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La verdad que aún falta en las universidades

La penetración paramilitar que hubo en algunas instituciones está contada, pero aún falta preguntar por la influencia guerrillera que también se dio. Análisis de Luis Trejos en nuestra red de expertos Caribe.

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor de la Universidad del Norte.
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10 de Marzo de 2019

En un artículo de esta semana, La Silla Caribe planteó algunos de los retos que tendrá la Comisión de la Verdad en el Caribe, encargada de armar el relato del conflicto en Colombia durante los últimos 50 años.

Entre ellos mencionó la cooptación de las universidades por parte de paramilitares y guerrilla.

Al respecto, hay que decir que sobre lo primero ya se conocen varias cosas en el marco de procesos de reparación colectiva y construcción de memoria histórica en varias universidades públicas que fueron predadas y disputadas por las entonces Autodefensas Unidas de Colombia.

De hecho, en el Caribe hay tres universidades públicas reconocidas como sujeto de reparación colectiva: la Universidad de Córdoba, la Universidad del Atlántico y la Universidad Popular del Cesar.

De esta violencia para, además, es posible encontrar algunas investigaciones académicas, informes de ONG  y notas e investigaciones periodísticas.  

Este azote paramilitar produjo un amplio número de víctimas ya que su naturaleza era homicida.  

Pero la universidad pública como escenario de la confrontación armada, durante la segunda mitad de la década de los noventa del siglo pasado, también incluyó otra violencia. 

Esta se asentó en algunas instituciones con un carácter más simbólico y propagandístico y su titularidad recayó sobre las organizaciones guerrilleras.

Es precisamente sobre esta presencia y sus formas de violencia de lo que no se ha hablado ni investigado.

Dejo claro que con este artículo no se busca incentivar señalamientos ni investigaciones penales, pero sí es necesario que en la construcción de la memoria histórica y el análisis de la victimización al interior de las instituciones de educación superior de carácter público se utilicen enfoques amplios, integrales e imparciales que abarquen la totalidad de los actores armados que han hecho y hacen presencia en estos espacios y las formas de violencia que usaron y usan, así no sean homicidas.

En este sentido, es importante establecer hasta qué punto la presencia guerrillera en las universidades públicas les facilitó a los paramilitares construir un discurso contrainsurgente que encubrió sus objetivos de capturar el presupuesto y la burocracia de las mismas, como sucedió en Córdoba.

La investigación de este tema puede dar luces no sólo sobre la historia, sino también sobre el establecimiento de los impactos que ha generado la presencia insurgente dentro del movimiento estudiantil y de todos los estamentos universitarios, así como facilitar la construcción de acuerdos en torno a lo beneficioso de eliminar todas las formas de violencia directa de las universidades publicas, conduciéndolas hacia sus misiones naturales: docencia, investigación y extensión.

En eso la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad pueden jugar un rol importante, ya que en la medida en que se conozcan los objetivos, tácticas y estrategias de la insurgencia armada al interior de las universidades publicas será menos complejo su marginación y rechazo.      

Debemos entender que en esos espacios académicos la única confrontación aceptada es la de las ideas y estas no se defienden o comunican con actos violentos, sino con argumentos racionales. 

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