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Carta a Juana

Hace unos días, Juana Ruiz, una importante lideresa del movimiento de paz de los Montes de María, Premio Nacional de Paz junto con las Tejedoras de Mampuján, me preguntó por mis impresiones en torno a la paz y el posconflicto en este momento electoral crucial.

Pablo Abitbol
Pablo Abitbol
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24 de Mayo de 2018

Hoy, tres días antes de las elecciones presidenciales en Colombia y con el consentimiento de Juana, quiero compartir con ustedes la carta que le envié con mis reflexiones:

Hola Juana, buenos días. Perdón por la tardanza de mi respuesta, tuve un fin de semana complicado con clases y otras actividades. En cuanto a tu pregunta sobre el estado y las perspectivas del posconflicto en Colombia, en este difícil momento electoral, te respondo someramente.

Lo primero que creo que hay que tener claro es que el instrumento más importante con el que contamos actualmente en Colombia para transitar hacia una situación social de paz, estable y duradera, es el Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc. ¿Por qué? Porque la arquitectura de los diversos compromisos que en dicho Acuerdo asume el Estado constituye la posibilidad de que se abra una ventana de oportunidad histórica para la configuración de una "coyuntura crítica"; es decir, de un momento de cambio estructural, profundo, significativo, en la historia social y política de la nación.

Algo que se desprende directamente del punto anterior es que los sectores y grupos sociales que, en consecuencia, se ven amenazados por las transformaciones que sobrevendrían con la implementación del Acuerdo de Paz (por temor a perder sus privilegios económicos, políticos, culturales) tienden cada vez más a girar en torno a una gran coalición de oposición al cambio. De ahí que este momento político-electoral sea tan complejo, intenso e incierto.

Una gran coalición conservadora se ha arremolinado en torno al candidato del uribismo, empoderando y congregando representantes radicales del pensamiento de derecha. Por ejemplo, el exprocurador Alejandro Ordóñez (quien no solo ha sido activo contra los derechos de las personas LGBTI y las familias diversas, sino que además se ha expresado – junto con el presidente de Fedegán – en contra la restitución de tierras despojadas por paramilitares en el Caribe colombiano, particularmente en el Magdalena), y como la exfiscal Viviane Morales, quien en el pasado estuvo a cargo de conducir buena parte de las investigaciones sobre corrupción contra miembros del uribismo del más alto perfil, y quien hoy se une a esta gran alianza conservadora que gira en torno a la figura del expresidente, hoy senador, Uribe. ¿Qué puestos y qué poderes irán a tener estas personas, o personas como éstas, en un eventual gobierno de Iván Duque? ¿Educación, salud... tierras, derechos humanos... justicia, cultura?

En esta situación, así como la integralidad de la arquitectura del Acuerdo Final es su mayor ventaja, también es su mayor vulnerabilidad, puesto que esta gran coalición conservadora busca atacar directamente elementos que susciten emociones fuertes entre la ciudadanía, utilizando eslóganes como "paz con impunidad" o "ideología de género" - como ya se hizo con éxito en la campaña por el No en el plebiscito de 2016, basada en, como lo confesó el gerente de aquella campaña, "confundir y emberracar" a la gente - para así atacar indirectamente (por vía legislativa o entorpeciendo la gobernabilidad de su implementación) la concreción de reformas estructurales en temas claves como la restitución y distribución de la tierra, el desarrollo rural incluyente, la apertura democrática y la ampliación de la participación política, el replanteamiento de la guerra contra las drogas, o la búsqueda de la verdad sobre las conexiones de los actores armados del conflicto y los sectores políticos y privados que los apoyaron o se beneficiaron de sus acciones bélicas. Todo esto es lo que se busca entorpecer.

En este contexto, una gran pregunta - o quizás una trágica ironía - que pesa sobre el momento electoral es si a esta coalición que busca conservar el status quo - la estructura básica tradicional de los privilegios de los poderes políticos, económicos y sociales, desde las bases hasta las cúpulas - se le unirá el otro enorme sector de actores que le temen y se le oponen al cambio político y estructural incluyente: las maquinarias clientelistas que giran en torno a Vargas Lleras, Cambio Radical y otros grupos emblemáticos de la política tradicional. Si a la segunda vuelta llegan a pasar Duque y Vargas Lleras, esos dos núcleos de poder conservador estarán divididos, al menos electoralmente; pero si llegan a pasar a segunda vuelta Duque y Petro, es probable que la coalición conservadora se engrandezca con una alianza entre el uribismo y el vargasllerismo. Y ambos, Duque y Vargas Lleras, tienen el apoyo electoral de casas y estructuras políticas públicamente cuestionadas por clientelistas, corruptas y parapolíticas. 

