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Vol. 3 La Consulta Previa en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

El texto busca profundizar en el siguiente binomio de preguntas: ¿Cuáles son las fuentes que amparan el derecho fundamental a la Consulta Previa tratándose de Planes de Desarrollo? y ¿Cómo se desarrolló este derecho en el Plan Nacional de Desarrollo?

Carlos Duarte
Carlos Duarte
Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali.
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18 de Febrero de 2019

Por: Carlos Duarte, Daniela Gómez Velez, Daniela Caicedo, & Piedad Andrea Rodríguez Daza

El siguiente texto hace parte de una trilogia de manuscritos que hemos venido trabajando en torno a la Consulta Previa en nuestro país. Sí en las entradas anteriores nos preocupamos, en primera medida, ; y posteriormente buscamos , en esta ocasión analizaremos el alcance de este derecho fundamental en cuanto a las medidas legislativas.

La radicación del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” al Congreso de la República por parte de Iván Duque, actual presidente de Colombia, no para de despertar opiniones en el territorio nacional.  El gobierno ha sido enfático en recordar que el texto legislativo presentado garantiza la participación ciudadana y el cumplimiento de los derechos de las comunidades, como es el caso de la consulta previa, libre e informada. Concretamente, la exposición de motivos del proyecto de Ley en discusión anuncia que la consulta previa de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades étnicas se cumplió. Sin embargo, en el siguiente texto se constestaran las siguientes dos preguntas relacionadas con la versión institucional: i) ¿Cuáles son las fuentes que amparan este derecho fundamental tratándose de Planes de Desarrollo? y ii) ¿Cómo se desarrolló este derecho en el reciente Plan Nacional de Desarrollo?

Teniendo en cuenta el escenario anterior, el presente escrito presentará algunas Sentencias de constitucionalidad y Tutela proferidas  por la Corte Constitucional, con el objetivo de mostrar cuáles son los argumentos que respaldan o no la exigibilidad y defensa del derecho fundamental a la consulta previa cuando se crean  actos realizados por los órganos legislativos a cualquier nivel (medidas legislativas), así como cuando se generan actos administrativos y actuaciones (acción y omisión) de las instituciones públicas, que pueden ser nacionales, departamentales o locales (medidas administrativas).

Posteriormente, se contrastarán los resultados anteriores con la información disponible sobre la experiencia del Plan Nacional de Desarrollo en el caso de la consulta previa a comunidades étnicas. Es importante anotar que el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los grupos étnicos que se hace exigible cuando el Estado origina medidas legislativas o administrativas, o cuando los particulares construyen proyecto, obra o actividad que quieren ejecutar, y que pueden generar una afectación directa a las comunidades étnicas. Como se prevé, en el caso de este texto se analizará el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, medida legislativa, pero en todo caso, los contenidos que aborda este documento de orden nacional son susceptibles de originar medidas administrativas o legislativas que pueden llegar a afectar a las comunidades étnicas; de ahí que el abordaje de las sentencias se haga sobre medidas legislativas y medidas administrativas.

Las sentencias elegidas son: de constitucionalidad, se destacan la C-030 de 2008; C-461 de 2008, y C-371 de 2014. Por su parte, en las sentencias de tutela sobresalen la T-376 de 2012; T-245 de 2013 y T-353 de 2014. Después de hacer la respectiva búsqueda, las decisiones citadas son las que desarrollan con mayor detalle casos que ponen en evidencia una posible vulneración o no del derecho fundamental a la consulta previa por parte de una medida legislativa o una medida administrativa.

 

Sentencias de Constitucionalidad: ¿cómo se tipifica una afectación directa de las medidas legislativas para las comunidades étnicas?

