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Colombia, país rural sin plan de desarrollo rural

Analizamos los impactos que tienen las medidas propuestas en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la ruralidad frente a los derechos de la población campesina. La conclusión: Colombia no tiene un plan de desarrollo pensado para la ruralidad

Jhenifer Mojica
Jhenifer Mojica
Fundadora de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales PRODETER
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12 de Marzo de 2019

Identificamos las medidas que considera el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con el campo, el desarrollo rural, la tierra, los campesinos, la agricultura familiar, la mujer rural, y las tierras, y analizamos qué se propone por parte del gobierno del presidente Iván Duque y qué efectos tiene frente a los derechos de la población campesina en el país.

Para facilitar la lectura, agrupamos las medidas encontradas por temas. Encontrará una síntesis de lo propuesto por el gobierno, y a continuación un recuadro con el análisis de los efectos que tiene frente a las poblaciones rurales.

 

Temas relacionados con el campo y la ruralidad

 

Seguridad alimentaria:

- Desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales que integren la producción industrial, por medio de un ordenamiento de la producción.

Críticas e impacto

No es cierto que el desarrollo de la producción agroindustrial aporte a la seguridad alimentaria, ya que está concentrado principalmente en proyectos de exportación de materias primas (forestales, palma de aceite, caña de azúcar para alcohol carburante; maíz y soya para producción de concentrados para animales).

 

Se desconoce el papel importante de la agricultura familiar y de pequeña escala en la producción de más del 50% de los alimentos que consumimos.

 

 

Agricultura:

- Diseñar e implementar un mecanismo de focalización para la política pública de agricultura familiar: construirán mapas de focalización dirigidos a desarrollar la política pública de agricultura familiar, como asistencia técnica, entre otros aspectos. Adicionalmente, en el marco del Registro Social se buscará la interoperabilidad con el Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica Directa Rural (RUAT) y el Registro Nacional de Agricultores Familiares, una vez éste último esté en operación.

Críticas e impacto

Si la única propuesta para la agricultura es diseñar un mecanismo de focalización de política e interoperabilidad de información, realmente no hay política para el desarrollo de la agricultura.

 

No hay medidas concretas de protejan, incentiven o promuevan la agricultura campesina familiar; mucho menos la economía del cuidado.

 

 

Producción agropecuaria con prácticas sostenibles:

- Estrategia para la reconversión de sistemas productivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y climáticamente inteligentes. En materia de ganadería, esta estrategia incluirá el escalamiento de los programas en curso sobre la base de la adopción de la política de ganadería sostenible.

- Igualmente, MinAgricultura, con apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), centros de investigación y gremios agropecuarios, desarrollará modelos productivos agropecuarios con oferta tecnológica y mejores técnicas.

- Estrategia que materialice el cierre y estabilización de la frontera agrícola, que utilice los insumos del Plan Nacional de Zonificación Ambiental que MinAmbiente formule, que incorpore acciones de reconversión y sustitución de actividades, y defina los lineamientos para la creación y adopción de regímenes de transición para la resolución de conflictos socioambientales.

- Estrategia Nacional de Restauración, implementando portafolios regionales de restauración de manera articulada con mecanismos como los PSA, los negocios verdes y las inversiones obligatorias, y promoviendo la restauración productiva en el marco de procesos de formalización, titulación y ordenamiento social de la propiedad. La estrategia deberá priorizar las áreas protegidas, cuencas y ríos estratégicos para el cierre de la frontera agrícola, áreas ambientales estratégicas como el río Atrato y territorios con altas tasas de deforestación. Así mismo, la estrategia deberá facilitar la consolidación de modelos de negocios y cadenas de valor, para el uso de la tierra de acuerdo a su vocación, a partir de la restauración de ecosistemas.

Críticas e impacto

Las medidas son formulaciones de estrategias que deberán diseñarse; no se tienen contempladas metas e indicadores de cumplimiento para estas estrategias; luego no pasa de ser una formulación teórica y no sustancial de medidas que ayuden a superar conflictos socioambientales.

