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¿Paros indígenas o políticos?

Cuando la minoría de los más pobres viola los derechos de un pueblo pobre, quitándole el pan de la boca para botarlo a las alcantarillas. 

José Germán Zarama de la Espriella
José Germán Zarama de la Espriella
Consejero del SENA, periodista y ejecutivo gremial
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15 de Marzo de 2019

Una vez más, el país se sume en la zozobra e incertidumbre de un paro indígena que recurre a las vías de hecho para bloquear las carreteras. Como nativo de esta región andina, me duele esta situación y me siento obligado a hacer una reflexión social. Casi nadie, en estado de cordura, pone en discusión el derecho a la protesta social de unas ancestrales comunidades del suroccidente colombiano. Con contadas excepciones, nadie duda tampoco de la justicia de los reclamos de los sobrevivientes de un avasallamiento étnico y cultural ocurrido hace quinientos años.

Por esta razón nuestra constitución y sistema legal brinda especial protección a las comunidades indígenas. Y yo estoy de acuerdo con la justificación de dicha protección, explicada de manera clara con la afirmación de Lorenzo Muelas, en el libro Resistencia Cultural y pueblos indígenas. Dice el autor citado, constituyente de 1991: "Esos derechos que nos han reconocido, los que llamamos hoy las normas jurídicas legales, las que se encuentran en la Constitución, y en las normas estatutarias u ordinarias, son un soporte del Derecho Mayor, de la Ley de Origen, de la Ley Natural. Pero la base para hacer reconocer esos derechos ha sido esa filosofía, esos principios de nuestra identidad, esa realidad de que nuestros antepasados, gozando o sufriendo, se desarrollaron en nuestro continente durante 10, 20, 30 mil años. Eso es lo que nos hace tener esos derechos."

Pero, volvamos al análisis de justicia social, reconociendo que en la zaga del pueblo colombiano, algunos de nuestros tatarabuelos recurrieron al genocidio. Y después, nuestros tatarabuelos se mezclaron con la sangre de sus víctimas: nuestras tatarabuelas; por ello no es raro, aunque sí irónico, que en estas regiones algunas personas denigren de “los indios”;  pero, si uno pone cuidado al mirar, no distingue el fenotipo del “blanco” del indígena denostado con este calificativo. Tampoco es fácil diferenciar a etnias que hablan castellano y profesan una religión muy similar, además de compartir la mayoría de características culturales. La única diferencia evidente está entonces en las divisiones territoriales de los resguardos y su sistema jurídico. Los derechos étnicos y culturales supuestamente reclamados por una minoría, ameritan desde este punto de vista una revisión.  

Volvamos a la zozobra de la gran mayoría de colombianos, que mencioné al comienzo. Lo que la gran mayoría de ciudadanos rechaza, es que esa minoría beligerante de indígenas amenace los derechos de una inmensa mayoría de sus compatriotas. Podríamos entender mejor esta consternación si constatamos que cerrar la Carretera Panamericana golpea toda la economía nacional, de cuya robustez dependen los erarios públicos. Y estos recursos fiscales generados por una economía dinámica son la única esperanza de reivindicación de los derechos de los manifestantes en cuestión. Las vías de hecho, principio de la violencia que rechazamos de plano quienes creemos en una Colombia democrática, solo llevan a injusticias generalizadas. Y estas injusticias  golpean con mayor crueldad a los más pobres.   

Para llegar a entender cuáles derechos prevalecen democráticamente, centrémonos en el sector poblacional más golpeado por estas “protestas sociales”, aparte de los indígenas caucanos. Los campesinos de Nariño y Cauca, que comparten una estrecha herencia genética y cultural con los cabildos indígenas, son ciertamente los afectados más débiles. Pero estos paros también golpean injustamente a otros compatriotas de estos departamentos marginados del desarrollo, que no son campesinos ni indígenas.

Estos nariñenses y caucanos son empresarios de todo tipo, la mayor parte de ellos microempresarios originarios de un mestizaje social generalizado. Dependiendo de estos miles de gestores económicos identificamos a una masa muy grande de población trabajadora, también mestiza. Para ellos, el cierre de la carretera que comunica con el norte del país, es tan injusto como quitarle el pan de la boca a alguien para tirarlo a continuación al basurero, con el argumento de que sus vecinos dicen estar con hambre.     

De por sí, tras lo señalado, es evidente la insensatez de estas vías de hecho, que terminan convirtiendo a las víctimas en victimarios de la mayoría. Tal insensatez obliga a una respuesta social, para defender a unos y otros, con criterios de equidad y proporcionalidad. Estos criterios se definen con mayor precisión, si se tiene en cuenta que ciertos mensajes transmitidos vía redes sociales por los promotores del paro son claramente políticos, más que indigenistas. Ellos convocan a marchar el lunes 'en apoyo al paro indígena', contra "la guerra de Uribe y Duque"; el miércoles 20, contra el "plan nacional de subdesarrollo"; y a apoyar todos los días a las comunidades que están en las vías nacionales. 

¿Los convocantes son representantes de los derechos ancestrales de los cabildos o pérfidos políticos?... No faltará que alguien, como de costumbre, salga a despotricar contra este columnista. No obstante, yo me reafirmo en defensa de la institucionalidad y de los derechos democráticos. No cabe duda: la democracia riñe con las vías de hecho.     

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