Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

El acuerdo rural busca acabar el caldo de cultivo de la guerra

El punto del agro busca principalmente una concepción acerca de las condiciones necesarias para desactivar el conflicto armado, evitar la repetición y construir una paz estable y duradera basada en lograr el equilibrio social, político y económico de los territorios más afectados.

Alvaro Balcázar
Alvaro Balcázar
Ex director Unidad de Consolidación
168 Seguidores0 Siguiendo

0 Debates

1 Columnas

Columna

626

0

31 de Agosto de 2016

El contenido de lo acordado en el punto uno sobre Reforma Rural Integral refleja,  principalmente una concepción acerca de las condiciones necesarias para desactivar el conflicto armado, evitar la repetición y construir una paz estable y duradera basada en lograr el equilibrio social, político y económico de los territorios más afectados. Por tal razón, no agota el ámbito de la política pública para el desarrollo rural y la economía agraria, por cuanto el equipo negociador del gobierno ha tenido claro que hay diversos temas relevantes para las políticas de desarrollo del campo que deben ser tratados y definidos en el proceso democrático y no corresponden a la mesa de negociaciones con las FARC.

De otra parte, el contenido del acuerdo agrario no se puede considerar como un conjunto de concesiones sobre una lista de demandas de reformas revolucionarias presentadas por las FARC en la Mesa de Conversaciones, sino que refleja la construcción conjunta de una visión sobre las transformaciones indispensables para superar las inaceptables condiciones de limitación efectiva de derechos sociales, políticos y económicos que padece la población rural colombiana. Y que se deben lograr con o sin un acuerdo de fin del conflicto armado con las organizaciones insurgentes.

La concepción que refleja la construcción del acuerdo sobre el punto uno, y que se traduce claramente en el contenido del mismo, se caracteriza por:

 

1. La convicción que el fin del conflicto armado representa una oportunidad que tendría el país para acometer las acciones que permitan una transformación fundamental de las condiciones de vida de la población rural, así como para revertir los efectos y corregir los desequilibrios rural-urbanos y territoriales que derivaron de las fallas de presencia integral del Estado en el territorio y que fueron acentuados por la persistencia del conflicto armado.

 

2. El imperativo de garantizar los derechos y el bienestar de la población rural, bajo la idea que el acceso efectivo a los derechos, el bienestar y la prosperidad deben ser posibles en el propio medio rural y no, como ha sido por necesidad, a través de la migración de los campesinos hacia los centros urbanos. Hasta ahora, en la inmensa mayoría de nuestras regiones la migración ha sido el recurso de los campesinos para huir de la pobreza, adquirir capacidades y acceder a oportunidades sustantivas para su progreso social y económico.

 

3. Un enfoque territorial del desarrollo rural, que significa que en el territorio rural deben existir los bienes públicos y los servicios sociales que sustentan integralmente la satisfacción de los derechos, el bienestar y la calidad de vida deseable por la población rural, lo cual implica la construcción participativa de las capacidades institucionales que garanticen la presencia integral y efectiva del Estado en el territorio, como condición para la vigencia del Estado de Derecho y la justa provisión de dichos bienes y servicios, que sustentan la calidad de vida, el arraigo y el bienestar de la población.

 

La participación ciudadana y comunitaria en los procesos de planeación territorial y el ordenamiento productivo del territorio es la concreción de un derecho fundamental a la participación en las decisiones que afectan la vida y el sentido de realización de las personas. El centralismo ha alejado al ciudadano, y sobre todo a la gente del campo, de la institucionalidad del Estado y ha diezmado el reconocimiento mutuo y la legitimidad, pues éste no se siente representado en sus aspiraciones legítimas por el desempeño del Estado.

 

4. Un principio de acceso integral, que significa que el acceso a la tierra es necesario pero no suficiente para el logro del bienestar y la prosperidad de la población rural. Para ello el acceso a la tierra debe venir acompañado de la provisión territorial de los bienes públicos (p. e., seguridad, justicia, vías, comunicaciones, información, etc.), los servicios sociales  (como educación, salud, vivienda y habitabilidad) y los servicios productivos (infraestructura de riego y drenaje, mercados, financiamiento, asistencia técnica, etc.), que en conjunto establecen la plataforma de capacidades sustantivas y oportunidades reales sobre la cuales se construye el progreso material y el bienestar integral de la población rural.

 

5. La razonable convicción que la agricultura y la economía familiar deben ser pilares fundamentales del desarrollo de la economía rural. Esa convicción está sustentada en varios hechos que han sido comprobados:

En primer lugar, las características de diversidad agroecológica y ambiental del territorio colombiano ofrecen espacios económicos para el desarrollo de la agricultura familiar bajo principios de eficiencia y competitividad, como lo ha demostrado el desarrollo de la caficultura de nuestro país, y más recientemente cultivos como el cacao, el caucho y los de frutas y hortalizas.

En segundo lugar, hay espacios de complementariedad entre agricultura familiar y agroempresa que han demostrado aumentar la eficiencia global de las cadenas de valor, al integrar las operaciones de la producción primaria -cuando en pequeña y mediana escala es más eficiente el eslabón agrícola de la cadena- con operaciones de transformación, mercadeo y gestión de recursos técnicos y financieros, que resultan más eficientes en gran escala. Muchos ejemplos exitosos tenemos en Colombia de este tipo de alianzas y acuerdos de integración y complementación. Unos de los más notables son la producción de café y de leche.

En tercer lugar, el desarrollo de una amplia base de economía familiar en el sector rural ofrece un buen potencial para el desarrollo económico de alta calidad y perdurable. La agricultura y las economías familiares tienen un gran potencial para promover la diversificación del tejido económico local, impulsando las economías locales y regionales; lo que es una condición para superar desequilibrios y brechas entre regiones.

 

En tal sentido, lo acordado en el punto sobre Reforma Rural Integral apunta a los siguientes objetivos fundamentales, sobre los cuales hay amplio consenso en el país:

1. Corregir los desequilibrios y las brechas de bienestar y acceso a derechos no solo entre la población rural y la población urbana, sino entre regiones rurales;

2. Lograr la integración regional, social y política del país a partir del desarrollo integral del campo, con énfasis en los territorios más afectados por el conflicto armado y la criminalidad organizada; y

3. Lograr la mayor eficiencia, justicia y sostenibilidad del desarrollo rural integral y la protección efectiva de los recursos naturales.

*Foto de portada: Andrés Bermúdez Lievano