Una de las principales sentencias de constitucionalidad que ha abordado el tema de las medidas legislativas y el deber de consulta previa libre e informada a los grupos étnicos es la C-030 de 2008. En esta decisión se demandó la Ley 1021 de 2006 que expidió la Ley Forestal, y se insistió en la necesidad de declarar inexequible totalmente el texto, pues en el trámite de expedición no se realizó la consulta previa a las comunidades indígenas, ni a los pueblos afrodescendientes, situación que constituye una violación del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, y los artículos 1, 2, 3, 9, 13,93, 330 de la Constitución Política (Corte Constitucional, 2008, p.26).

Frente al examen detallado del caso, la Corte indicó

Cuando se habla de medidas legislativas, el deber de consulta no surge frente a toda medida legislativa que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente frente a aquellas que puedan afectarlas directamente, evento en el cual a la luz de lo expresado en la Sentencia C-169 de 2001, la Consulta contemplada en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT deberá surtirse en los términos establecidos en la Constitución y la Ley (Corte Constitucional, 2008, p.60).

La consulta Previa es obligatoria cuando una medida legislativa afecte directamente a la comunidad étnica, esto es, cuando “la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad bien sea porque impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, confiere beneficios” (Corte Constitucional, 2008, p.61). De no cumplirse lo anterior, la medida legislativa no requerirá el deber de consulta.

Sobre este último punto hay que resaltar que no es contrario a la Constitución que una entidad gubernamental elabore de forma autónoma un proyecto de Ley, pues es una facultad que tiene. Sin embargo, como lo citó la Sentencia analizada refiriéndose a la decisión C-891 de 2002: “[…] la entidad debe brindarles a las comunidades en un momento previo a la radicación del proyecto en el Congreso de la República, las debidas oportunidades para que no solo conozcan de fondo el proyecto, sino para que participen e intervengan en su modificación si así se quiere” (Corte Constitucional, 2008, p.69). De esta manera, no se limita la autonomía para generar un proyecto de ley, sino la afectación directa que ese proyecto de ley genera a las comunidades étnicas.

Posteriormente, a través de la sentencia C-461 de 2008 la Corte Constitucional conoció de la acción de inconstitucionalidad de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, donde se indicó que la anterior se aprobó sin que se hubiera realizado consulta previa con los pueblos indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.

En el estudio del caso, la Corte citó el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia para recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo hay una parte general donde se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, metas y prioridades de acción estatal, y un plan de inversiones públicas que contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional (Corte Constitucional, 2008, p.22). Esto es importante porque después de referirse a esta norma, se manifestó que

 Para determinar si es obligatorio o no realizar consulta previa con los grupos étnicos respecto de la ley contentiva del Plan Nacional de Desarrollo, es necesario tener en cuenta (…) que en la parte constitutiva del Plan Nacional de Inversiones ha de examinarse cada uno de los proyectos, programas y presupuestos plurianuales que lo conforman para poder establecer si tal programa, proyecto o presupuesto plurianual generará afectación directa sobre los grupos étnicos del país, de acuerdo a lo que se ha trazado en la sentencia C-030 de 2008 (Corte Constitucional, 2008, p.22. Las Cursivas y Negrillas son nuestras).

De esta forma, lo que definirá la obligación de adelantar la consulta previa con las comunidades étnicas respecto de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo es la presencia de proyectos, programas o presupuestos que afecten directamente a los grupos étnicos; un argumento que se construyó tomando como referencia lo expresado previamente en la sentencia C-030 de 2008.

Acorde con lo mencionado, la Corte se refiere al Consejo Nacional de Planeación, regulado por el artículo 340 de la Constitución Política, para destacar su rol directo en la preparación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, así como la participación de  grupos indígenas a través de representantes. No obstante, reitera que la representación que tienen las comunidades étnicas en este espacio no suple el deber estatal de llevar a cabo la consulta previa de los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo con los grupos étnicos afectados de forma directa y específica. Una cosa es la democracia representativa, y otra muy diferente la democracia participativa (Corte Constitucional, 2008, p.23); la primera se puede reflejar en la elección y participación de representantes en espacios como el Consejo Nacional de Planeación, y la segunda está enmarcada en la participación directa de los afectados en la adopción de decisiones, es decir, en ejercer el derecho de consulta previa de los proyectos que los afecta directamente.

