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Fronteras colombianas ¿tierras de nadie?

Mientras en las ciudades se han logrado integrar las dinámicas políticas, jurídicas, económicas y sociales, en la periferia los colombianos viven marginados.

Luis Fernando Trejos Rosero
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor e investigador
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28 de Abril de 2018

La presencia del Estado colombiano en el territorio ha sido fragmentada. Mientras ha logrado integrar sus dinámicas políticas, jurídicas, económicas y sociales en los centros urbanos, en cambio, vastas zonas periféricas del mismo país se encuentran excluidas y marginadas de sus servicios básicos.

Lo anterior ha posibilitado la aparición y consolidación de poderes paralelos que, basándose en la fuerza y el uso de la violencia, establecen órdenes sociales y económicos básicos.

Esa situación es un lugar común en las zonas de fronteras, conformadas por 12 departamentos que linealmente cubren 6.342 km.

La ausencia estatal en estas áreas se ha debido, en gran parte, a las distancias existentes entre ellas y los centros políticos y de producción ubicados en el interior del país (zona Andina), pero también en razón de sus características geográficas (zonas selváticas y de difícil acceso con poca o nula infraestructura vial y de servicios).

Estas afirmaciones se sustentan en hechos que registran cómo solo el 5,45 por ciento del total de la población colombiana habita en dichas zonas y dentro de este porcentaje hay una importante presencia de pueblos indígenas y afrocolombianos.

Del total de la población fronteriza, un 94,5 por ciento se concentra en las zonas de frontera de Venezuela y Ecuador (las más conflictivas).

En términos de seguridad y defensa ,este tipo de fronteras se consideran como áreas sin ley o áreas marrones, que son definidas como aquellos espacios en que actores no estatales vinculados a prácticas y redes ilegales locales e internacionales acumulan tantos recursos e influencia que sobrepasan a las instituciones, ya sea por ausencia total del Estado o por su débil presencia.

Es decir, en muchas de estas zonas se presenta una ingobernabilidad estructural: una ruptura sostenida del tejido social en el marco de una violencia y criminalidad permanente, en lugares en que la autoridad estatal no cuenta con los recursos para imponerse de manera efectiva. Razón por la cual el cuidado del orden público y la seguridad colectiva son inciertos.

Hay tres causas https://www.jstor.org/stable/j.ctt1qft15f  que posibilitan la aparición de las áreas sin ley.

Primero las políticas. Se trata de instituciones estatales débiles, lo que se traduce en una incapacidad para mantener el monopolio legítimo de la violencia y altos niveles de corrupción de los agentes estatales.

Segundo, político-geográficas. Por su distancia de los centros productivos, las zonas de frontera no han sido conectadas con estos lugares; además, en razón de su difícil acceso, por la presencia de ciertas condiciones geográficas como espesa vegetación selvática y la ausencia de infraestructura vial o comunicacional, resultan ser espacios propicios para el establecimiento de organizaciones ilegales ligadas al crimen internacional.

Tercero, socioeconómicas. La instalación de zonas francas en estas áreas amplía las capacidades operativas de los actores no estatales (ilegales), ya que gracias a las ganancias económicas producidas por actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos, aquellos obtienen los recursos necesarios para el sostenimiento de sus actividades ilegales.

Por lo menos legislativamente el tema fronterizo ha sido abordado por diferentes normas, lo que no ha servido para cambiar la triste realidad fronteriza colombiana.

En parte, la ausencia de voluntad política,  la poca o nula coordinación entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios fronterizos y la precaria presencia del Estado colombiano en sus periferias explica que las normas tendientes al reconocimiento y desarrollo socioeconómico de las fronteras no hayan tenido su debida aplicación, entre otras razones porque la debilidad institucional se traduce en altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, ausencia de infraestructura vial y de servicios, contexto en el que la ilegalidad gana legitimidad día a día.