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Más datos sobre la guerra en el sur de Córdoba

Cinco municipios del sur de Córdoba concentraron el 20 por ciento de las acciones armadas del Caribe en 2018. Análisis de Reynell Badillo, investigador del centro de pensamiento UnCaribe.

Reynell Badillo Sarmiento
Reynell Badillo Sarmiento
Internacionalista de la Universidad del Norte
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01 de Marzo de 2019

Varias historias de La Silla Caribe y otras reflexiones en esta red, han estado intentando poner la atención sobre la guerra que se vive en el sur del departamento de Córdoba, un conflicto del que poco se habla a nivel nacional.

En esta entrada quiero dar más datos para seguir analizando lo que están padeciendo las personas de esa subregión.

El sur de Córdoba está viviendo desde mediados del 2018 una violenta confrontación armada entre diferentes organizaciones.

Allí hacen presencia las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como Clan del Golfo), los Caparrapos (un grupo armado disidente del anterior), y grupos disidentes de la exguerrilla de las Farc.

De acuerdo al Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe Colombiano del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, 52 de las 130 acciones armadas registradas en el Caribe durante el 2018 tuvieron lugar justamente en Córdoba.

Y precisamente casi la mitad de estas se concentró en los cinco municipios del sur del departamento. Así, en apenas cinco municipios tuvieron lugar cerca del 20 por ciento de todas las acciones armadas que se presentaron en la región.

San José de Uré fue, durante gran parte del año, el epicentro de la confrontación armada entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos.

Allí, estos se enfrentaron en dos ocasiones causando desplazamientos masivos, y se registraron intimidaciones a la población.

Por otro lado, aunque en Puerto Libertador no se presentaron acciones armadas durante ocho meses, desde septiembre se registró la llegada de grupos disidentes de las Farc y la violencia, como puede verse en el siguiente gráfico, aumentó considerablemente debido a los enfrentamientos entre estos nuevos actores violentos y el Clan del Golfo, y a retenes ilegales en donde se obliga a la población a realizar censos para saber quiénes habitan el territorio, y los amenazan de muerte en caso de “colaborar” con el Clan del Golfo.

Si se observan las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el sur de Córdoba, la crisis social y humanitaria de esta subregión resulta más evidente. El 47 por ciento de todas las infracciones tuvieron lugar en alguno de estos 5 municipios.

Solo en San José de Uré, por ejemplo, se presentaron 10 de las 43 acciones armadas registradas durante el año, y cuatro de estas fueron asesinatos de líderes sociales.

Asimismo, en Puerto Libertador se presentaron cinco acciones armadas debido al traslado de la disputa territorial de los actores violentos, pudiendo evidenciarse el impacto del arribo de las disidencias de las Farc en el uso de minas antipersonales para evitar la movilización del Clan del Golfo entre los municipios del departamento.

Sobre esto último, es pertinente mencionar que Tierralta ha sido el municipio más golpeado por esta modalidad, dado que en su territorio han estallado dos minas antipersonales, y una de las víctimas de esas explosiones fue un niño.

En general, puede observarse que, aunque el sur de Córdoba no es la única subregión con presencia de actores armados en el Caribe colombiano, es la que concentra casi la mitad de las infracciones al DIH y una gran parte de las acciones armadas.

El vacío de poder dejado por la desmovilización de los frentes 5, 18 y 58 de las Farc fue aprovechado por otros actores violentos y, ante la imposibilidad de que alguno se estableciera como hegemónico, la violencia estalló con mayor ímpetu que en cualquier otro escenario regional.

La llegada de las disidencias de las Farc ha trasladado la disputa a municipios como Puerto Libertador y Tierralta y hacen más complicado el panorama para los habitantes que ya estaban inmiscuidos sin quererlo en las dinámicas de la guerra.

De la misma forma, resulta preocupante el asedio al que están sometidos los líderes sociales en esta subregión, ya que casi la mitad de los asesinados en el 2018 ejercían sus liderazgos en alguno de estos cinco municipios y, varios de ellos, estaban relacionados con el programa de sustitución voluntaria de coca.

Es innegable, entonces, que la preocupación sobre la guerra en el sur de Córdoba mostrada por algunos no es una simple cuestión de percepción.

Todos los meses del 2018 hubo acciones armadas o infracciones al DIH en estos municipios y ninguna otra subregión del Caribe presenta niveles tan altos de conflictividad.

Al menos tres actores luchan por dominar el territorio y parece que la llegada institucional del Estado es solo una quimera reducida al envío de más fuerza pública. La paz aquí solo fue una esperanza pasajera.

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