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Por Juan Pablo Pérez B. · 31 de Agosto de 2018

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Desde hace cuatro años, el indígena zenú Luis Alfredo Ruiz camina con una sonda entre las piernas.

Cuenta que, en ese momento e inesperadamente, lo sacaron de la EPS indígena que lo atendía y, como nunca más lo ha visto un médico, su estado de salud por un problema urinario ha empeorado.

La molestia que le causa andar atado a su propia bolsa de orines le impide trabajar su tierra. Vive de la yuca, el maíz y el ñame que su familia puede cultivar. No hay plata para carnes, si acaso menudencias.

La EPS en la que, asegura, lo dejaron de atender sin motivo alguno se llama Manexka y se hizo nacionalmente conocida por pertenecer al indígena parapolítico que está prófugo, Pedro ‘el Indio’ Pestana.

Como Luis Alfredo, otros indígenas de la etnia zenú del Resguardo Mayor Regional del Pueblo Zenú, con sede en Córdoba y Sucre, dicen haber han sufrido las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Pestana y su cacique de bolsillo Éder Espitia.

Aseguran que han sido amenazados, secuestrados e, incluso, algunos asesinados, según denuncias que han hecho ante medios de comunicación y en Fiscalía.

Pese a esta grave situación, los indígenas del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento, uno de los siete cabildos en Córdoba y Sucre que componen el Resguardo Indígena Zenú, persisten en separarse del resguardo, pues argumentan que no invierte en ellos y los tiene en la miseria.

Su independencia, no obstante, parece estar lejos de lograrse.

El Resguardo Pestanista Zenú

San Andrés de Sotavento, en Córdoba, queda a hora y media en carro de la capital Montería.

A quince minutos en moto del casco urbano de este municipio se encuentra la finca El Deseo, una de las 27 fincas que hacen parte del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento y que buscan separarse del Resguardo Zenú, que controla Pedro Pestana.

Pedro ‘el Indio’ Pestana es, como contamos en La Silla, un médico cordobés de la etnia Zenú que, en 1998, creó la EPS indígena Manexka que contó en su momento (fue intervenida por la Superintendencia el año pasado y este año la Corte Constitucional avaló su liquidación) con más de 200 mil afiliados y que le ayudó a construir un fuerte imperio político.

En el 2009, Pestana fue condenado por asociarse con el Bloque Héroes de Montes de María de los paramilitares y pagó su condena en una prisión hecha a su medida al interior del resguardo.

Hoy, debido a una decisión de la Corte constitucional que le ordena a comparecer ante la justicia ordinaria y no ante la indígena como había hecho, está prófugo en su resguardo y sigue administrándolo a su antojo.

A pesar de tener una condena encima, Pestana ha logrado tanto poder político que puso, en 2014, con la quinta votación más alta del Partido Conservador, a su hermana Yamina Pestana en el Senado y, en 2015, a su otra hermana Ana Luisa en la Asamblea de Sucre.

También, controla la Alcaldía de Tuchín, con Noris Hernández, y la Secretaría Administrativa de la Gobernación Sucre, en manos de Acela Calderín.

Aunque, tras la intervención de Manexka, su influencia a nivel nacional disminuyó (su candidato al Senado, Carlos Gómez Espitia de Cambio Radical, se quemó con 51 mil votos en las pasadas elecciones), su poder en el resguardo sigue intacto.

El control sobre el Resguardo Zenú lo ejerce a través de su cacique regional, Éder Espitia, quien es el responsable de administrar los recursos que gira el Estado y a quien todos en la región lo ven como la mano derecha de Pedro Pestana.

La plata que le llega al resguardo la gira la Nación y proviene principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP) y, por ende, debe ser destinada a salud, educación, agua y saneamiento básico. En menor medida, el resguardo recibe plata a través de otras entidades del Estado, como el Icbf, que contratan con ellos para prestar sus servicios de atención.

Sólo el año pasado, el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, la persona jurídica del resguardo, recibió 4.138 millones de pesos por SGP.

En teoría, estos recursos deben ser invertidos en lo que la comunidad indígena, a través de sus capitanes (cada una de las fincas del resguardo tienen un capitán), propongan en las asambleas.

Sin embargo, como nos contaron los indígenas del Cabildo de San Andrés, esto ya no sucede así, pues Espitia ya no los invita a las asambleas. A los demás capitanes los controla con billete  y los hace firmar las páginas en donde se afirma que se han discutido y hecho los proyectos.