Otro de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, esta vez haciendo alusión al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, es la C-371 de 2014, en la cual se demandaron algunos artículos de la Ley 160 de 1994 y se expresó que desconocen el Convenio 169, pues no surtieron la Consulta a los pueblos indígenas y tribales, ni tampoco para la creación de Zonas de Reserva Campesina.

A pesar que la anterior demanda no prospero, en la medida que la consulta previa no es un derecho retroactivo, lo que si merece la pena recordar son las pautas que para la Corte Constitucional pueden orientar el análisis de la afectación directa a los pueblos indígenas y tribales:

(i) alteración del estatus de las comunidades porque se imponen restricciones o conceden beneficios; (ii) introducción de regulaciones específicas dirigidas a los pueblos indígenas y tribales; (iii) adopción de normas redactadas en términos generales, pero que regulan sistemáticamente materias que conforman la identidad de las comunidades tradicionales o que repercuten en ellas de mayor manera; (iv) expedición de regulaciones sobre las materias definidas en el Convenio 169 de la OIT y otros tópicos que por expresa disposición constitucional, debe ser sometido a procesos de decisión que cuenten con la participación de las comunidades étnicas; e (v) implementación de regulaciones de materias vinculadas con la definición de la identidad étnica de los pueblos indígenas y tribales ( Corte Constitucional,  2014, p.50).

En este orden de ideas, situaciones como la expedición de regulación asociada con el Convenio 169 de la OIT, regulaciones afines con la identidad étnica, imposición de restricciones o dar beneficios, entre otros, son situaciones que pueden dar lugar a la generación de una afectación directa a las comunidades étnicas.

También es importante anotar que una de las aclaraciones de voto de la sentencia referida hace énfasis en la “[…] óbiter dicta de la sentencia C-253 de 2013, que dijo que el derecho de consulta previa surge repentinamente en la sentencia C-030 de 2008, y que exigir su aplicación para leyes y decretos anteriores viola el principio de legalidad” (Corte Constitucional, 2014, p.88).

 

Las Sentencias de Tutela y el consentimiento libre e informado

Las acciones de tutela conocidas por la Corte Constitucional no se han quedado atrás en abordar el tema de las medidas legislativas y administrativas a la luz de la consulta previa.

La sentencia T-376 de 2012 conoce de una comunidad afrodescendiente que interpone acción de tutela contra el INDEMAR por otorgar una concesión sobre el sector de la playa Cielo Mar, espacio utilizado por la comunidad negra de la Boquilla para la pesca y celebraciones tradicionales.  La Corte Constitucional se refirió en un primer momento a la sentencia C-175 de 2009, donde precisó

Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de aquellas disposiciones legales que tengan la posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de forma (…) uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses (Corte Constitucional, 2012, p.36).

Este fragmento, alineado con lo expuesto en párrafos previos, recuerda la afectación directa como el eje base que delimita cuándo una medida legislativa es objeto de consulta previa.

También recuerda la Corte la sentencia T-129 de 2011, quizá una de las decisiones clave para entender la consulta previa en Colombia, donde esclarece:

[…] esta corporación aclara que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado que esas poblaciones, al ejecutarse planes e inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea. (Corte Constitucional, 2012, p.38).

De lo citado se colige que los Planes de Desarrollo o inversión a gran escala que tengan un impacto mayor dentro del territorio de una comunidad étnica deberán no solo consultarse, sino contar con el consentimiento libre, informado y previo, teniendo en cuenta que la ejecución de los planes e inversiones puede llegar a generar cambios sociales y económicos importantes. Este es un elemento adicional de gran importancia que se suma a la comprensión general de la aplicación de la consulta previa en las medidas legislativas. En todo caso, algo que sí hay que tener presente es que el consentimiento previo, libre e informado solo se predicará frente a eventos que generen un nivel grave de afectación directa sobre el derecho al territorio colectivo. 