A esa posible ironía se le suma una trágica paradoja, encarnada en la lógica de quienes, como ven que Duque se fortalece a medida que cada vez más gente dice que va a votar por Petro, entonces dicen que van a votar por Petro.

Es en medio de este berenjenal político - sumado al tenso enfriamiento de las conversaciones con el ELN, a la creciente complejidad de los actores armados vinculados al narcotráfico, a los grandes escándalos de corrupción y graves fallas institucionales en la justicia, la alimentación escolar y la infraestructura (Chirajara, Hidroituango, el Cartel de la Toga, Odebrecht, etc.), y a la crisis de Venezuela -, es en medio de este berenjenal político, que hoy por hoy se está implementando, o intentando implementar, el Acuerdo de Paz.

En términos del Punto 1, Reforma Rural Integral, avanzan lenta y pausadamente unos pilotos técnicos de levantamiento catastral y algunos atisbos de zonas de reserva campesina, pero las leyes que promulgan los congresistas y las políticas públicas que formula el Gobierno Nacional continúan imponiéndose desde grupos de interés y concepciones del desarrollo rural dominados por la agroindustria, la minería, los macroproyectos, y otros intereses económicos de índole extractivista.

También va avanzando la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (los PDETs), en el marco de un proceso muy interesante y relativamente exitoso de ensayo y error, que pareciera intentar pero que no logra escapar a la lógica centralista del Estado colombiano, y con unos procesos y organizaciones sociales amenazados, rotos o debilitados, incluso por cuenta del mismísimo afán (entendible) por presentar avances visibles; por ejemplo, a través de la estrategia de Pequeñas Infraestructuras Comunitarias, que ha causado confusión y tensiones en las comunidades. Es justo en medio de este contexto político y social que ahora en la próxima etapa de formulación de los PDETs se tendrán que sentar a las comunidades y organizaciones sociales, de víctimas, campesinos y grupos étnicos a negociar con los gobernantes, políticos y empresarios de las regiones más afectadas por el conflicto armado y por las secuelas (pobreza, opresión, desamparo...) que han dejado tras de sí las violencias que configuraron durante años los escenarios de poder político y económico que hoy dominan en esos territorios. Un programa como el denominado "Obras por Impuestos" es precisamente un esquema derivado de las buenas intenciones de técnicos que, desde el gobierno central, no parecen estar considerando cabalmente las probables y terribles fallas de implementación que pueden sobrevenir de un esquema financiero de esa naturaleza en el contexto de dichos territorios.

En este sentido, es importante y urgente hacer un alto en el camino, dialógico, incluyente y reflexivo en torno a los PDETs. En el contexto actual (y de cara al futuro próximo, probablemente dominado por una gran coalición conservadora) puede que sea mejor robustecer los procesos participativos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación, retomando las líneas conceptuales de fondo plasmadas en el Acuerdo de Paz para la orientación estratégica de la Reforma Rural Integral, que seguir dándole riendas al afán de consolidar unos resultados de gobierno.

En torno al Punto 2, sobre apertura democrática, lo esencial es que no ha pasado nada: el uribismo, Cambio Radical y otros grupos dentro del Congreso distorsionaron y embolataron hábil y descaradamente las 16 curules destinadas para las organizaciones sociales de los territorios más afectados por el conflicto; la Reforma Política encomendada a expertos fue también distorsionada y engavetada por el Congreso y el Gobierno; y del resto de elementos esenciales del Punto 2 del Acuerdo, como la posibilidad de crear partidos políticos regionales, con adquisición progresiva de derechos, garantías para los movimientos sociales, programas de fomento a la participación política, especialmente de las mujeres, y especialmente de las mujeres rurales, etc., etc., nada de nada.

Sobre el Punto 3, que corresponde a los temas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), hay una enorme incertidumbre por varias razones: las promesas de "hacer trizas" la participación política del partido Farc por parte de la fuerza política (coalición conservadora) más opcionada para ganar las elecciones presidenciales; la lentitud de la burocracia estatal para consolidar simultáneamente los procesos que constituyen la compleja y exigente arquitectura de DDR estipulada en el Acuerdo; y, por supuesto, los efectos - principalmente sobre las expectativas y los temores de las bases guerrilleras desmovilizadas y sus mandos medios - de los cuestionamientos, las reacciones y la instrumentalización política y mediática del caso de Jesús Santrich.