La reconversión productiva, modelos de producción sostenible y el cierre de frontera agrícola son problemas antiguos donde ha corrido en múltiples oportunidades proyectos e iniciativas públicas y privadas. No tiene sentido seguir insistiendo en el modelaje o diseño de estrategias que nunca se consolidan como política, con indicadores e inversión.

La participación de las comunidades no se prevé, salvo en el caso del cierre de la frontera agrícola en donde se anuncia que se realizará de manera participativa, aunque no es clara la manera cómo se garantizará. En el tema de cierre de frontera agrícola ya se vivió una mala experiencia en 2018, cuando la UPRA adoptó la metodología para el cierre de la frontera a escala 1:100.000 de manera unilateral, sin participación de las comunidades ni convalidación en región.

El modelo de restauración se concentra en las cadenas de valor y clústeres; volviendo a dejar a los campesinos en un rol residual, sometido al modelo de alianzas que se pretende imponer.

 

Producción agropecuaria:

- Estrategias para emprendimientos agropecuarios: Promover la creación y fortalecimiento de los esquemas asociativos que tengan una vocación empresarial agropecuaria.

              - Esquemas de agricultura por contrato, como los negocios inclusivos y las alianzas productivas, que facilitan la inserción productiva y comercial de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en cadenas de valor agroalimentarias y agroindustriales

Críticas e impacto

Esta versión del PND tiene un enfoque anti campesino que no reconoce el papel de los pobladores rurales en el desarrollo rural; anula la agricultura campesina, descarta avances que a la luz de la implementación del acuerdo de paz se debían hacer respecto a la economía campesina, economía del cuidado y seguridad alimentaria.

Este modelo de desarrollo agrario centra su estrategia en la inversión privada, la cual hay que facilitar con procesos de saneamiento de propiedad eficientes y bienes públicos hechos a medida del cliente, ya que es la industria privada la que puede generar oportunidades para los pequeños productores; sólo reconoce a los campesinos si se incorporan en la cadena productiva, cediendo sus tierras o adhiriéndose a las empresas agroindustriales mediante el criticado sistema de alianzas.

 

Impulso a la economía forestal:

- Con apoyo de MinCIT, realizar los ajustes institucionales y normativos para el desarrollo de la economía forestal, la consolidación de mecanismos financieros y el fomento de empresas forestales sostenibles, que involucren esquemas de aprovechamiento comunitario de los bosques, tecnificación de plantaciones con especies nativas y encadenamientos productivos.

- Desarrollar la agenda de investigación forestal, con apoyo de Colciencias, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), de centros de investigación, de universidades y de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales. En esta, se incluirá un programa de forestería comunitaria, portafolios de proyectos con iniciativas interregionales y locales, y la promoción de sus usos tecnológicos y biotecnológicos para generar mercados de bienes y servicios de alto valor agregado. Además, se formularán e implementarán diez planes de negocios forestales sostenibles y restauraciones masivas con participación del sector privado y público, y de la sociedad civil.

- Construir una estrategia para garantizar la integralidad de las cadenas de valor de la madera legal y sus manufacturas en el marco del Pacto Intersectorial por la Madera Legal.

Críticas e impacto

La apuesta es por afianzar la cadena de valor forestal, con todos los componentes: seguridad en la tenencia de la tierra, habilitación de tierras de usos forestales para su disposición en estas cadenas, avales y salvaguardas de autoridades ambientales sobre los proyectos, beneficios e inversiones públicas a pedido de los clientes para incentivar el proyecto, modelo de alianzas productivas para justificar la acumulación de tierras de la industria forestal.

Los proyectos forestales son justificatorios de la acumulación de grandes extensiones de tierras; en un país en el que el coeficiente de GINI de desigualdad en el acceso y tenencia de la tierra es de 0.92, promover industrias que acaparen grandes extensiones de tierra es violatorio de los compromisos del Estado Social de Derecho establecido en los artículos 1, 63 y 64 de la Constitución Política.