Con este panorama, la Corte Constitucional retoma la situación concreta y se pregunta acerca de la afectación directa sobre la entrega de la concesión (medida administrativa) a la comunidad negra de La Boquilla, grupo cultural y étnicamente diverso. Se ultimó que la afectación directa se concretó en la “amenaza cierta para el mínimo vital de algunos miembros, así como a la comunidad en conjunto, cuando se ejerció presión sobre el ejercicio de la pesca como modo de vida y forma de producción esencial de los boquilleros, emanada de la concesión inconsulta” (Corte Constitucional, 2012, p.70). Además, la ausencia de reconocimiento de los derechos culturales de la comunidad asociados con el aprovechamiento de la playa por parte de la concesión, también denota una afectación directa. Con todo, se concedió el derecho a la consulta previa de la Comunidad Negra de la Boquilla.

Por otra parte, la sentencia T-245 de 2013 abordó el caso de la comunidad indígena del resguardo DOXURA, quienes interpusieron acción de tutela considerando que la negación del Alcalde Municipal del Cairo a incluir en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 las aspiraciones y necesidades de la comunidad, así como no crear una mesa municipal de concertación indígena, vulneró su derecho a la Consulta Previa (Corte Constitucional, 2013, p.4).

La Corte reiteró su precedente al señalar que en el caso de los planes de desarrollo lo que es objeto de Consulta son los proyectos puntuales incluidos en el plan de inversiones, que potencialmente pueden afectar de forma directa a las comunidades étnicas (Corte Constitucional, 2013, p. 17). Indicó adicionalmente que la mayor dificultad alrededor de los planes de desarrollo es identificar qué proyectos específicos son los que afectan de manera directa a la comunidad étnica, pues se sabe que los primeros se formulan para todos los ciudadanos y no solamente para los miembros de la comunidad étnica.

Agregó también que en el caso concreto el Alcalde Municipal del Cairo organizó “un espacio democrático para que los miembros de la comunidad pudiesen participar de la formulación de dicho plan, con el propósito de incluir los resultados en el proyecto de plan” (Corte Constitucional, 2013, p. 20-21), es decir, se evidencia que la comunidad étnica participó como autora, gestora acorde con sus usos y costumbres, así que no había lugar a someterlo a consulta previa.

En consecuencia, para la Corte el derecho de participación de la comunidad étnica se materializa en el hecho de hacer parte de la formulación del Plan de Desarrollo, que incluye proyectos específicos que los afecten, y es una razón suficiente para decir que no procede la consulta previa. Por ello, no concedió el amparo solicitado, pues no se constató la vulneración del derecho a la Consulta Previa; por el contrario, el pueblo indígena participó en la formulación del plan de desarrollo del Municipio del Cairo.

Sobre esta última decisión surge una discusión en torno a la relevancia de distinguir socialización Vs participación. Como lo determinó la Corte Constitucional en su análisis, la comunidad indígena participó en la formulación del plan de desarrollo, y por esta razón no hubo lugar al amparo del derecho de Consulta Previa solicitado. No obstante, este escenario presentado en el caso pone en evidencia la necesidad de no confundir la socialización como el cumplimiento del derecho de participación. En efecto, la socialización es solo una presentación de ideas, proyectos, que no garantiza el diálogo horizontal entre las partes que intervienen; ese intercambio de ideas asociado a intereses diversos que caracterizan a cada actor, que significa participación y promueve el respeto por la diferencia, la diversidad cultural.

Posteriormente, se profiere la sentencia T-353 de 2014, una acción de tutela que interpone la comunidad Resguardo Indígena Páez de Bache solicitando el cumplimiento del acto administrativo que otorgó un porcentaje de participación de los recursos de regalías a favor de la comunidad, así como declarar la nulidad del acto administrativo que aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de Palermo-Huila, pues no incluye el plan de vida de la comunidad.

