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Hay que cerrar la frontera

Es importante superar la estigmatización a que fueron sometidas las ZRC y rescatar su enorme potencial como instrumento de gestión del territorio rural en zonas de alta conflictividad.

Luz Amparo Fonseca
Luz Amparo Fonseca
Consultora en Desarrollo Rural y Agrario. Ex viceministra de Agricultura.
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24 de Febrero de 2019

Las bases del plan de desarrollo y el proyecto de ley que propone adoptarlo tienen dos propuestas en el ámbito rural que, aunque se presentan cada una por separado, deben articularse para doblar sus potencialidades.

Se trata, de una parte, de aprovechar la delimitación de la frontera agrícola, recientemente dada a conocer al país por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra, para impulsar una estrategia de ordenamiento productivo mediante una zonificación que promueva el uso eficiente del suelo rural y desestimule los conflictos por sobre o subutilización de éste.

La frontera agrícola nacional señala las áreas de suelo rural en las que se pueden desarrollar actividades agropecuarias y las delimita frente a las áreas en las que no se pueden adelantar este tipo de actividades porque el marco legal las excluye explícitamente.

¿Por qué es importante esta delimitación de áreas?  Por varias y complejas razones. La continua ampliación de la frontera agrícola se ha venido adelantando sobre áreas frágiles y de especial interés ambiental como páramos, selvas y territorios del Sistema de parques naturales nacionales o con alto riesgo de desastre natural y  ha estado asociada a procesos de colonización de campesinos sin tierra o desplazados por la violencia que terminan vendiendo sus mejoras y continuando su camino selva adentro.

En muchas ocasiones el proceso ha involucrado a acaparadores de tierras con fines especulativos y ha sido promovido para adelantar cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales o deforestación ilícita, actividades todas de altísima conflictividad social y muy grave impacto ambiental.

El segundo elemento importante del proyecto es que reconoce la necesidad de actuar para resolver los conflictos sociales y ambientales en torno a los asentamientos campesinos establecidos antes o después de la declaratoria de protección ambiental de los territorios que habitan y para lo cual se obtendrían facultades de negociación para adelantar acuerdos con la población campesina involucrada.

En lo que se refiere a actividades lícitas identificadas, se estaría hablando de 2,2 millones de hectáreas de territorios de protección ambiental, hoy ocupados por la actividad agropecuaria, de los cuales, el 17 por ciento se encuentra en páramos, el 15 por ciento en parques y el 68 por ciento en zonas de reserva forestal.

Con estos referentes, la delimitación de la frontera agrícola representa un avance importante y una condición necesaria para enfrentar la problemática de los conflictos de uso del suelo rural en el país, pero no es suficiente.

Sería necesario “cerrar” esta frontera para impedir la metástasis continua del problema de tierra insuficiente para los campesinos y enfrentar, por esta vía, al interior de la frontera, el reto de cumplir con el mandato constitucional de la función social de la propiedad y el uso eficiente del suelo rural.

En esta dirección, también se requiere de la reglamentación de las áreas de amortiguamiento del Sistema de Parques Naturales Nacionales y áreas protegidas, aún pendiente, para que estos territorios se conviertan en una frontera viva, habitada por los cientos de campesinos colonos, propietarios o desplazados que se encarguen de garantizar su uso sostenible con actividades de bajo impacto ambiental en estas áreas.

Vale la pena rescatar a este propósito la figura de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, creada por la Ley 160 de 1994 para cumplir con los objetivos de estabilizar las comunidades campesinas del país y sus territorios.

En un escenario de acuerdo de paz como el que enfrenta el país, es importante superar la estigmatización a que fueron sometidas las ZRC y rescatar su enorme potencial como instrumento de gestión del territorio rural en zonas de alta conflictividad como las que se han mencionado.

A los propósitos de “cerrar” la frontera agrícola mediante la reglamentación de las áreas de amortiguamiento puede concurrir la política de pago por servicios ambientales de manera que se impulsen actividades productivas de bajo impacto y de transición hacia la custodia de zonas protegidas.

También será necesario ajustar las escalas de la frontera agrícola a niveles municipales, para volver operativa su adopción efectiva.

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