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La Ley Tic pone al regulador independiente en la Casa de Nariño

El trámite de la Ley TIC se retomará en las próxima semanas en el Congreso. Aunque el proyecto inicial sufrió cambios, el Gobierno insiste en su versión original y no da mucho espacio a las críticas.

Carolina Botero
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Fundación Karisma
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09 de Marzo de 2019

*Esta columna fue realizada con el apoyo de Víctor Saavedra y Diego Mora, asesor y comunicador respectivamente de Fundación Karisma.

El trámite de la Ley de Modernización TIC se retomará en las próximas semanas en el Congreso. Aunque el proyecto inicial sufrió cambios, el Gobierno, en esencia, insiste en su versión y no da mucho espacio a las críticasAunque vienen cientos de propuestas de modificaciones y son muchas las críticas, me concentraré tan solo en un par, una en esta entrega y otra la semana que viene. 

Primero quiero hablar de la composición de la nueva Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC). Ésta unirá a la actual CRC y a la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), una propuesta que no logra un balance que satisfaga la idea de un regulador independiente, como sugieren los estándares internacionales.

Ahora bien, tampoco es un intento por crear algo distinto a los estándares y justificar que, en la práctica, sí será independiente.

En la CRC propuesta, se sentarán el Ministerio TIC y cuatro comisionados elegidos por cuatro años de la siguiente manera: uno por el Presidente, dos en un proceso de selección por convocatoria pública que realice el Departamento Administrativo de la Función Pública, y uno elegido por los canales públicos regionales.

El Gobierno tiene al Ministerio sentado, participa en la elección de tres comisionados (el Presidente nombra libremente al director de Función Pública) y el cuarto se elige a través de importantes lazos políticos con el poder.

El Gobierno dice que esta composición da más autonomía que la de la actual CRC, pero no explica cómo, ni frente a estándares internacionales ni en comparación con el modelo de otros países. Es que, si se mantienen los lazos de los comisionados con el poder de turno, ¿cómo se puede decir que esta entidad será independiente?

El Gobierno también insiste en que profesiones como economía, derecho o ingeniería garantizan un carácter técnico en el regulador, su gran cambio es que ahora “permite” que la persona delegada de los canales regionales sea periodista o comunicadora. Eso no derrumba la crítica de que esta exigencia es una renuncia a promover pluralidad, diversidad y multidisciplinariedad en el órgano rector de las comunicaciones y garante de la libertad de expresión en el país.

Además, esto crea un lío en el mecanismo de elección porque exige cuatro profesiones en cinco personas. Si no se le puede imponer una profesión a la persona del Ministerio , y si la delegada de los canales “puede ser” comunicadora, las profesiones de las otras tres personas están atadas y amarran la elección a determinados perfiles. De modo que en el futuro al abogado lo reemplaza un abogado y así con las tres profesiones. ¿Alguien más anticipa líos?

Quizá lo mejor sería reconocer que el gobierno no está dispuesto a perder el control de la CRC y acabar con la farsa. Quizá lo mejor es que el presidente diseñe la CRC que quiere, una donde asume la responsabilidad de elegir a los comisionados directamente. Es decir, en la nueva CRC se sentarían el Ministerio TIC y cuatro comisionados elegidos por el Presidente mismo, punto.

Quizá eso no sea tan malo, pues nos permite entonces pasar a discutir los criterios de la selección de esas personas, los mecanismos para hacerles control y las obligaciones de transparencia.

Podríamos exigir un órgano diverso, con paridad de género y consideraciones étnicas, además multidisciplinario, en el que las elecciones sean escalonadas, por períodos largos (ocho o nueve años). Esto le daría prospectiva al regulador y haría que un gobierno amarrará a otros. Un solo presidente no podría nombrar a más de uno de los comisionados y supondría balance al menos en términos políticos al incorporar un poco de azar -ya que si hay rotación de partidos en el poder -que es lo que esperamos, habrá diversidad política en la composición-.  

En este supuesto además, se evita amarrar a los comisionados a profesiones, porque al final es asumir que el Presidente de turno lo que evalúa es las necesidades y no se amarra a flojas exigencias legales.

La otra ventaja es que aceptamos que el gobierno tiene el control pero lo obliga a garantizar mecanismos de participación que hoy brillan por su ausencia. Así en línea con los estándares internacionales, ampliamente desarrollados por Unesco, por ejemplo, podemos exigir participación, pedir instrumentos de rendición de cuentas que involucren a todas las partes interesadas, y tener herramientas de control con exigencias en materia de publicidad --como que todos los informes deben estar disponibles para consulta pública--.

Si nos vamos a cargar los estándares internacionales, al menos hagámoslo con altura. El Gobierno podría incluso justificarlo como una forma de ahorrarle dinero a Hacienda.

Sobre todo, recordemos que, sin autonomía, el riesgo es que la función regulatoria de la CRC quede atada a la política sectorial del gobierno de turno. Repito otra vez que estas no son palabras mías, son de la Ocde.

Otra opción, si el Gobierno no quiere soltar la composición de la CRC ni tampoco explicar y diseñar el mecanismo para que sus elegidos no caigan en esa trampa, sería la de pasar directamente todas las funciones al Ministerio y acabar con la ficción. Total, en la actual fusión de CRC y Antv las funciones de vigilancia, control y sanción de la Antv pasan todas al Ministerio.

En plata blanca, el Gobierno no cree que los órganos independientes desde su elección son los que ofrecen una estructura de gobernanza para enfrentar los desafíos de la convergencia. No le parece que sea así como se puede resolver tensiones de los múltiples intereses que existen en este sector. Insiste en mantener control.

Por eso el proyecto de ley necesita ajustes estructurales, necesitan seguir barajando sus opciones para cumplir estándares internacionales de libertad de expresión.

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