Es por medio del control de los capitanes de las fincas (ellos son los que votan para elegir al Cacique Regional) como Espitia y Pestana han logrado dominar el Resguardo desde hace ocho años.

En la finca El Deseo, de más de 40 hectáreas, vive Nando Castillo y su familia a quienes, de esas 40 hectáreas, les corresponde aproximadamente media hectárea. Recuperó esta tierra hace 18 años y desde ese momento la vive y la cultiva.

El resguardo de los zenú se compone de lo que los nativos de la zona llaman ‘tierras recuperadas’.

Reciben este nombre porque hacen parte de las 83 mil hectáreas que en 1773 la Corona española les entregó a los zenú y que, a finales de los 70, líderes indígenas como José Guillermo Carmona empezaron a volver a ocupar. Fue una lucha de casi ocho años con los terratenientes que se habían apropiado de sus tierras ancestrales.

En 1986, el extinto Incora (hoy Agencia Nacional de Tierras) les devolvió sólo 10 mil de las 83 mil hectáreas que les pertenecían.

Esto explica el hecho de que los territorios del resguardo estén separados entre sí (corresponden sólo a las tierras que el Incora y los indígenas pudieron adquirir de los terratenientes) y lleven el nombre de tierras recuperadas.

Frente a la puerta de su casa, en su pedazo de tierra recuperada, Castillo denuncia que, pese a que en las funciones del resguardo está invertir en las fincas para promover su desarrollo, nunca ha recibido un peso.

“Acá no llega nada, sólo lo que sale de la mano de uno”, cuenta con la sonrisa que provocan 18 años de resignación.

Su casa está hecha de un techo de palma sostenido por varetas de madera pegadas con barro y caña flecha, el producto típico de la región de donde hacen los famosos sombreros vueltiaos.

A su alrededor no hay cultivos que denoten inversión agraria, sólo hay maleza. Es lo único que puede verse desde la pequeña loma en la que está ubicada su casa. Maleza es lo que comen un burro, su cría y un cerdo que le pertenecen.

La culpa de que a su finca, y al resto del Cabildo de San Andrés de Sotavento, no lleguen inversiones es, según él y otros más de quince indígenas con los que hablamos, del Cacique Éder Espitia y su jefe político Pedro Pestana.

“A esto lo deberían llamar Resguardo Pestanista y no Resguardo del Pueblo Zenú”, comenta Rodrigo José Hernández un indígena que vive en la finca California, otra de las que también se opone al imperio Pestana.

A esta finca, al igual que la de El Deseo, también la cubre una extensa sábana de maleza.

Hernández agrega que, aunque a Pestana le cortaron una de sus fuentes de ingresos (la EPS Manexka), le queda el “otro chorro”: la plata que recibe el resguardo de la Nación, ya sea a través de diferentes entidades del Estado o a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Desde el 2016, el Resguardo Indígena Zenú recibe, a través del SGP, recursos del Estado para salud, educación, agua y saneamiento básico directamente sin tener que pasarlos primero por los entes territoriales.

Esto se debe a que en octubre de 2014 el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1953 que le daba a los Territorios Indígenas la capacidad de acceder a plata del SGP y ejecutarla según las necesidades que la comunidad expusiera.

Como contamos en ese momento en La Silla Vacía, este decreto era uno de los mayores intereses nacionales de los Pestana y, aunque su estructuración venía desde enero de ese año, se firmó en octubre luego de que Santos fuera reelegido con el apoyo de los Pestana.

Refugiados del sol de mediodía en un kiosko de palma, una veintena de niños zenú juega con las gallinas que huyen de su alcance. Este es el espacio que una de las escuelas del resguardo, llamada Institución Educativa Plaza Bonita, dedica a la cafetería; aunque solo pueda llamarse así los últimos cuatro meses del año cuando, en efecto, las cocineras tienen con qué hacer su trabajo. De enero a agosto, no les llega comida para darles a los niños.

Aunque la plata para sostener a estos colegios viene del municipio de San Andrés, son los rectores los que la administran y priorizan las inversiones. Estos rectores son nombrados por el Resguardo Zenú y a esto le atribuyen los indígenes del Cabildo de San Andrés su deplorable estado.

“Atendemos 124 niños en dos jornadas. La mayoría de ellos llega acá sin desayunar y muchas veces lo que les damos es su único alimento”, cuenta una de las cocineras que nos pidió no revelar su nombre por su seguridad.

Su otra compañera en la cocina agrega que el estado de la escuela es tal que la semana pasada una niña tuvo una infección urinaria por sentarse en inodoros llenos de tierra en donde también entran las gallinas.