 

Adecuación de tierras:

- Enfocada en proyectos de gran y mediana escala: por medio de procesos que articulen el desarrollo de su infraestructura con cadenas de valor agropecuarias y promuevan un uso eficiente del agua

Críticas e impacto

Los servicios públicos e inversiones públicas anunciadas para la ruralidad en el PND están atadas a incentivar el desarrollo de los proyectos de gran importancia, o importancia estratégica, que se quieren motivar en materia de agroindustria y clústeres de valor. Esta priorización en inversión no obedece ni al cumplimiento del acuerdo agrario de paz, ni al desarrollo rural integral, inexistente en este modelo de desarrollo, donde el “Campo con progreso” es para unos pocos.  

 

Tierras:

- Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y el ordenamiento productivo habiliten el desarrollo:

     - Barrido predial masivo

     - Planes de ordenamiento de la propiedad

- Desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales

- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) priorizará los territorios afectados por deforestación en la implementación del sistema catastral multipropósito.

- MinAgricultura, el IGAC, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), priorizarán la aplicación del registro inmobiliario de bienes baldíos en estas áreas, evitando su ocupación indebida y el acaparamiento de tierras.

Críticas e impacto

“Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y el ordenamiento productivo habiliten el desarrollo agropecuario y la inclusión productiva y la seguridad jurídica” es el objetivo trazado en el pacto por el campo. Los mecanismos previstos por el PND para la regularización de la propiedad son el saneamiento y el catastro privado. Estas medidas están orientadas a dar legalidad a las situaciones irregulares e ilegales que se presentan en los procesos de adquisición y acumulación de tierras, para generar la confianza inversionista que demanda la inversión privada en los grandes proyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura que se quieren consolidar en los territorios.

En el país hay un desorden de la información catastral y de registro de los predios que ha conllevado a una inestabilidad jurídica en los registros inmobiliarios, nunca se hizo una reforma agraria, y la informalidad en la tenencia de la tierra asciende al 60% de los predios registrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. La falta de un catastro multipropósito y la debilidad de la institucionalidad agraria que incumple sus funciones de regulador de la propiedad de la tierra y de los baldíos, alimentan este caos. Sin duda estamos ante la inseguridad jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra tan temida por los inversionistas, por el Gobierno y por los promotores de los negocios. La solución del PND es privatizar la función catastral, para que empresas privadas al servicio de intereses privados y sustraídos de controles disciplinarios, fiscales y penales, constituyan, organicen, creen y administren el catastro rural.

 

Estabilización territorial:

- Estabilizar los territorios rurales, principalmente en los 170 municipios PDET: La apuesta por el desarrollo del campo colombiano es una oportunidad para la superación de la pobreza y la estabilización de los territorios. Oferta institucional en programas de estabilización: ordenamiento social de la propiedad, infraestructura y adecuación de tierras.

Críticas e impacto

Se ata la política de inversión en los territorios y de los PDET a los antiguos planes de consolidación territorial, hoy llamados “estabilización territorial”. Además de las críticas que entraña el hecho de asignar funciones de política social a las fuerzas militares y del riesgo que ello representa para las comunidades rurales, la propuesta como se vio en los cuadros citados, se limita a lo general: clústeres de valor, seguridad jurídica, ordenamiento apra afianzar modelo de desarrollo.

 

Mujeres rurales:

- Inclusión de mujeres en los planes de ordenamiento (formalización)

- Promover la generación de ingresos para las mujeres rurales a través de una mejora en el servicio de extensión agropecuaria, el acceso a instrumentos financieros, y las condiciones de empleabilidad y emprendimiento

- Ruta de participación de las mujeres rurales que promueva la incidencia en el Sistema Nacional Regional del Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y de Desarrollo Rural (SNRA) y el rol de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CDMR) y los Consejos Seccionales de Agricultura (CONSEA)

Críticas e impacto

Realmente no se propone nada para l mujer rural diferente a lo que ya estaba previsto previamente. El enfoque diferencial se limita a decir que una parte de los “beneficiarios” serán mujeres, más no recoge las necesidades diferenciales de género. Tampoco recoge avances sobre economía del cuidado y otras formas de producción propias de la mujer rural, obviamente porque no encaja en el modelo de cadenas de valor que se pretende imponer.

