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El riesgo latente del fracking en Colombia

Resulta perturbador e inquietante vivir en un país sumamente biodiverso, el cual sigue insistiendo por mantener ciegamente una economía inviable y absurda que termina por agotar nuestros recursos sin mayor valor agregado.

Daniella Trujillo
Daniella Trujillo
Investigadora del área de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Rural Aplicado del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali
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19 de Abril de 2018

El trágico acontecimiento de derrame de petróleo en el Magdalena Medio, en el que más de 24.000 barriles han contaminado el río Sogamoso y la quebrada Lizama, ha dejado a su paso manchas negras que se extienden aproximadamente 15 kilómetros de largo con 40 centímetros de espesor. Lo anterior, pone sobre la arena pública en entredicho los efectos que trae consigo el impulso desbordado de actividades extractivas en zonas consideradas como idóneas para la extracción de recursos naturales en el país.

Frente a este tema coyuntural para el país, sorprende que algunos de los actuales candidatos presidenciales, como Vargas Lleras y Duque, reiteren en sus propuestas de gobierno la importancia del sector minero-energético para la economía nacional, al punto de posicionarlo como el principal sector que tiende a contribuir al crecimiento económico, haciendo entonces un llamado por fomentar su impulso y mantener una lógica extractiva abierta a la libre inversión.

Se perpetua el extractivismo

El impacto directo que genera el comportamiento de los precios internacionales de materias primas en países que han intensificado la extracción y exportación de sus bienes naturales es cada vez aún mayor, dado el creciente nivel de dependencia de sus economías nacionales al jalonar sectores con poco valor agregado y débil encadenamiento con otras esferas productivas.

En este caso, varios países de América Latina han adoptado un proceso tendiente a la reprimarización de la actividad económica al persistir con modelos de desarrollo basados en el extractivismo; manteniéndose, como apuntan los investigadores argentinos Juan Grigera y Laura Álvarez, a ser por excelencia los proveedores de materias primas según la clásica fórmula de la división internacional del trabajo.

Sin duda, Colombia se ha posicionado como un país minero-energético bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El gobierno de Uribe, buscó por su parte introducir una gobernabilidad minera en aras de ampliar las facilidades para la inversión y explotación extranjera sobre los recursos minerales y de hidrocarburos de la nación. Mientras tanto, Santos no sólo buscó incentivar la inversión extranjera, sino que, además, reordenó la naturaleza de las instituciones de este sector que trajo con ello la reorganización del Ministerio de Minas y Energía, la creación de la Agencia Nacional de Minería –ANM, la constitución de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, entre otros.

Extracción de hidrocarburos en Colombia

Propiamente la extracción de hidrocarburos ha estado influida por el comportamiento incierto de los precios del mercado global. Pese a que las ventas de crudo en el exterior son la principal fuente de divisas del país, ha sido evidente que estos últimos años en Colombia los precios del petróleo han sufrido un considerable desplome tras las marcadas fluctuaciones del mercado internacional, especialmente en lo corrido del año 2015 y 2016.

Según el último boletín técnico del DANE, en febrero de 2017 se exportaron 16.6 millones de barriles de petróleo crudo, frente a 13.7 millones de barriles para el mismo mes en el año 2018, lo que ha representado una caída de 17,8 por ciento. Para febrero de 2018 se detalla que las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 53,5% del valor FOB total (Free on Board), mientras que el sector de manufacturas participó con 21,1%, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas contaron con 21,0%, y “otros sectores” con tan sólo 4,4%.

El informe de la Contraloría General de la República (2013) subraya que desde el año 2008 el comportamiento del sector de minas y petróleos ha incrementado su participación del total del PIB respecto a los demás sectores económicos. No obstante, los estudios de esta entidad advierten que Colombia tiene uno de los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector extractivo. Como tal, se registra que a lo largo de las últimas décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado ha percibido ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos. Así pues, preocupa sobremanera la multiplicidad de exenciones, deducciones y demás descuentos otorgados a las actividades extractivas que impiden que se garantice el usufructo de una renta minero-energética a todas luces equitativa y distributiva.

El arriesgado Fracking

En términos escuetos el “fracking” en español significa “fracturamiento hidráulico”, el cual consiste en fracturar las rocas que se encuentran entre uno y tres kilómetros debajo de la superficie mediante la utilización de agua, arena y sustancias químicas a presión para liberar petróleo o gas.

En Colombia, el gobierno desde el año 2012 empezó a entregar en concesión bloques para fracking alrededor del territorio nacional. De acuerdo con los datos que ofrece el informe de “Mapa de tierras” realizado en el año 2016 por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos –ANH y teniendo como referencia el pronunciamiento del gobierno nacional para ese momento, se identificaron al menos 43 bloques destinados como zonas potenciales para explotar hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales –YNC. Estos bloques se ubicaron principalmente en los departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, Cundinamarca, Tolima y Antioquia.

En el mapa que se presenta a continuación se visualizan 48 bloques de YNC registrados hasta el año 2017 por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los cuales suman aproximadamente cuatro millones de hectáreas del territorio continental. Según esta información, la mayor cantidad de reservas de Yacimientos No Convencionales se localizan en la región de la Guajira, el Magdalena Medio y la zona Andina. Al respecto, debe subrayarse que varios bloques actualmente se superponen con figuras de ordenamiento ambiental y territorial, como es el caso del Parque Natural Chingaza localizado al noreste de Bogotá, los alrededores del páramo de Sumapaz; o como sucede con las zonas de reserva campesina del Valle del río Cimitarra y de Cabrera, y los resguardos indígenas de las comunidades Emberá, Pijao, Wayuú, Nasa, entre otros.