La mala hora de los niños zenú llenó titulares en medios nacionales, la semana pasada, cuando 69 niños se intoxicaron luego de comer un alimento en mal estado en los Hogares Comunitarios de Bienestar.  Ocurrió en once comunidades ubicadas en el Resguardo Zenú en los límites del municipio de San Andrés de Sotavento.

Aunque estos hogares pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el que los opera es el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú que maneja Pedro Pestana en el cuerpo de Éder Espitia.

A través del Icbf, como revelamos en La Silla Caribe, el Cabildo recibió, en 2016 y 2017, 31 mil millones de pesos.

“Éder Espitia allá con su caserón y uno fregao, acá, sin tener qué darle de comer a los niños”, dice una de las cocineras referenciando la mansión que tiene Espitia en Tuchín y que mostró Noticias Uno.

Cruzando la carretera que recorre el frente de la escuela Plaza Bonita, hay un letrero que anuncia la entrega de una obra de microacueductos, pozos y represas en algunas zonas del resguardo indígena. Al lado, en la finca California, Rodrigo Hernández denuncia que uno de los pozos que indica ese contrato, el que construyeron junto a su tierra, nunca ha servido.

Buscamos este contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y no está montado.

“Acá se habla de un montón de proyectos que se quedan en el papel y nunca llegan a la tierra. Dicen que han invertido en las fincas, pero acá sólo hay maleza. Tenemos sólo lo que podemos hacer con nuestros pulmones”, agrega.

Esta sensación de incumplimiento y abandono ha hecho que, desde hace siete años, cuando empezó el reino de los Pestana, el Cabildo Mayor de San Andrés busque separarse del resguardo.

La lucha que, desde hace siete años, emprenden los indígenas del Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento para separarse es, justamente, para que les lleguen parte de estos multimillonarios recursos que, bajo el imperio de los Pestana, cuentan no estar recibiendo.

La rebelión contra la miseria

Su objetivo, y la razón por la cual han hablado con las principales entidades del Gobierno que tienen jurisdicción sobre el tema (Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación), es que los saquen del resguardo y que los recursos les lleguen a través de la Alcaldía de San Andrés, como era antes del Decreto 1953.

Quieren que la comunidad vuelva a presentar proyectos que sean escuchados por la Administración y que esta última les gire los recursos para invertirlos.

Para ello, han mandado cartas y se han reunido con delegados del Gobierno, incluso han ido hasta Bogotá.

Por ejemplo, en marzo de este año enviaron una carta al DNP en donde denuncian que el Cacique, Éder Espitia, “viene incurriendo en una serie de anomalías” en la inversión de recursos por SGP y afirman que sus “comunidades no han sido convocadas, no han participado en la aprobación de los proyectos y mucho menos del presupuesto que fue radicado en DNP”, como dice la norma.

También han solicitado la ayuda de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior para que los acompañe en sus denuncias.

El pasado 3 de agosto, se reunieron con delegados del Ministerio del Interior, las gobernaciones de Sucre y Cordoba y la Defensoria del Pueblo Regional y Delegada para Indigenas para definir una ruta de trabajo para abordar este tema.

Sin embargo, hasta el día de hoy nada ha pasado. Las denuncias que el Cacique del Cabildo de San Andrés, Miguel Olmos, dice haber puesto en todos los órganos de control se han quedado en testimonios y no en acciones.

Aun así, todavía sigue en la lucha por separarse del resguardo que controlan los Pestana, y esto le ha salido caro.

Cuenta que el 27 de diciembre del 2013 a las 10 de la mañana, al llegar al mercado del pueblo, unos hombres lo agarraron y se lo llevaron a una finca ubicada al norte del departamento. Duró allí tres días hasta que lo liberaron luego las movilizaciones que hicieron los indígenas en San Andrés.

Asegura que ha puesto denuncias en la Fiscalía, pero, hasta hoy, nada ha pasado.

Los demás líderes del Cabildo afirman que, aunque no han sido secuestrados, sí han sido amenazados e incluso golpeados por la Guardia Indígena.

Para los Pestana, el costo de la separación de parte del Cabildo más grande de los siete que componen el resguardo sería alto, pues los recursos que reciben los resguardos a través de SGP dependen directamente de su población.

Así que si se independizan los cerca de nueve mil indígenas que, de acuerdo a los cálculos del Cabildo, quieren separarse, perderían un aproximado de 250 millones de pesos por SGP, sumado a lo que podría llegarle por otras entidades y al fortín electoral que tienen en esa zona.