 

Inversión PND:

- Inversión en el “Campo con progreso” es de 10.616 miles de millones de pesos; en la implementación del proceso de paz: 2.016,2 miles de millones de pesos.

      - Tal como se menciona en el Pacto por la Construcción de Paz, a lo largo del PND se recogen las apuestas por la transformación del campo y la estabilización de los territorios, propósitos en los que coincide con el Plan Marco de Implementación (PMI). En concordancia, el monto total de recursos para la implementación del Acuerdo Final reúne no solo los del Pacto por la Construcción de la Paz, sino también los de los diferentes pactos del Plan Nacional de Desarrollo destinados al logro de los objetivos plasmados en el Plan Marco de Implementación.

Críticas e impacto

Los recursos son muy reducidos para el cuatrienio. No hay recursos nuevos o frescos, se trata de retomar los recursos históricos en la operación ordinaria del sector agricultura. En la práctica el PND no aporta inversión nueva para cumplir con los fines de la reforma rural integral, ya que es inexistente en esta versión de desarrollo.  

 

Paz:

- Plan marco de implementación: sólo recoge 2 metas del “Campo con progreso”: 1. Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras y 2. Áreas con seguro agropecuario.

Críticas e impacto

El PND no cumple con lo pactado en el acuerdo agrario del Acuerdo Final de Paz; no prevé una reforma rural integral, no cumple con el fondo de tierras para la paz, no garantiza el acceso progresivo a la tierra por parte de comunidades rurales, no viabiliza el cumplimiento del Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Reduce lo pactado a un mínimo esfuerzo consistente en titular propiedad mediante procesos de formalización que más obedecen al afán por brindar seguridad jurídica al mercado de tierras necesario para la operación de los proyectos de desarrollo de agroindustria y extractivos que se quieren implementar, que a generar un verdadero mecanismo de redistribución de la propiedad de la tierra.

 

Metas de producto:

- Títulos formalizados en predios privados (24.350); Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras (24.160); planes de ordenamiento social de la propiedad (4).

Críticas e impacto

Los indicadores de producto confirman el mínimo esfuerzo del gobierno de Duque por desarrollar agendas de política rural y agropecuaria, este es un modelo de desarrollo extractivista y rentista, que opta por entregar el campo a la propiedad privada y cruzar los dedos esperando a que estos negocios particulares también traigan desarrollo a los demás. Esto, bajo una dinámica en la que las comunidades rurales están en una situación de extrema desigualdad, implica un enfoque anti campesino del PND.

 

 

Restitución de tierras:

- Se presentará al Congreso el balance de la ley, así como una propuesta de ajuste y actualización, que se someterá al debate correspondiente. Para ello, se deberá contar con la proyección del universo de víctimas, la definición clara de todas las medidas a las que puede acceder esa población y el costo para su implementación.

Críticas e impacto

EL PND no se compromete a prorrogar la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras ni a ampliar su impacto y efectos.

 

 

 


Presidenta de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales- PRODETER. Más info en:

El PND prevé “destinar, al menos, el 50 % de la inversión sectorial hacia la provisión de bienes y servicios públicos”, es decir, la inversión pública al servicio de los intereses privados.

El modelo de alianza productiva no es nuevo en Colombia, de hecho, ha sido impulsado por todos los últimos gobiernos, mostrando experiencias críticas que ponen en jaque el esquema de “alianza”, por la clara desigualdad que hay entre pequeños campesinos y grandes productores, la falta de regulación parte del Estado y la desprotección de los derechos territoriales y productivos de los campesinos. Ejemplo del abuso por parte de las industrias del esquema de alianzas está en el siguiente análisis: “Oleoflores e Indupalma- Corporativismo Empresarial y Relaciones de Poder en El Monocultivo de Palma de Aceite en Colombia”, Oxfam, 2017, consultado en:

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