Mapa. Contexto territorial de los Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos en Colombia

Elaboración: Dayver Betancourt a partir de IGAC 2012, ANH 2017, ANT 2017.

Debe precisarse que las áreas disponibles para exploración y producción de hidrocarburos son constituidas unilateralmente por el gobierno. Con la reciente política pública estructurada en 2012 para respaldar el aprovechamiento de los yacimientos, y con los términos de referencia emitidos durante el 2014 para explorar estos bloques, el país ha enfatizado su posición para impulsar proyectos de explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracking. Según Ecopetrol, esta arriesgada apuesta permitiría que se pasara de producir 100.000 barriles diarios a unos 300.000 y 400.000 barriles de crudo liviano.

Ahora bien, los estudios recientes del geólogo Julio Fierro y del grupo Terrae de investigación Geoambiental, apuntan a señalar que la apuesta de fracturamiento hidráulico es riesgosa, en tanto se constituye como una actividad con múltiples efectos sobre el medio ambiente y la sociedad en un contexto poco caracterizado sobre las posibles vulnerabilidades geoambientales, ecosistémicas y sociales.

Estas afirmaciones coinciden con versiones recientes de expertos de la Contraloría General de la Nación al sostener que la política pública que se comenzó a configurar desde 2012 para aprovechar los Yacimientos No Convencionales está basada en información que todavía necesita ser más detallada y que conlleva a realizar estudios sumamente costosos. Puede advertirse, por ejemplo, que el Atlas de Aguas Subterráneas que se viene elaborando desde el año 1996 se encuentra actualmente a una escala 1:500.000 y cubre solamente el 30% del territorio nacional.

Además, se llega incluso a indicar que el desarrollo de esta actividad sin la debida rigurosidad técnica requerida podría conllevar a la violación de los principios constitucionales de prevención y precaución, en particular en lo que se refiere al ambiente sano, la calidad de vida y a evitar las deudas y pasivos intergeneracionales a costa de los recursos del Estado, como añade Julio Fierro.

De acuerdo al informe de la Government Accountability Office –GAO realizado en el año 2012 sobre el manejo de hidrocarburos en Estados Unidos, se menciona que la cantidad de agua promedio utilizada en un pozo para el fracturamiento hidráulico está en alrededor de 19 a 46 millones de litros (lo que equivale entre 7 y 18 piscinas olímpicas).

A este gasto desmedido del recurso hídrico se le suman dos efectos inevitables que conlleva el desarrollo de esta técnica extractiva: por un lado, genera una alta liberación de gases de efecto invernadero: y de otro lado, provoca la contaminación de aguas subterráneas. Este último aspecto resulta sumamente preocupante, entendiendo que el 75% por ciento de los recursos hídricos con los que cuenta el país están en fuentes subterráneas, tal como asegura Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano.

Si bien el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha sido enfático en señalar que sólo se concederán permisos de exploración a aquellas empresas que aducen contar con tecnología de punta, tengan experiencia en llevar a cabo esta técnica de explotación y cuenten con el músculo financiero para llevarla a cabo; estas medidas seguramente resultan ser paliativas frente a los inminentes riesgos ambientales y sociales que supone una técnica que altera las condiciones del subsuelo y la calidad de sus aguas subterráneas.

Aún más preocupante resulta avalar una práctica en un país en el que la explotación del subsuelo no cuenta con un riguroso régimen regulatorio, un sistema tributario diseñado para velar por una distribución equitativa y eficiente de los recursos, ni una sólida institucionalidad pública que brinde criterios técnicos precisos para su correcta implementación y su menor afectación sobre el medio ambiente y las comunidades.

Ilustración: Kevin Nieto

Desde mi perspectiva, resulta ciertamente perturbador e inquietante vivir en un país sumamente biodiverso, el cual sigue insistiendo por mantener ciegamente una economía inviable y absurda que termina por agotar nuestros recursos sin mayor valor agregado.

Por ahora entonces el esfuerzo va dirigido a cambiar lo que muchos dan por sentado sobre temas tan especializados y técnicos, como el fracking. Como diría el antropólogo Levi Strauss, el cambio recae en la transformación del “sentido común” que tienen los individuos sobre las cosas, y por qué no, sobre su manera de entender modelos e ideales de desarrollo. Modelos que indudablemente han sido diseñados bajo lógicas depredadoras que van en desmedro de la sostenibilidad de los ecosistemas y de la integridad de las poblaciones.

Considero así que sería afortunado, en algún momento, que nuestro “sentido común” entendiera lo equivocado de pensar que nuestra economía dependa principalmente de actividades basadas en la exploración y explotación intensiva de recursos cada vez más escasos, sobre territorios cada vez más vulnerables.

Comentarios (1)

Rodrigo Velasco Ortiz

21 de Abril

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Los argumentos esgrimidos son contundentes. El asunto es cómo popularizar esta información, cómo empoderar a las comunidades para que no permitan d...+ ver más

Los argumentos esgrimidos son contundentes. El asunto es cómo popularizar esta información, cómo empoderar a las comunidades para que no permitan daños irreparables de su entorno en beneficio de ambiciosos inversionistas extranjeros. Esta información debe ser ampliada a toda la población para que, al menos con su voto en las elecciones, hagan sentir sus derechos.