Sobre esta decisión la Corte nuevamente hizo alusión al precedente que se ha citado en las sentencias anteriores que repite que el plan de desarrollo en sí mismo no es objeto de la consulta, sino que lo son los proyectos puntuales que pueden llegar a afectar directamente a las comunidades étnicas.

Conjuntamente, expresa que “la consulta previa como condición necesaria para la aprobación y expedición de los planes de desarrollo no resulta obligatorio, por cuanto su derecho se protege con la participación que se les dé en la realización del mismo (…)” (Corte Constitucional, 2014, p.33-34). Esta afirmación es importante para diferenciar dos derechos latentes en torno a los Planes de Desarrollo: el derecho de participación al que tienen las comunidades étnicas cuando se está construyendo el Plan de Desarrollo, y el derecho de consulta previa que recae sobre los proyectos, programas que pueden afectar directamente a las comunidades y que hacen parte del Plan de Desarrollo.

En consecuencia, para este caso la Corte consideró que sí se vulneró el derecho de participación de la comunidad, pues a pesar de que la alcaldía de Palermo realizó una invitación al Resguardo Indígena para participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, esta participación no se hizo efectiva, y no se incluyó nunca el Plan de Vida del Resguardo (Corte Constitucional, 2014, p. 34). Se insiste en que, si bien se sabe que las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, dicha autonomía tiene límites en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades atribuidas por la Constitución y la Ley (artículo 32 de la Ley 152 de 1994).

 

Ahora bien: ¿Se garantizó la consulta previa, libre e informada en el Plan de Desarrollo?

Como se anunció preliminarmente, el documento de la Exposición de Motivos del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo manifestó el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales. Dicho texto explica que el PND cuenta con una parte general de carácter estratégico, que incorpora los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal (…), y un plan de inversiones de carácter operativo, que identifica los principales programas y proyectos  de inversión pública nacional, y la especificación de los recursos financieros que se necesitan para su ejecución, además de los mecanismos de idóneos para su ejecución.

Frente al último punto, se indicó que el proceso de Consulta Previa, libre e informada de medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los grupos étnicos: “[…] comenzó con la concertación de la ruta metodológica del proceso con cada grupo étnico en los espacios de concertación nacional” (2019, p.2), y fue adelantado por el Departamento de Planeación como coordinador del Plan, y el Ministerio del Interior como garante de la Consulta Previa, luego de verificar que los proyectos, programas o presupuestos contenidos en el proyecto de Plan de Desarrollo afectan directamente a los grupos étnicos.

Del ejercicio referido se gestaron un conjunto de acuerdos que están contenidos en actas, que se pueden consultar en la página oficial del Senado de la República, las cuales son el hecho verificable de que se cumplió con la garantía del derecho fundamental. En todo caso, sería importante conocer con más detalle cómo se gestó el proceso de la Consulta Previa, libre e informada con cada comunidad étnica, elemento clave para indagar sobre los acuerdos celebrados,

No obstante, a pesar de presentarse como hecho cumplido el derecho fundamental de consulta previa, libre e informada en las comunidades étnicas, en el proyecto de ley no se muestra una materialización de lo acordado. La exposición de motivos por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo a pesar de enunciar el cumplimiento de la participación ciudadana, así como la Consulta Previa a grupos étnicos, no avizora de forma explícita el reconocimiento de derechos. La anterior afirmación se sustenta en lso siguientes elementos:

  • En el documento Ley no se perciben capítulos dedicados a las necesidades y contextos de las comunidades étnicas.

  • La parte general (con propósitos y objetivos nacionales a largo plazo, metas y prioridades a mediano plazo, y estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental) y el plan de inversiones (programas de inversión pública nacional y especificación de recursos financieros para su ejecución) no se correlacionan, no proyectan las recomendaciones y acuerdos celebrados con las comunidades étnicas en ejercicio del  derecho de consulta previa.