El Punto 4, plantea importantes acciones para seguir impulsando un consenso crítico sobre las fallidas políticas de guerra contra las drogas, y busca promover estrategias alternativas y basadas en la evidencia para hacer frente al problema de las drogas y el narcotráfico. Este punto crucial no se ha desarrollado, ni legislativa ni políticamente, y ello implica otra gran falla en el proceso de implementación del Acuerdo, pues solamente en la medida en que Colombia siga atreviéndose a impulsar un cambio de mentalidad y de política frente a las drogas ilegales, podrá el país superar el yugo del narcotráfico, el cual constituye uno de los principales motores económicos de los actuales grupos armados.

Este punto representa un claro ejemplo de la arquitectura interconectada del Acuerdo, pues, por ejemplo, será muy difícil avanzar en sustitución de cultivos si al mismo tiempo no se avanza en garantizarle derechos de propiedad sobre la tierra a los campesinos cultivadores o raspadores de coca. O, por dar otro ejemplo, mientras la mentalidad predominante entre la opinión pública siga siendo la de que la guerra contra las drogas es legítima y necesaria, seguirán imponiéndose los intereses estratégicos de otros países, por encima de los derechos de las víctimas y del pueblo colombiano a la verdad, la justicia y la reparación.

Esto nos lleva al Punto 5, sobre el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición. La desafortunada salida en falso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) frente a la opinión pública - aunque típica, en el marco de la politizada cultura organizacional del sector justicia -, se le suma a los fuertes y constantes ataques mediáticos de la coalición conservadora, para la cual la JEP es un útil caballito de batalla electoral, por cuenta de las emociones de envidia, resentimiento, desconfianza y temor que fácilmente se generan en torno a la idea de "impunidad". Dichos embates conservadores también se perciben en contra, no solo de la Comisión de la Verdad (CEV) y sus miembros, sino además contra los consensos académicos en torno a la verdad histórica, como lo mostró la discusión sobre la Masacre de las Bananeras incitado por la congresista uribista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal; el más estruendoso, aunque no por ello el único, intento de revisionismo histórico que hemos visto y veremos en este álgido proceso de construcción colectiva de "la verdad". Una señal adicional de ello ha sido el furioso ataque contra el juicioso informe de DeJusticia sobre el papel de algunas empresas en el conflicto armado. La reciente exclusión de algunos parapolíticos que solicitaron ser acogidos en la JEP señala que quizás estos embates demagógicos contra la justicia y la verdad transicionales están causando la confusión que buscan propiciar.

Por estas razones, y en este contexto político general, es tremendamente importante que, tanto la JEP como la CEV, incorporen el esclarecimiento del papel del conflicto y de los actores armados en la estructuración del poder político y económico local y regional que existe actualmente en Colombia como criterio esencial de selección y priorización de casos, patrones y procesos a ser examinados, desde sus perspectivas diferenciadas. Ese es el criterio más importante para orientar la selección y priorización que deben hacer hoy por hoy tanto la JEP como la CEV para que la justicia y la verdad que construyan sean efectivamente transicionales; es decir, que contribuyan a producir los cambios, las transformaciones, que permitirían configurar este momento como una verdadera coyuntura crítica de cambio estructural.

Dado este somero análisis - en suma: existe la gran posibilidad de consolidar una coyuntura verdaderamente transicional mediante la implementación del Acuerdo de Paz, pero también existe  la consecuente reacción contraria de una gran coalición conservadora que busca impedir esta transformación fundamental para el futuro del país - es de fundamental importancia, hoy por hoy, (re)activar, despertar al Movimiento Nacional de Paz, todo el conjunto de organizaciones y procesos a nivel local, regional y nacional, para elevar nuestras voces, exigir profundas reflexiones inclusivas y efectivas en torno a las fallas de la implementación del Acuerdo, y concientizar y movilizar a la ciudadanía de la manera más urgente posible en torno a un proyecto de país (en paz, inclusivo, equitativo, sostenible, amable, inteligente...) que va mucho más allá de las agendas políticas de los partidos, pero que puede sucumbir ante el triunfo electoral de algunos de ellos.

Con toda mi admiración y cariño Juana, te envío un gran abrazo. Pablo.