudieron hacer más y era mejor arrancar la licitación de cero”, le dijo a La Silla un contratista de los que participó. Otros dos dieron una versión similar.

En la Gobernación le dijeron a La Silla que esas versiones no eran ciertas y que la decisión tiene sustento jurídico. David Conde, representante legal de Tanai Jawa, dio la misma versión.

Aún así, fue con ese antecedente que el 7 de julio ese despacho abrió una nueva convocatoria, esta vez exprés debido a la urgencia de entregar la alimentación.

En esta ocasión se presentaron cinco consorcios integrados por 14 empresas para competir por el contrato, pero al igual que en la licitación anterior, las versiones sobre que Tanai Jawa saldría favorecido en la puja aparecieron. 

El colador

A diferencia de ocasiones anteriores, donde las denuncias sobre los presuntos favorecimientos se enfocan en las condiciones para competir, en este caso el colador estuvo en la calificación de los menús.

Básicamente lo que la Gobernación les solicitaba a los oferentes era presentar 21 menús para habilitarse en la competencia, y nueve más que serían calificables y que les servirían para obtener cuatrocientos puntos de los mil posibles en la licitación.

Las denuncias aparecieron con la publicación de la evaluación, que dejó habilitados a dos de los cinco de los cinco consorcios: la Unión Temporal Alimentando a Santander, integrada por Tana Jawa, Ecoservir, y Proalimentos Liber, con el mayor puntaje; y el Consorcio Alimentando Santander, integrado por Eproalco, Estrada y Navarro y Redcom, con el segundo lugar.

Por un lado, el Consorcio Alimentando Santander denunció que aunque fue habilitado, solo le fueron otorgados 599 puntos, sin que mediara explicación. 

“Eso fue un despropósito, si alguien es mal calificado lo mínimo a lo que tiene derecho es a saber por qué y en este caso eso se vulneró”, le dijo a La Silla Rafel Porras, director comercial de Eproalco, una de las integrantes de ese consorcio. “Nos puso en condición de desventaja porque no sabíamos qué teníamos que corregir”.

Mientras en ese lado denunciaban falta de garantías, se conoció otra denuncia relacionada con que el consorcio de Tanai Jawa había soportado su oferta alimenticia en las fichas técnicas de una empresa que ya no funciona y sin su autorización.

La Silla conoció una carta que le fue dirigida a la Gobernación de Santander por Mauricio Suárez, quien se identifica como uno de los accionistas mayoritarios de Ialcol, la dueña de las fichas técnicas denunciadas, y en ella además de que salva la responsabilidad de su empresa, asegura que no será la proveedora de los alimentos.

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El problema de fondo con esta denuncia está en que la oferta con la que el consorcio se ganó la ejecución del programa puede quedarse sin piso técnico porque el proveedor está fuera de circulación, algo de lo que el contratista se defiende diciendo que puede contratar a otro proveedor siempre y cuando respete la fórmula de los alimentos.

Pero más allá de esos reparos, el tiempo que le dejaron a los dos oferentes para corregir los errores de sus propuestas fue lo más particular.
 
El viernes pasado, mientras el reloj ya estaba corriendo en contra para entregar la licitación, a las 2:17 de la tarde la Gobernación de Santander publicó un documento con las correcciones que cada uno de los proponentes debía ofertar.

Si bien, es común que el plazo no sea tan largo, lo llamativo fue que les dio solo 3 horas y media a los dos consorcios para corregir los errores. 

Ese día a las 12 de la noche, cuando publicaron la evaluación final y el acta de adjudicación, quedó estipulado que la Unión Temporal de Tanai Jawa, en sociedad con Ecoservir y Proalimentos Liber, se ganó el contrato y que el consorcio integrado por Eproalco, Estrada y Navarro y Redcom había quedado inhabilitado porque no aportó todas las correcciones en ese tiempo. 

“Eso fue un absurdo, tras de que nos enteramos a última hora de qué había que subsanar, nos ponen a buscar más de 100 papeles en solo tres horas”, le dijo a La Silla Porras, integrante del Consorcio que terminó descalificado. 

Porras, además aseguró que aunque su sociedad intentó conocer el informe que presentaron los ganadores y el viernes solicitó copia de los documentos a la Secretaría de Educación no se los entregaron.

“Si los otros alcanzaron a corregir seguramente fue porque los dejaron ver antes lo que debían hacer o porque no subsanaron a tiempo pero aún así los ayudaron. Esa es la única explicación para que no me dejaran ver el informe”, agregó Porras. “Esto fue crónica de un contrato anunciado. Lo que hicieron fue un monumento a la corrupción y vamos a demandar”.

El secretario jurídico de la Gobernación de Santander, Luis Alberto Flórez, le dijo a La Silla que las denuncias no eran ciertas, que el contrato no estuvo amarrado, que no conoce a los dueños de Tanai Jawa o a alguno de los integrantes del consorcio ganador, y que la administración dio todas las garantías. 

“En lo de las fichas técnicas averiguamos y corroboramos que el registro sanitario está vigente. Aunque hubo una comunicación de un señor, él no es el representante legal de la empresa y no podíamos darle validez de esa manera, y en cuanto a la subsanación, el tiempo fue suficiente para que uno de los dos entregara todos los documentos”, aseguró Flórez. 

Por su parte, David Conde, representante legal de Tanai Jawa y del consorcio, negó conocer a algún funcionario de la Gobernación de Santander, o que la licitación estuviera dirigida a favorecerlo. 

“Es una pregunta ofensiva e impertinente… sin embargo, la respuesta categórica es no, no se ha negociado ni se negociará contrato alguno de nuestra parte”, aseguró.

Con el contrato ya adjudicado, el ganador tendrá la semana que viene para hacer la logística.

La Silla confirmó que aunque solo hasta el viernes a medianoche la Gobernación publicó al ganador, desde hace una semana Tanai Jawa y sus socios ya estaban adelantando los preparativos en las provincias de Santander con proveedores locales.

Así las cosas, el 28 de agosto los niños del departamento volverán a recibir los refrigerios escolares. Será ahí cuando se mida la calidad con la que el nuevo operador, cuyos socios tienen varios cuestionamientos por la ejecución del mismo programa en otras regiones del país, ejecutará los $32 mil millones destinados a los niños más pobres de Santander.

 

 

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