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Tres soluciones y dos pendientes para los conflictos ambientales

Con la creación de los "centros regionales de diálogo ambiental" el Ministerio de Ambiente da tres soluciones, pero deja dos pendientes.

Luis Felipe Guzmán Jiménez
Luis Felipe Guzmán Jiménez
Investigador
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03 de Febrero de 2019

Los conflictos ambientales son una de las mayores problemáticas que enfrentan los Estados, la empresa privada y la sociedad civil. El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver tantos problemas jurídicos.

La creación de los “centros regionales de diálogo ambiental”, que creó el Ministerio de Ambiente en octubre del año pasado, han pasado por debajo del radar de la opinión y pueden ser una respuesta a esta problemática, cada vez más creciente.  

Estas son instancias de facilitación, articulación, participación, cooperación y reflexión para la identificación, priorización y discusión de los conflictos ambientales en el nivel regional. Contempla como pilares para la gestión de dichos centros regionales la gestión del conocimiento, el acceso a la información y la participación.

Un elemento clave de la resolución es que por primera vez establece un concepto de conflicto socio ambiental, (…) tensiones, desacuerdos o confrontaciones respecto al acceso, uso, manejo y protección de la biodiversidad, sus servicios ecosistémico; la distribución de sus beneficios; la implementación normativa y el acceso o desconocimiento de información ambiental”

Otro elemento novedoso es la organización administrativa de dichos Centros Regionales alrededor de las macrocuencas. Por lo tanto, serán cinco centros regionales en Magdalena-Cauca; Caribe; Amazonas; Orinoco y Pacífico.  

Un tercer elemento que surge de la creación de estos centros de diálogo es que buscan ser un verdadero escenario para coordinar a las diferentes instituciones ambientales en los distintos niveles. Ahí confluyen organismos de nivel nacional como el Ministerio de Ambiente o Parques Nacionales, órganos de control como Procuraduría y también a nivel local como las Gobernaciones, la población civil o la academia.    

Pero a pesar de esas novedades, queda la pregunta de si estos centros, que no fungen ni como jueces ni como árbitros, pueden resolver efectivamente los conflictos ambientales en Colombia.  

Como está escrito, estos centro solo podrán “identificar y caracterizar el o los conflictos ambientales que puedan presentarse o se presenten en la Macrocuenca” y “definir estrategias de comunicación” (núm. 3); “recomendar al gobierno nacional la adopción de medidas”.

Las facultades de los centros regionales son redacciones propias de soft law (propia del Derecho Internacional Ambiental) donde el nivel de vinculatoriedad y compromiso que es mínimo. Deberemos esperar que actúen los llamados centros regionales para el diálogo ambiental para poder medir su nivel de eficacia.

Otro elemento que omite el diseño es una fase primaria en la que interactúen las comunidades, la sociedad civil organizada junto a las empresas privadas o actores, que sea previa a la reunión del centro regional para que puedan delimitar el alcance del  conflicto socio ambiental. Y sigue siendo la gran deuda la garantía de los derechos de acceso (información, participación y acceso a la justicia) en materia medioambiental, es decir, justicia ambiental.

Finalmente, considero que los centros de diálogo ambiental serán espacios clave para la prevención de futuros conflictos ambientales y para la construcción de consensos entre los actores, si efectivamente se abordan en el territorio.  Pero quedamos a la espera del diseño de organización administrativa eficaz, que garantice el ejercicio de los derechos procedimentales, es decir, una respuesta a las pretensiones procedimentales de la justicia ambiental en nuestro país.

Los centros regionales no van a solucionar todas las problemáticas que existen en los territorios, esas son tareas administrativas de vieja data que imponen  liderazgo técnico del Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para eso es necesario discernir en reformas estructurales, y no se vislumbran tiempos muy pronto en el sector para ello.

 

Nota:

Quiero recomendar una lectura que pueden ayudar a complementar el debate. «La justicia ambiental en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Especial referencia a la Sentencia T-704 de 2016» en una obra colectiva «La Corte Ambiental» proyecto coordinado por la  Heinrich-Böll-Stiftung.

En dicho artículo de investigación analizamos la justicia ambiental como movimiento que nace en los Estados Unidos en el año 1978, producto de acciones gubernamentales de racismo ambiental, lo cual ha generado un impacto en la aldea global, es decir, un proceso de recepción por parte de los países de sistema romano-germánico y common law.

Este fenómeno no ha sido ajeno a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, por ello en este artículo analizaremos uno de los fallos que la incorporan al orden constitucional, el cual es usado por el juez constitucional para resolver los diversos conflictos ambientales que afronta el país, como el analizado de la Comunidad Indígena Media Luna Dos en el proyecto Comunidad Indígena Media Luna Dos. Contribuye al debate en torno a la justicia ambiental y bueno, a la eficacia de los recién creados centros regionales de diálogo ambiental.

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