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“El problema de hidroituango es ético”

Hidroituango pasó de ser el proyecto energético más importante del país, a ser una amenaza para el río Cauca y las comunidades de varios municipios. Los problemas de la obra no son recientes y ya se convirtieron en un tema ético 

Yessica Prieto Ramos
Yessica Prieto Ramos
Directora Nacional de Investigaciones de Crudo Transparente
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19 de Febrero de 2019

Hidroituango, se concibió como el megaproyecto de ingeniería de la historia del país y el “milagro” que garantizaría el abastecimiento energético de cerca del 20% de los colombianos a partir de diciembre de 2018. Así lo anunciaron los medios de comunicación y los círculos políticos regionales. Sin embargo, esta obra de ingeniería, tiene en vilo a más de 100 mil habitantes de los municipios de Tarazá, Valdivia, Ituango y Cáceres, en Antioquia, y uno de los principales ríos del país -Cauca- amenazado.

Los problemas de Hidroituango no son nuevos, desde su planificación a finales del siglo XX ha presentado inconsistencias graves. En la administración de Pastrana, se eximió a la compañía dueña de la obra, de la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que permitía evaluar las distintas opciones tanto ambientales como sociales para adelantar el proyecto. Por otro lado, la licencia ambiental ha sido modificada 12 veces y la auditoría de la Contraloría en el 2018, a la Anla y EPM, reveló que este estudio no contemplaba la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia de la obra, tampoco evaluó los ecosistemas estratégicos y los impactos ambientales por el cambio en la calidad del agua. 

Las comunidades, han argumentado en repetidas ocasiones que no fueron debidamente consultadas sobre el proyecto y sus repercusiones. La información disponible sobre la situación es escasa y confusa. Cientos de familias fueron desplazadas de sus tierras en nombre del “progreso”. Líderes sociales han sido amenazados y asesinados, como es el caso de Nelson Giraldo de la organización Ríos Vivos, la cual ha abanderado el proceso de defensa del territorio y se opone rotundamente al proyecto por sus graves consecuencias sociales, ambientales y económicas. Los paramilitares rondan la zona y el miedo abunda entre los habitantes de la región. 

Por otro lado, se ha tratado de minimizar la problemática. Los representantes de la empresa argumentan que la emergencia se encuentra bajo control, y que grupos de diferentes corrientes están manipulando a las comunidades para sobredimensionar la situación y dañar la reputación del proyecto y la compañía. Incomprensible estas afirmaciones por dos razones para mí fundamentales: se continúa en la lógica de creer a las comunidades ignorantes e incapaces de tomar decisiones frente a las situaciones que afectan directamente sus territorios; y dos, afirmar que es más importante la situación de una compañía, que la del río Cauca que recorre el país de sur a norte y representa la principal fuente de ingresos para cientos de familias campesinas y pescadoras; además de su importancia para comunidades indígenas. 

En Hidroituango terminan confluyendo un sinfín de problemáticas que en Colombia no hemos sabido enfrentar en la escena pública por culpa del conflicto armado: la falta de reconocimiento de la naturaleza  como sujeto de derechos y protección; la imposición de sanciones efectivas por delitos contra el medio ambiente; la minería ilegal; la contaminación de fuentes hídricas por la carencia de educación ambiental;  la falta de transparencia en los procesos ambientales; la existencia aún de grupos paramilitares; el desplazamiento forzado; el asesinato de líderes sociales; el desprecio de las élites por las comunidades… Como afirmaría Isabel Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos: “El problema de Hidroituango no es técnico, no es político, ni siquiera es armado […], el problema es ético”. 

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