Intentamos comunicarnos por teléfono, Whatsapp y Twitter con el Resguardo Indígena Zenú, con su cacique Regional, Éder Espitia, y con Yamina Pestana para conocer su versión de la historia y, hasta el momento en que se publicó esta historia, no recibimos respuesta.

Hablamos con tres funcionarios del Gobierno que conocen este caso y nos contaron, por separado, que, por ahora, no es posible acceder a la petición de los indígenas de separse del Cabildo de San Andrés.

La razón es que, además de ser un asunto complejo que involucra a varias entidades (Agencia Nacional de Tierras, Dane, DNP y los Ministerios de Interior y Hacienda), el proceso para descertificar a un resguardo (es decir, quitarle la certificación de resguardo indígena a San Andrés para que deje de recibir recursos de SGP y vuelva a recibir a través de la Alcaldía) no está reglamentado. Esto se debe, según los funcionarios, a que el Decreto 1953 es muy reciente y ese proceso no ha sido estipulado.

Sin embargo, en el Ministerio del Interior nos contaron que van a seguir acompañando el caso y, de hecho, ya cuadraron un cronograma con las diferentes partes “para llevar a cabo unas asambleas en cada uno de los predios al interior del resguardo con el fin de definir quiénes serían sus representantes para las discusiones en materia de SGP que se desarrollarán en lo que queda del año” con otras entidades del Estado.

El DNP, por otro lado, nos contó que en los próximos meses irán a la región a hacer un monitoreo de cómo se han invertido los recursos de SGP.

Por lo pronto, la vida en San Andrés mantendrá su curso.

La maleza seguirá cubriendo las tierras recuperadas, los niños seguirán sin almuerzo ocho meses al año y Éder Espitia continuará viviendo en su mansión de varios pisos, mientras los zenú de San Andrés seguirán viviendo en casas hechas de madera, barro y caña flecha.

 

Nota del editor: Luego de publicada esta historia, se comunicó con nosotros el Cacique Éder Espitia, a quien habíamos buscado durante dos días para obtener su versión antes de publicar. Negó ser el culpable de la miseria en la que viven los indígenas del resguardo argumentando que él solo administra los recursos desde hace dos años y la crisis del resguardo lleva mucho más tiempo (lo cual es cierto parcialmente, pues, aunque desde hace dos años el resguardo recibe recursos de la Nación directamente, antes recibía de los entes territoriales y él era encargado de administrarlos). También negó ser la mano derecha de Pedro Pestana y de que éste dirigiera el resguardo. Sin embargo, al tiempo defendió a Pestana, de quien nos aseguró que supuestamente “no está  prófugo, sino que ya pagó su pena en el resguardo”. Una versión contraria a la de la Corte Constitucional que negó que con el tiempo que pasó en Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” hubiese pagado su condena de seis años y argumentó que debía pagarla en una cárcel ordinaria.

Comentarios (3)

walter

31 de Agosto

0 Seguidores

Algo acá no cuadra.

si son 7 cabildos los que componen el resguard...+ ver más

Algo acá no cuadra.

si son 7 cabildos los que componen el resguardo, y este que se quiere separar es el más grande con aproximadamente 9000 indígenas, por que apenas reducirían la entrada de recursos en 250 mill si el año pasado recibió 4138 mill suponiendo que todos los cabildos que la componen tuvieran la misma cantidad de indígenas la disminución seria de 591 mill...

Juan Pablo Pérez B.

31 de Agosto

133 Seguidores

Hola Walter. Gracias por comentar. Como dice la historia, no es todo el Cabild...+ ver más

Hola Walter. Gracias por comentar. Como dice la historia, no es todo el Cabildo el que se quiere separar son 27 fincas en las que viven apróximademente, según cálculos de los propios líderes, 9 mil personas. Como también dice la historia, la plata del SGP se calcula por el número de población no por el número de cabildos. Lo que hicimos fue sacar cuánto perderían por estas 9 mil personas.

walter

31 de Agosto

0 Seguidores

segundo

el presupuesto para el resguardo con el calculo anterior e...+ ver más

segundo

el presupuesto para el resguardo con el calculo anterior es de 5472 pesos por persona al mes, sin defender a los que se las estan robando, pero eso realmente para que alcanza suponiendo que el resguardo es de 63.000 personas, cuanto se demorarían invertir en todas las fincas en las que los indígenas que están haciendo bulla quieren que les metan parte de la plata.

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