  • Realmente parece que en su versión actual el ejercicio  de participación y garantía de derechos con diversos sectores y comunidades étnicas apareciera como un anexo del Plan, sin un poder vinculante atado directamente con el Plan de Inversiones.

En definitiva, son evidentes las dificultades latentes que tiene la actual propuesta de Plan Nacional de Desarrollo del gobierno. A lo argumentado se suma la necesidad de permitir la participación de la sociedad civil, quien solamente ha revisado una versión, igual que recibir una nueva retroalimentación por parte del Consejo Nacional de Planeación.

 

Conclusiones

El primer grupo de decisiones de constitucionalidad permiten detallar que la consulta previa será exigible en las medidas legislativas cuando se genere una afectación directa a las comunidades étnicas.  Complementario a lo anterior, cuando se esté frente a Planes de Desarrollo, la determinación del carácter obligatorio de la consulta previa dependerá de los proyectos, programas que estén dentro del proyecto de ley y que pueden generar una afectación directa en las comunidades étnicas. Estos argumentos guardan relación directa con el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, el cual indica que “(…) los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, y con el artículo 6 que define la consulta previa.

En contraste, de las sentencias de tutela se puede rescatar que el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades aplicará para los Planes de Desarrollo que tengan un nivel grave de afectación sobre el derecho al territorio colectivo; que la ejecución de los planes e inversiones puedan ocasionar cambios sociales y económicos de gran impacto para la comunidad étnica.

Sumado a esto, se aclaró la presencia del derecho de participación y el derecho fundamental a la consulta previa que recaen sobre los Planes de Desarrollo, pero que inciden sobre contenidos diversos. Por un lado, el principio de participación al que tienen derecho las comunidades étnicas se materializa cuando se está construyendo el Plan de Desarrollo. Diferente ocurre con el derecho de consulta previa, el cual se hace exigible frente a los programas, planes que están incorporados en el Plan de Desarrollo y que pueden generar una afectación directa para las comunidades étnicas.

Vale la pena remarcar que no es lo mismo socializar a participar. La socialización solo es la presentación de un conjunto de ideas que no tiene como objetivo promover el diálogo conjunto entre actores. En contraste, la participación busca garantizar el diálogo horizontal entre actores que se pronuncian frente a un asunto particular, así como implica la confluencia de ideas e intereses diversos que se analizan en conjunto.

Por último, esta vez desde las acciones adelantadas por el  gobierno nacional, se concluye que a pesar de aparecer escritos los acuerdos celebrados con las comunidades étnicas a raíz de la Consulta Previa, libre e informada, en el proyecto de Ley radicado al Congreso de la República no hay un reconocimiento concreto destinado a evidenciar los acuerdos concertados, ni tampoco una aspiración por detallar capítulos dentro del articulado Ley del Plan que evoquen los derechos de los cuales gozan las comunidades étnicas del país.

 

Bibliografía

Exposición de motivos del Proyecto de Ley por el cual  Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (2019).

Proyecto de Ley por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" (2019).

Sentencia C-030 (Corte Constitucional, 23 de enero de 2008).

Sentencia C-461 (Corte Constitucional, 14 de mayo de 2008).

Sentencia T-376 (Corte Constitucional, 18 de mayo de 2012).

Sentencia T-245 (Corte Constitucional, 22 de abril de 2013).

Sentencia T-353 (Corte Constitucional, 06 de junio de 2014).

Sentencia C-371 (Corte Constitucional, 11 de junio de 2014).

 

 

 


Por afectación directa se entiende la intervención de una medida (plan, política o proyecto) determinada sobre los derechos de las comunidades étnicas.

 

Artículo 340: habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

Se conoce por óbiter dicta los argumentos presentados en las consideraciones de una sentencia que refuerzan la decisión principal de la misma, pero que no son vinculantes.

Manifiesta la Corte que el derecho de participación se fundamenta en el derecho que tienen de decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural (Corte Constitucional, 2014, p. 33).

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