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¿Para qué glifosato? Aquí hay comunidades

La zona rural de Buenaventura pareciera tener condiciones propicias para la penetración y expansión de cultivos. Sin embargo, esto no ha sucedido, ¿por qué?

María Alejandra Vélez
María Alejandra Vélez
Profesora Facultad de Administración, Uniandes y Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS)
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16 de Marzo de 2019

Esta columna fue escrita junto con Iván Darío Lobo, PhD (Candidate), University College London – Institute of the Americas.

En el último informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) se reportaron 171.000 hectáreas de coca en el país, un incremento del 17 por ciento con respecto al año anterior.

Para combatir este aumento, el gobierno en el Plan de Desarrollo anunció nuevas metas de erradicación forzada y la estrategia de aspersión aérea parece estar de regreso como una opción. Sin embargo, como varias voces le han recordado a Duque, la efectividad de la erradicación forzada está muy cuestionada. La política de drogas, además de enfocarse en los eslabones más fuertes de la cadena, podría mejorarse significativamente recurriendo a las comunidades organizadas y al liderazgo local que pueden prevenir la expansión de los cultivos ilícitos a nuevos territorios.

En nuestras investigaciones financiadas por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), sobre la expansión de los cultivos ilícitos en el Pacífico, donde se concentra buena parte del aumento de los cultivos y donde actualmente se encuentra el 38 por ciento de los cultivos de coca del país, hemos encontrado que las comunidades no son unos actores pasivos.

Por el contrario, existen muchas formas y manifestaciones de resistencia para impedir la expansión de los cultivos de uso ilícito.  De hecho, cuando la resistencia comunitaria es efectiva, se convierte en uno de los factores que puede explicar la contracción de los cultivos ilícitos o, al menos, un límite a la expansión. Es natural que la atención se concentre allí donde los cultivos han crecido. Pero, ¿qué pasa donde, pudiendo hacerlo, la coca no se ha expandido?

La zona rural del municipio de Buenaventura pareciera tener condiciones propicias para la penetración y expansión de cultivos: baja presencia institucional del Estado (incluyendo subprovisión de bienes públicos), condiciones socio-económicas precarias, y proximidad a territorios con coca. Sin embargo, en este municipio los cultivos no se han expandido, como ilustra el mapa publicado por Undoc (pag. 42 del Informe para el 2017).

¿Qué explica este fenómeno? Nuestra hipótesis es que el liderazgo local y la organización y resistencia comunitaria ayudan a explicar las diferencias en la penetración y expansión de cultivos de coca en los territorios.

La resistencia no es una categoría dicotómica. Adopta diferentes formas y, en cualquier caso, es muy costosa para los líderes y los miembros de la comunidad. En una categorización simple encontramos un espectro de tipos de resistencia.

Desde la no movilización de la comunidad porque los cultivos no son considerados una amenaza o porque no hay una historia de organización comunitaria que permita una oposición explícita; hasta acciones avanzadas y resistencia explícita donde la comunidad directamente evita la entrada o expansión de los cultivos a través de vigilancia, la expulsión del territorio de los promotores de los cultivos o mediante mingas (una forma de movilización comunitaria) para la erradicación. En el medio encontramos comunidades que negocian con los actores que promueven los cultivos, poniendo límites a la extensión de cultivos o a su tiempo de permanencia en el territorio.

La efectividad de estas acciones depende de varios factores. Primero, la historia de movilización y organización de la comunidad y el relacionamiento con otras estructuras y niveles organizativos. Segundo, el nivel de riesgo al que está expuesta la comunidad, en particular sus líderes. Tercero, la influencia y legitimidad de los líderes en la comunidad. Este último factor es particularmente relevante. Cuando la resistencia deja de ser la voz de unos líderes particulares y se logra coordinar y alinear con los habitantes de la comunidad, su efectividad aumenta.

El Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, en la zona rural de Buenaventura, ilustra el éxito de la resistencia comunitaria pero también sus desafíos. En 2005 la Asamblea del Consejo declaró un conjunto de principios de conservación ambiental y rechazo a los cultivos de uso ilícito. Estos principios están visiblemente expuestos en las veredas como se puede ver en la foto abajo. En 2007, por decisión de la Asamblea se hizo una minga de erradicación manual para atacar la expansión de cultivos de coca que aparecieron en su territorio colectivo. En ese momento 253 personas de todas las veredas del río se movilizaron para erradicar y quemar 25 hectáreas durante una jornada de tres días.

De hecho, las mingas para controlar la entrada de maquinaria para la minería ilegal de oro en el territorio han sido frecuentes. Estos esfuerzos le valieron al Consejo reconocimiento nacional y el ‘Premio a los mejores líderes 2017’ de la revista Semana. El año pasado una nueva minga de erradicación demostró una vez más la capacidad organizativa de Yurumanguí. No obstante, nada de esto ha estado exento de costos. La necesidad de tener alternativas económicas ha producido fraccionamientos internos impulsados por habitantes que cuestionan los principios del Consejo. Controlar estos fraccionamientos hace que la cohesión interna sea aún más importante y pone mayor presión a los líderes para ofrecer opciones y no solo restricciones.

 

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Las políticas públicas de lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia han asumido que la efectividad de la llamada guerra contra las drogas depende exclusivamente del monitoreo y la fuerza del Estado. Las ideas que aquí presentamos sugieren que un camino complementario es invertir en la capacidad organizativa de las comunidades para fortalecer el liderazgo local como una forma de reorientar las intervenciones públicas y políticas para la prevención de los cultivos de uso ilícito.

Por supuesto, esta estrategia debe ir de la mano del desarrollo de alternativas productivas viables. Es necesario desarrollar emprendimientos productivos sostenibles y acceso a cadenas de valor en los territorios, pues esto es en últimas, la forma más directa para mejorar las condiciones de las comunidades sin presionar los recursos naturales, reducir los incentivos de quienes ven en los cultivos ilícitos una opción y disminuir el riesgo de fracturas internas.

La resistencia comunitaria que hemos documentado muestra que en contextos de ausencia Estatal -y precisamente por ello- la movilización del capital social existente puede ser un factor disuasivo contra las economías ilícitas. Por supuesto esto no implica que la organización comunitaria es sustituta del Estado, pues ello la hace muy costosa y riesgosa. Pero el fortalecimiento de este capital cultural y social puede ayudar a mejorar los esfuerzos para prevenir o reducir la influencia de economías ilícitas y de esta manera responder mejor a las realidades y expectativas locales. Esto debería ser parte integral de las estrategias del Plan de Desarrollo y la política de lucha contra las drogas de este gobierno.

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