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Van 3557. ¿Hay garantías de seguridad para los excombatientes?

Un análisis de los asesinatos de excombatientes de las FARC y de la constante histórica que se presenta tras las desmovilizaciones en el país.

Gloria María Gallego García
Gloria María Gallego García
Profesora Filosofía del Derecho, Directora Grupo de investigación Justicia & Conflicto - Universidad Eafit
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27 de Febrero de 2019

El martes 26 de febrero se realizó un intenso debate en el Congreso de la República sobre el asesinato de 85 excombatientes de las FARC. Tres cuartas partes de esos asesinatos se concentran en cinco departamentos: Nariño, Antioquia, Cauca, Caquetá y Norte de Santander. A esto se suma el asesinato de familiares de exintegrantes de las FARC: 14 víctimas en 2017 y 6 víctimas en 2018.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció la alarmante cifra de 85 exguerrilleros asesinados y se limitó a decir que “cerca del 70% de estos homicidios corresponde a vinculaciones con grupos ilegales y economías ilegales”.

¿Eso es todo lo que hay para decir? Parece que estos asesinatos no fueran un problema, pues las víctimas estaban delinquiendo, entonces perderían su derecho a la vida. Debemos recordar que en Colombia está abolida la pena de muerte (artículo 11 Constitución) y ni el Estado, ni los particulares pueden acudir a las vías de hecho o tomar justicia por propia mano frente a los delincuentes. A quienes son sospechosos de cometer delito se les debe garantizar la vida y conducirlos ante los tribunales, como sucede en todo país civilizado; no en vano el grado de civilidad de una sociedad se mide por cómo trata a los delincuentes.

El informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 28 de septiembre de 2018 señala entre los motivos principales para estos ataques las disputas por “el control territorial” que libran otros grupos armados”, “la venganza por agravios anteriores”, “la negativa a unirse a una organización delictiva”, es decir, que en la mayoría de casos no sólo estos exguerrilleros no estaban delinquiendo sino que estaban luchando por dejar atrás el pasado en armas, tener una segunda oportunidad y reincorporarse plenamente a la vida civil.

En algunos casos, los exguerrilleros, sobre todo los mandos medios, que acumulan muchos secretos de su vieja organización armada, son presionados por grupos armados ilegales que buscan ocupar las zonas tiempo atrás controladas por las FARC para que revelen valiosa información sobre cultivos ilícitos (coca, amapola, marihuana), laboratorios de procesamiento, rutas de abastecimiento de insumos y de salida de las drogas procesadas hacia el mercado internacional; la negativa a entregar esa información trae como consecuencia la amenaza de muerte o, sin más, el asesinato. Esta parece ser una práctica del ELN en regiones en las que ha tenido una fuerte presencia y espera reforzar el dominio, como Nariño, Norte de Santander y Urabá; o en Cauca, donde es muy débil y poco numeroso, e intenta crecer de prisa para copar los territorios otrora controlados por las FARC.

En otros casos, hay una fuerte presión de los desertores de las FARC, quienes se retiraron del proceso de paz, para que sus antiguos compañeros vuelvan a la ilegalidad y participen en la explotación de circuitos económicos ilícitos como el cultivo y tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando y la extorsión sobre las poblaciones de los territorios donde tienen marcada influencia. La negativa de los desmovilizados tiene como respuesta, en muchos casos, el homicidio.

Otra causa de los asesinatos es el cobro de venganzas por parte de algunas víctimas y de grupos paramilitares de los delitos cometidos por miembros de las FARC. Es la Colombia de los odios enconados que aguardan para cobrar “ojo por ojo y diente por diente”, según una borrosa noción de justicia basada en devolver mal con mal, en la que la violencia actual es justificada como retribución de una violencia anterior. La venganza contra estos exguerrilleros se lleva a cabo cuando retornan a sus vecindades, pueblos o ciudades de origen para reencontrarse con sus familiares, rehacer su vida en la legalidad y emprender proyectos productivos. Allí todos se conocen, todo se termina sabiendo y la noticia del regreso activa una decisión de revancha por delitos cometidos hace tiempo (la golpiza seguida de la orden de destierro, el padre asesinado, la madre secuestrada, el hermano pequeño reclutado), pues la sed de venganza es terca, resiste al paso del tiempo y se nutre del recuerdo obsesivo de la afrenta y de la imaginación del sufrimiento del otro.  Esto es lo que le sucedió a Christian, un exguerrillero que había sido reclutado siendo menor de edad, que regresó a Tumaco, según nos relata un líder social: “él quería volver a su tierra, estar con su familia que no veía hace años y pasar la Navidad. Él pasó casi todo diciembre, ya había abandonado eso, pero la noticia corrió y Los Rastrojos se enteraron de que había vuelto y le cobraron la deuda. Estaba marcado y lo mataron”.

