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¿Qué hay detrás de las cifras de ataques a la infraestructura petrolera en el país?

Existe una disparidad significativa entre las cifras reportadas por las autoridades sobre los ataques a la infraestructura energética y el seguimiento realizado por organizaciones dedicadas al tema. La falta de claridad, no genera confianza en las instituciones. 

Yessica Prieto Ramos
Yessica Prieto Ramos
Directora Nacional de Investigaciones de Crudo Transparente
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08 de Marzo de 2019

En lo corrido del año, los oleoductos Caño Limón – Coveñas, Transandino y Mansoyá han sido blanco de ataque para fines que van desde las demostraciones de fuerza de algunos actores armados no estatales, hasta el hurto de crudo para el procesamiento de alcaloides y refinación artesanal de gasolina. Estas actuaciones generan impactos negativos en el ambiente, la salud y el modo de vida de las comunidades, las finanzas públicas y de la industria. No obstante, las cifras provistas por las autoridades sobre estos lamentables hechos, no son claras y son motivo de incertidumbre y análisis.     

Según Ecopetrol, durante lo corrido de 2019 el oleoducto Caño Limón – Coveñas ha sido atacado 10 veces; sin embargo, el sistema de alertas de conflictividad armada, social y ambiental asociada a la industria petrolera de Crudo Transparente, reporta 7. Situación similar ocurrió en 2018, de acuerdo a la estatal petrolera ese año cerró con 107 ataques a la infraestructura energética, pero CT solo contabilizó 25. 

La disparidad constante en las cifras, motivó a que el año pasado CT presentará una serie de derechos de petición a Ecoperol y el Ejército Nacional solicitando la desagregación de la información por fechas y lugar de los hechos. Lamentablemente, fueron negados porque según la primera, esa información reposa en las autoridades competentes y existen reservas sobre investigaciones de carácter penal; por su parte el Ejército, respondió que dicha información goza de reserva legal en el grado de clasificación “secreta”.  

En otro momento, CT indagó con representantes de Ecopetrol sobre la cifra de ataques (más de 1.400) reportados por ellos en Caño Limón – Coveñas en varios comunicados. Sin embargo, sostuvieron que no llevaban este registro, que mucha de la información sobre el tema aún no había sido digitalizada y si acaso tenían cifras consolidadas de la última década. Lo mismo respondió la división del Ejército encargada del tema. 

La tesis sostenida por la compañía es que hay que creerle a las cifras que reportan porque primero, la petrolera nacional cotiza en la Bolsa de Nueva York; razón por la cual, está obligada a emitir información veraz; y segundo, porque el tema repercute seriamente en la inversión extranjera directa y en las comunidades. No hay que ir muy lejos para tumbar este argumento, Lehman Brother, uno de los fondos de inversión más importante de Estados Unidos y que cotizaba en Wall Street, manipuló sus indicadores para aumentar los precios de las hipotecas subprime, lo que derivó en 2008 en su quiebra y la crisis económica más grave desde la gran depresión del 29. 

Con lo anterior, no estoy sosteniendo que Ecopetrol manipule la información que emite; lo que afirmo es que creer a ciegas no puede ser la premisa. La falta de claridad sobre las cifras de ataques genera mayor desconfianza en las instituciones del Estado y suscita preguntas. 

Primero, por qué en Colombia son pocos, por no decir nulos, los reportes que se hacen sobre daños en la infraestructura petrolera por fallas del personal o los sistemas a cargo de estas. En su mayoría, todo es atribuido al conflicto armado. Caso contrario sucede en Estados Unidos, donde la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration -PHMSA (de la Agencia de Transporte de los Estados Unidos), encargada de los oleoductos del país, reporta anualmente decenas de fallas en estas infraestructuras por mal mantenimiento o errores en sus operaciones por parte de las compañías.

Segundo, cuál es la efectividad de los batallones minero energéticos, los cuales fueron creados para el cuidado permanente de los oleoductos y otras estructuras de carácter prioritario para el país, y que han recibido contribuciones en equipos por parte de empresas petroleras. Además, los cuerpos de seguridad del Estado, no deberían recibir financiación privada, ya sea bien monetaria o en especie, debido a que esto termina convirtiéndolos, de alguna manera, en cuerpos privados y en Colombia sí que se sabe de las graves consecuencias que esto trae. 

Para finalizar, es claro que los ataques a la infraestructura petrolera, sea el actor que los ejecute, son condenables y sus responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley y la sanción social. Sus consecuencias generan la contaminación de fuentes hídricas, limitan el acceso al agua para las comunidades, afectan ecosistemas, repercuten negativamente en la economía local porque la pesca se suspende y las tierras se contaminan; sumado a que la estatal petrolera debe invertir en la reparación de los daños, cantidades significativas de dinero -solo en el tercer trimestre de 2016, Ecopetrol destinó 25 mil millones de pesos para reparación de sistemas de transporte, retiro de conexiones ilícitas y descontaminación de las áreas afectadas- y las finanzas públicas se resienten significativamente. 

En Colombia no puede seguirse ocultando información de interés general aludiendo a temas de seguridad nacional. Mucho menos, emitiendo datos y cifras que no tienen un soporte real. El conflicto armado generó este tipo de argumentos, pero es imperioso que se modernice la mentalidad y se empiece a divulgar información que nos compete a todos para la toma de decisiones sobre el futuro del país. Mucho de lo que está en juego con el tema de los ataques a los oleoductos, tiene que ver con las negociaciones de paz con el ELN.

Para mayor información sobre el sector hidrocarburos en el país, visite  

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