 

La situación, pues, no se puede despachar con ligereza. Hay síntomas que anuncian que la violencia política no cesa, y que podría volver a suceder lo que siempre ha sucedido en el país tras los acuerdos de paz con grupos armados insurgentes y los pactos de desmovilización con grupos armados paramilitares: se termina un gran foco guerra (se disuelve un ejército ilegal, cesan las hostilidades, las batallas, los ataques contra la población civil), pero se activan violencias dispersas, capilares que se difunden por el territorio nacional, tornando frágil la paz.

- De los 7000 guerrilleros del M-19 que entregaron las armas, diez años después habían sido asesinados 600, esto es, el 8.57%.

- Del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 200 combatientes volvieron a la vida civil, y entre 1991 y 2004 cayeron asesinados 61 excombatiente, esto es, el 30.5%.

- De la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del ELN, se desmovilizaron 850 combatientes. Diez años después, habían sido asesinadas 79 personas, es decir, el 9.13%.

- De los guerrilleros del EPL 2000 guerrilleros que dejaron las armas, 700 fueron asesinados.

- De los 31.671 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que volvieron a la vida civil a partir de 2003 tras un Acuerdo de desmovilización, fueron asesinados 2117.

 

Estas abrumadoras cifras de 3.557 asesinatos de quienes dejan las armas y apuestan por la paz acreditan una constante histórica que ninguna autoridad pública puede negar ni desatender, y demuestran que los documentos firmados por sí solos no alcanzan a transformar una sociedad de la guerra a la paz, que los acuerdos fracasan si no se crean procesos más profundos de compromiso genuino. Compromiso genuino es que el Gobierno del Presidente Iván Duque deje de ver el Acuerdo de Paz como un problema –como siempre lo ha hecho su partido CD– y se tome en serio con su equipo de gobierno el afianzamiento de la paz en los territorios.

Ello empieza por el marco de garantías de seguridad, conditio sine qua non para la reincorporación y para evitar la reactivación de la violencia. Las garantías de seguridad no se están implementando de manera adecuada y el marco institucional y normativo no se ha materializado en las regiones golpeadas por el conflicto armado. Evidentemente, es un reto enorme, dado el elevado número excombatientes y su dispersión por todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales donde la institucionalidad ha sido precaria.  En todo caso, no puede alegarse improvisación ni falta de financiación, porque el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en el primer año de la implementación apropió 2,4 billones de pesos para la paz y dejó asegurados 2,2 billones para 2019. Las instituciones fueron ajustadas en el Plan Marco de Implementación, una hoja de ruta prevista para 15 años.

Las respuestas reactivas de la Fuerza Pública son insuficientes y el desarme y disolución de los grupos armados ilegales –ya sean insurgentes o paramilitares – es sólo un primer paso para aliviar la problemática de las regiones. Si no se construye Estado en los distintos puntos del territorio nacional con servicios básicos como escuelas y hospitales, acueductos, puentes, alumbrado y administración de justicia, y si no se busca una desestructuración pactada de la guerrilla del ELN, de los grupos paramilitares y de organizaciones delincuenciales muy poderosas, existe un alto riesgo no sólo de que continúen los asesinatos de excombatientes de las FARC, sino de continuación de la guerra.

Es necesario que los que salen de la guerra encuentren una segunda oportunidad sobre la tierra gracias a la apuesta humanizante que hacemos todos para transformar el país y avanzar hacia la paz.

 

 


Más detalles en el trabajo de investigación “Odios y venganzas tras la guerra civil: asesinato de excombatientes de las FARC y de sus familiares”, próximo a publicarse.

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